miércoles, 13 de agosto de 2014

Lo que el caso Campagnoli dice de nuestra democracia

A LAS PUERTAS DEL SEGUNDO JUICIO
El juicio contra el fiscal José María Campagnoli podría reiniciarse en los próximos días, pero los riesgos de que el proceso se vuelva a empantanar no son menores. Debajo de la espuma quedan expuestas múltiples falencias del sistema institucional argentino. Internas por doquier, doble estándar del Gobierno, acusaciones malogradas por mala praxis, una Justicia fóbica a investigarse a sí misma y una oposición que exhibe más vocación por el relato mediático que por el poder.

Por: Luciana Bertoia
Publicada en el suplemento Viernes de Ámbito Financiero




La suerte estaba echada. José María Campagnoli iba a ser destituido inexorablemente de su puesto como fiscal. No hace falta siquiera acudir al archivo o al eficaz Google. Sólo con la memoria alcanza para recordar que unos cuantos dirigentes políticos, representantes de abogados y periodistas habían escrito la crónica de la muerte anunciada de Campagnoli en tanto funcionario del Ministerio Público. La aseveración, expresada sin margen para la duda, indicaba que el titular de la Fiscalía del barrio porteño de Saavedra pagaría un alto costo por haberse atrevido a investigar una supuesta trama de corrupción que involucraba al empresario amigo de la familia Kirchner Lázaro Báez.

Lejos de haberse cumplido tal profecía, lo que terminó saliendo a la luz fue un proceso con severas falencias en su desarrollo, errores e incoherencias de ambas partes, cruces políticos y un conjunto de proclamas enarboladas a los cuatro vientos mediáticos con el indisimulado fin de transformar la realidad en un juego de héroes y villanos.

Amenazas, aprietes, manifestaciones, show y una renuncia se combinaron explosivamente para hacer naufragar el proceso contra el titular de la fiscalía descentralizada de Saavedra. Tras ese fracaso, si bien la intención del tribunal de juzgamiento es realizar un segundo proceso, las posibilidades de que éste vuelva a hacer agua son muchas. Los argumentos de las partes se pondrán sobre la mesa el próximo martes, cuando Campagnoli y los representantes de la procuradora Alejandra Gils Carbó -que lo acusan de mal desempeño y de haber interferido con una investigación que tramitaba en los tribunales federales contra Báez- se vean las caras nuevamente, en presencia de un jury con un nuevo integrante.



Desde y hacia los medios

En 2013, el periodista insignia del Grupo Clarín, Jorge Lanata, abrió el año de su programa Periodismo Para Todos (PPT) -domingos a las 22 por Canal 13- con un plato fuerte: dos jóvenes "financistas" que, en apariencia, confesaban el mecanismo para fugar dinero del país en beneficio del dueño de Austral Construcciones, uno de los empresarios más ligados a la obra pública en Santa Cruz, origen político de los Kirchner.

Lo que siguió a la denuncia de PPT fue el desfile de los dos testimoniantes por muchos programas negando la información que había sido presentada bajo una combinación de entrevistas y extrañas cámaras ocultas. Uno de ellos, Leonardo Fariña, se jactaba de haberle mentido al exdirector de Página/12 y Crítica. "A Lanata le di ficción", dijo la expareja de Karina Jelinek en el programa de chimentos Intrusos que conduce Jorge Rial por el canal América, de Daniel Vila.

En mayo pasado, semanas antes de que se iniciara el jury de enjuiciamiento en su contra, Campagnoli repasó su caso ante el diario Buenos Aires Herald. Allí reconstruyó cómo se metió de lleno en la causa. En la misma noche del 14 de abril de 2013, mientras se emitía PPT, Campagnoli tomó el teléfono y marcó el número de su secretario. "¿Viste esto? Mañana van a hacer cola los fiscales federales para presentar una denuncia", recordó que le dijo. Sin embargo, explicó que su predicción no se cumplió y ante lo que denuncia como apatía de sus colegas federales, él presentó su propia denuncia.

Sin embargo, desde la Procuración General se le achaca haber transformado el objeto procesal de una investigación que tenía en sus manos para poder intervenir en una causa que estaba fuera de su órbita. Revolviendo en su fiscalía, Campagnoli encontró una causa en la que estaban involucrados los directivos de la financiera SGI que dirigía uno de los confesores ante las cámaras de Lanata, Federico Elaskar, a quien se lo acusaba de extorsión.

Después del programa PPT, en el que se veía a un Elaskar entre temerario y asustado, el joven pasó de sospechoso de extorsión a víctima de ella. Pero lo que más sorprendió a la procuradora Gils Carbó y al consejo evaluador que en diciembre pasado decidió la suspensión de Campagnoli para que se sometiera a un jury fue el hecho de que Elaskar nunca fuera llamado a declarar en sede judicial. Al Campagnoli le alcanzó lo que había escuchado por TV y con ello activó la investigación. En paralelo, bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, existía una causa por lavado de dinero contra Báez, por lo que los expedientes con los nuevos testimonios terminaron en Comodoro Py. El lavado de dinero es un delito que tramita en la Justicia Federal, por lo que la dilucidación de la jurisdicción no mereció mayores debates en tribunales.

Aunque el joven Elaskar no había sido citado por Campagnoli, sí había tenido que trasladarse a la fiscalía de Saavedra el periodista Lanata, tal como éste relató ante el tribunal de enjuiciamiento el 17 de junio pasado cuando compareció como testigo de parte solicitado por el acusado.



Show

La audiencia de ese día estaba convocada para las 11. Media hora más tarde, los siete integrantes del tribunal ocuparon sus butacas y el presidente se quejó por las demoras. "Que pasé el primer testigo", dijo con tono imperativo. Cinco minutos más tarde apareció Lanata; con saco de terciopelo azul, preguntó: "¿Y ahora qué hago?". Le indicaron que ocupara el banquillo de los testigos y empezó a relatar cómo surgió la investigación que entrelazó los destinos de su programa y del titular de la fiscalía de Saavedra.

"Todo esto empezó con la figura de Leo Fariña. Había versiones de que podía ser el hijo natural de Néstor Kirchner. La investigación llevó un año y medio", dijo Lanata mirando al exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien oficia de abogado defensor de Campagnoli.

"Nos interesaba el rol de Fariña y su relación con alguien a quien caracterizaban como un millonario del sur", agregó el periodista. Especificó que fue la intromisión del supuesto financista -hoy detenido en una causa que tramita ante un juzgado de La Plata por evasión impositiva- en el mundo de la farándula lo que terminó de disparar el interés. "Nos decidió el hecho de que el GEOF le custodió el casamiento" con Jelinek, en abril de 2011.

Según Lanata, él fue quien abordó a Fariña y otro cronista quien se ocupó de contactar a Elaskar, a quien retrataron como un muchacho depresivo que les generaba preocupación porque les había contado del suicidio de su padre tiempo atrás. Elaskar pedía que no pasaran la investigación al aire. Ese pedido generaba dudas entre el equipo periodístico de PPT, hasta que un día Lanata saldó la discusión con un juego de preguntas y respuestas en una reunión del equipo de producción. "¿Qué somos nosotros? Periodistas. ¿Qué son ellos? Chorros. Saquémoslo al aire", reconstruyó.

Los fiscales le preguntaron en esa ocasión si conocía a Campagnoli de antemano pero Lanata lo negó. "Los periodistas cubrimos los tribunales federales. Nadie cubre Saavedra", deslizó. Después se exhibió un video del noticiero Telenoche, de Canal 13, en el que el mismo Lanata anunciaba que Campagnoli iba a pedir la indagatoria a Báez antes de que ese trámite estuviera formalizado en el expediente. El fiscal Adolfo Villate detonó la ira del conductor televisivo cuando preguntó al testigo: "¿Usted chequeó y recontra-chequeó esto antes de sacarlo al aire?". El acusador aludió así a una muletilla del periodista y dejó la pelota picando para una respuesta relámpago: "¿Qué se siente defender a Lázaro Báez?". Show.

En la emisión del domingo siguiente, Lanata inició el programa con un perfil de cada uno de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento que tenía que definir el futuro de Campagnoli. A los fiscales también les tocó lo suyo. A Marcelo García Berro lo vinculó con el caso de "el loco de la ruta" que a fines de los noventa mató a varias meretrices en la ciudad de Mar del Plata. A Villate, por su parte, lo sindicó como integrante del Movimiento Evita, la organización kirchnerista que tiene como principales referentes a nivel nacional a Emilio Pérsico y al excanciller Jorge Taiana.

Semanas después, con Campagnoli ya restituido en su puesto a la espera de un nuevo juicio, Lanata y Campagnoli se reencontraron en el programa de Canal 13. Lanata anticipó su satisfacción por tener que volver a declarar si se sustancia otro proceso: "Qué bueno porque ahora tengo más ganas que antes de verles las caras a los del tribunal. Ahora sé quién es cada uno".



Amenazas

Hay quienes no se atreven a decir qué fue lo que volcó el cubilete que terminó haciendo caer el proceso contra Campagnoli. ¿Fue el rol que jugaron los medios o las amenazas de las que fueron objeto los jurados o los miembros de la fiscalía?

El 24 de junio estaba previsto que se escucharan los alegatos finales, última instancia antes del veredicto. Ese día se conoció la noticia de que María Cristina Martínez Córdoba había pedido licencia por un pico de estrés. Su licencia puso en stand-by el proceso.

Dos días antes, medios que hasta entonces venían sosteniendo la tesis de la farsa divulgaron que el voto dudoso de Martínez Córdoba era el que iba a decidir la suerte del Campagnoli. Según el texto, había dos bloques delimitados. Por un lado, Ernesto Kreplak (representante del Poder Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (del Senado) y Daniel Adler (de la Procuración), quienes supuestamente se inclinaban por la remoción del fiscal. En la otra vereda, se paraban los representantes de las organizaciones de abogados Javier Panero y Adriana Donato, y el enviado de la Corte Suprema, el exfuncionario de Fernando de la Rúa y militante radical Juan Octavio Gauna. Martínez Córdoba, delegada de la Defensoría, que había votado por enviar a Campagnoli a juicio, era el supuesto voto en duda. Hasta entonces, según el propio Campagnoli y sus aliados, su suerte estaba echada, pero las dudas de Martínez Córdoba abrían un interrogante.

El estrés de la integrante del jury se extendió más allá de lo que permitían los plazos procesales. Sobrevino entonces un cruce de explicaciones. Los sectores menos afines a Campagnoli señalaban que Martínez Córdoba había sido blanco de amenazas para beneficiar al fiscal de Saavedra. "Una persona muy católica a la que le generaba una gran conmoción recibir insultos que decían que se iba a ir al infierno", le comentó una fuente del tribunal a este diario. El bullying, por cierto, es comprobable en Twitter.

Otra fuente sostuvo que a Martínez Córdoba le terminó de dar un estresazo luego de leer la columna publicada por Lanata el 21 de junio en Clarín, en la que el autor se refería a ella como una persona con escasa experiencia en la defensoría de menores y que había ascendido de manera, al menos, dudosa.

Otros explicaron que Martínez Córdoba estaba en el medio de una interna de Justicia Legítima, la organización que propicia una amplia reforma judicial y que está integrada por la titular de la Procuración, Gils Carbó, y por la de la Defensoría, Stella Maris Martínez. "Tienen estilos distintos pero no hay ninguna disputa interna", sostuvieron fuentes cercanas a la jefa de los fiscales. En tren de especulaciones, en Tribunales otros arriesgan que la defensora estaba siendo presionada por su jefa para votar en contra de Campagnoli. Cultora de bajo perfil extremo, Martínez Córdoba renunció sin dar mayores precisiones y así selló la suerte del jury contra Campagnoli. De acuerdo al Código Procesal Penal, ningún procedimiento oral puede estar detenido por más de diez días corridos. Si así fuere, el juicio se tiene que dar por caído y debe comenzar otro.

Pese a los cambios en el tribunal, hubo algo que permaneció estable: las amenazas. El fiscal Villate tuvo, al menos, dos episodios. Su esposa atendió una comunicación en Rosario en la que una voz masculina amenazaba con matar al fiscal. Pocos días después, su casa de Rosario amaneció con pintadas en la fachada. Algo similar sucedió con el fiscal Adler, que ejerció como presidente del primer jury. Al tiempo que su dirección apareció publicada en las redes sociales, las calles de Mar del Plata, su ciudad, apareció empapelada con volantes que lo catalogaban como "el verdugo de Campagnoli". Los mismos volantes se repartieron en la escuela a la que asiste su hija adolescente, lo que motivó una condena unánime del Concejo Deliberante marplatense, lo que incluye a ediles de partidos que respaldan a Campagnoli por las pantallas de TV.

"No nos imaginábamos que las amenazas iban a jugar este rol. Lo vimos con la renuncia de Martínez Córdoba", le dijo Villate a Viernes. "Las amenazas resultaron ser funcionales a Campagnoli, aunque no digo que él esté detrás", completó.

Por su parte, Ignacio Irigaray, que acompaña a Gil Lavedra en la defensa del fiscal ahora repuesto, lamentó tener que hablar de las amenazas frente a un proceso que para él estuvo viciado desde un principio. Si bien la defensa de Campagnoli repudio los "aprietes" a Adler y a Villate, remarcó que la silenciosa Martínez Córdoba no hizo denuncia alguna.

"El juicio se frustró por una responsabilidad de la defensora Martínez Córdoba y de la defensora general que le aceptó la renuncia e inmediatamente sorteó a (Nicolás) Toselli para reemplazarla. El sorteo no se publicó. Fue muy sospechoso", agregó Irigaray.

Desde la acusación contra Campagnoli, también hay encono con Martínez Córdoba. "Hay que estar a la altura de las circunstancias en estos juicios", dijeron.

Las amenazas fueron más allá de las paredes y Twitter. La fiscal que subrogó la fiscalía de Campagnoli en Saavedra, la exsecretaria de Seguridad Cristina Caamaño, de un remoto origen radical pero que atesora una foto con Fidel Castro, hizo una denuncia por las intimidaciones recibidas ante la fiscal contravencional Daniela Dupuy, quien supuestamente habría pedido la intervención de una agencia de Estados Unidos para investigar a los usuarios de la red social que amenazaban a Caamaño. El asunto, también, terminó en escándalo a principios de este mes, cuando empleados leales a Campagnoli denunciaron que los había estado investigando un organismo de Washington.



Suplentes

El tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público está conformado por siete representantes de distintos sectores. Todos ellos tienen un suplente. La renunciante Martínez Córdoba tenía como reemplazante original al defensor Leonardo Miño, pero como no había presenciado todas las audiencias, fue objetado. Ante la necesidad de conformar un nuevo tribunal, la Defensoría designó a Toselli como su representante, lo que abrió una disputa sobre quién debía ocupar la silla vacía.

Villate y García Berro también impugnaron a Miño por ser uno de los directivos de la Asociación de Magistrados, la tradicional agrupación de funcionarios judiciales, que en diciembre se había opuesto en duros términos a la suspensión de Campagnoli. Para ellos, su voto ya estaba cantado. Y cantó.

El 17 de julio, Miño aportó él mismo el voto decisivo para designarse reemplazante de la jueza estresada y minutos después hizo lo propio para decidir la reincorporación de Campagnoli en su fiscalía a la espera del nuevo proceso. Toselli, representantes de la fiscalía y quienes lo impugnaron abrieron los ojos cuando vieron a Miño votar a favor de su propia incorporación.

Las horas corren y el nuevo juicio es inminente. El ambiente imperante, los vicios de uno y otro lado, siguen ahí. ¿Qué debería ser tenido en cuenta para evitar que el proceso, cuyo inicio se decidiría el 5 de agosto, fracase nuevamente?

"El reglamento no exige convocar a los suplentes pero, ante un juicio de tanta trascendencia, el presidente Adler debería haberlo hecho para jerarquizarlo", sostuvo Irigaray. "A futuro se tendría que discutir la posibilidad de que el jury de los fiscales funcione como el de los jueces que se maneja con quórum. En tal caso, puede ser que un consejero se siente a discutir sobre el futuro de un juez sin haber ido a ninguna reunión", propuso Villate.

Fuentes del tribunal le dijeron a Viernes que se estaba analizando la posibilidad de citar a todos los reemplazantes para la totalidad de las audiencias para evitar un nuevo fracaso. El plazo máximo para resolver la situación de Campagnoli finaliza en octubre. Si ello no ocurre, el acusado conservaría el cargo. Fuentes de la Procuración informaron a este diario que, en paralelo a la acusación por su intervención en la causa Báez, tramitan otras denuncias contra Campagnoli, quien supo ser uno de los "centauros" que dirigía el mediático exfiscal de Cámara Norberto Quantín, un hombre de perfil conservador y exsecretario de Seguridad de Néstor Kirchner.

Una vez que Campagnoli (quien ocupó un cargo en Seguridad en tiempos de Quantín) fue suspendido, en sus computadoras de Saavedra fue encontrado un registro con 6500 fotografías que corresponden a 1500 habitantes del Barrio Mitre, una de las zonas más críticas de Saavedra, un barrio de clase media arquetípico. El sumario se centra en la existencia de fotografías de menores de edad, incluido un bebé, además de la estigmatización de todo un barrio. Por otro lado, se sustancia una denuncia por maltrato laboral contra tres mujeres y un hombre que trabajaban en su despacho. De acuerdo con la misma fuente, las trabajadoras habrían sido hostigadas por haberse casado o relacionado con hombres separados, lo que, según afirman, entraría en contradicción con los principios conservadores del fiscal. No se sabe si estas sospechas se transformarán en nuevas denuncias, mientras que los defensores del fiscal de Saavedra apuntan a lograr la suspensión del nuevo proceso.

Nuevas incertezas que se suman a un proceso intrincado, en el que las chicanas fueron llevadas al paroxismo. El barro político, siempre presente en la Justicia, parece enseñoreado en el caso. Al tiempo que el gobierno arremete contra un fiscal con un currículum al menos desprolijo, otros magistrados con sospechas más graves siguen en el cargo, a veces, por acuerdos que cruzan todo el arco político y los conservadores estamentos judiciales. Al mismo tiempo, las taras de la Justicia, las dificultades para investigarse a sí misma, quedan expuestas una vez más en un caso que, en definitiva, a pesar de sus aristas mediáticas, bien podría ser tildado como menor.

@LucianaBertoia

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