domingo, 23 de octubre de 2011

Empezaron a juzgar los crímenes cometidos en el Hospital Posadas

Año 4. Edición número 179. Domingo 23 de octubre de 2011
El Posadas. Fue inaugurado en la segunda presidencia de Perón. Durante la dictadura fue intervenido.

Otras notas

La última dictadura sembró muerte donde había vida. El Policlínico Alejandro Posadas no fue ajeno: sufrió una intervención militar y, tiempo después, empezó a funcionar dentro de su predio un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como El Chalet, por el que pasaron trabajadores del hospital y vecinos del barrio Carlos Gardel, de Haedo Norte. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOF) 2 comenzó este jueves a juzgar esos crímenes. En el banquillo de los acusados estarán sentados los próximos dos meses el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex brigadier Hipólito Mariani y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos, por la privación ilegal de la libertad de 22 personas y la aplicación de tormentos a seis de ellos.
El Hospital Posadas empezó a construirse durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón por iniciativa de la Fundación Eva Perón y del ministro de Salud, Ramón Carrillo. Estaba pensado como una institución dedicada para tratar afecciones pulmonares y, especialmente, los casos de tuberculosis. En 1957, durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, se lo denominó Instituto Nacional de la Salud y su actividad quedó centrada en la investigación. “En esa época no se atendían pacientes, se atendían casos”, recuerda Gladys Cuervo, que trabajó desde el ’58 hasta el ’66 en el Posadas y se reintegró en 1973, cuando ya soplaban otros aires.
En 1972 se inauguró el Policlínico y se produjo una incorporación masiva de profesionales y trabajadores jóvenes que pasaban la mayor parte de sus días dentro de la institución. El entonces director, Carlos Ferreyra, era visto como un exponente de la dictadura lanussista. “Había un contexto autoritario, el manejo de los fondos no era adecuado. Eso incidió para que nos organizáramos”, cuenta la trabajadora social Cristina Pflüger. El 14 de junio de 1973, los trabajadores decidieron la toma del hospital y, en asamblea, eligieron a las nuevas autoridades. Los candados que durante años separaron al hospital del barrio humilde que lo rodeaba empezaron a romperse. Las puertas se abrieron y los vecinos empezaron a llegar a atenderse. Pflüger evoca la imagen del director elegido por los trabajadores, Julio Rodríguez Otero: “Se reunía en su despacho con los referentes del barrio Carlos Gardel. Allí se sentaban durante horas y hablaban de las necesidades del barrio y de cómo el hospital podía colaborar para resolverlas”.
La primavera duró poco. En 1974, irrumpió con una guardia armada el médico Arturo Pimentel y se hizo cargo de la dirección. El proyecto de un hospital abierto y no elitista se fue desvaneciendo en el aire, mientras comenzaban a sobrevolar los nubarrones de la Triple A.
La dictadura en el Posadas. El 28 de marzo de 1976 amaneció como una película de guerra para los trabajadores del Posadas. Aviones, tanques, celulares y soldados tiñeron el paisaje de verde oliva. La ocupación fue comandada por el general Bignone, por entonces delegado de la Junta Militar en el Ministerio de Bienestar Social. Como un ejército invasor, los militares tomaron todos los puestos de ingreso al policlínico. Las listas negras cambiaban a cada hora. Había gente que lograba sortear el primer retén pero después era detenida en el interior del hospital. Cerca de medio centenar de trabajadores fueron detenidos, cargados en camiones celulares sin identificación y llevados con destino incierto. Tiempo después, fueron legalizados pero debieron pasar meses en las cárceles de la dictadura.
Con la intervención de Bignone, se hizo cargo de la dirección el coronel médico Agatino Di Benedetto, que después siguió su carrera como director del Hospital Militar de Campo de Mayo. Di Benedetto no será parte en este juicio porque fue declarado insano. El 14 de abril del ’76, el coronel médico Julio Esteves lo reemplazó en la dirección. Los dos dispusieron cientos de despidos e inocularon el terror dentro de los pasillos del hospital. Justificándose en supuestos hechos de inseguridad, Esteves pidió en mayo la designación de una guardia de seguridad interna. Así llego a mediados de julio de ese año un grupo de diez hombres a los que los empleados bautizaron como “los Swat”, haciendo alusión a la serie estadounidense sobre un grupo policial de élite entrenado para resolver emergencias. Los trabajadores empezaron a convivir con los abusos de esta patota, que irrumpía en los servicios buscando supuestas armas e imponía vejatorias requisas a los empleados y a los propios pacientes.
Cerca de noviembre de ese año, la casa del director interino se convirtió en un centro clandestino de detención: El Chalet. Gladys Cuervo es una de las pocas sobrevivientes de ese horror. Era enfermera de Traumatología y antes del golpe militaba en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En la mañana del 25 de noviembre del ’76 recibió una llamada de la dirección. Se apuró. Cuando estaba en la puerta, Juan Copteleza, uno de “los Swat”, la encañonó. Encapuchada fue llevada hasta otra sala del hospital. Ahí empezaron los tormentos. “Mirá que esto es la aceituna del vermouth. Lo bueno viene después”, le dijo con cinismo Copteleza, que falleció este año.
Cerca de las seis de la tarde, los parapoliciales la envolvieron en una manta y la sacaron del hospital. Dieron unas vueltas por el barrio para despistarla y después la llevaron a El Chalet. Las vejaciones, los golpes y el “submarino” duraron varios días. “Yo podría haberme muerto 20 veces por la forma en que me torturaron”, dijo a Miradas al Sur Cuervo, que pasó varios días tabicada, maniatada y encerrada en un placard de El Chalet. Durante su reclusión, la mujer fue “careada” con los médicos Jaqueline Romano, quien después fue liberada, y Jorge Roitman, que sigue desaparecido. Los represores también le nombraron a otros de sus compañeros, pero no pudo verlos.
Cuervo recuerda las visitas de hombres de la Fuerza Aérea, arma que coordinaba la represión en la zona oeste del conurbano. Fueron ellos los que en diciembre de 1976 la sacaron de El Chalet y la llevaron a una casa ubicada en el predio de la Brigada Aérea del Palomar. Recién el 22 de enero de 1977, recuperó su libertad.
Para el 12 de enero de ese año, el centro clandestino El Chalet quedó desmantelado. El mismo Hipólito Mariani, por entonces jefe de la subzona 16 del Primer Cuerpo y de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, reconoció que fue él quien ordenó a un grupo de la Aeronáutica ir a detener a “los Swat”. Junto con los parapoliciales, el grupo de tareas de la Fuerza Aérea se llevó a los detenidos que estaban en el chalet. Pero la memoria de Mariani le falló en la indagatoria del jueves para recordar qué pasó con ellos.
El juicio. La escalera conduce hacia un pasillo lleno de imágenes: las fotos del Hospital en los años ’70, los rostros de los once trabajadores desaparecidos, los recortes de diarios que cuentan años de lucha. Jóvenes estudiantes de enfermería recorren ese camino cada día. Estudian en el chalet del hospital Posadas, el mismo que sirvió de guarida de “los Swat”. La comisión de Derechos Humanos del hospital se reúne allí y proyecta cómo llevar adelante el juicio que arrancó.
En este proceso no se juzgan todos los casos de desapariciones en el Posadas. Probablemente, quedará para otro tramo. “No se termina acá la tarea de buscar justicia por los desaparecidos del hospital”, dice en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py el médico Carlos Apezteguía, mientras se despeja el sol de la vista, que promete tiempos mejores.

lunes, 3 de octubre de 2011

El mundo|Lunes, 3 de octubre de 2011
ALVARO RICO, COORDINADOR DE LA INVESTIGACION SOBRE LA REPRESION DURANTE LA DICTADURA URUGUAYA

“La prisión fue masiva y prolongada”

El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República del Uruguay señala que la cifra de detenidos-desaparecidos es de 176, pero que ese país tuvo la mayor cantidad de presos políticos, alrededor de seis mil.

Por Luciana Bertoia
/fotos/20111003/notas/na22fo01.jpg
“La izquierda no siempre encontró los elementos populares para explicar por qué hubo una dictadura.”
Alvaro Rico es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay. Desde hace seis años es el coordinador de la investigación sobre la represión durante la dictadura uruguaya (1973-1985), tarea que le encomendó el entonces presidente frenteamplista Tabaré Vázquez. Rico viajó a Buenos Aires para participar del Seminario de Políticas de la Memoria que se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti en la ex ESMA. Antes de su intervención, dialogó con Página/12 acerca de su investigación y de las disputas por la memoria que se están librando en la República Oriental.
También aprovechó el viaje para recorrer la zona del Abasto, donde vivió cuando, huyendo de la dictadura uruguaya, se refugió en la Argentina. Anduvo por las calles que transitó hasta 1976, cuando tuvo que exiliarse en Europa. “No puedo creer que hayan puesto ahí un shopping”, se queja y comenta después, con picardía en la mirada, que es primo lejano del ex carapintada Aldo Rico. Enseguida vuelve a referirse a la labor de documentación de las víctimas uruguayas que cumple desde 2005. “La responsabilidad es muy grande. Se siente el peso de la historia cuando uno tiene que trabajar con esos archivos sensibles y sobre un período tan lleno de destratos y violaciones a la dignidad humana”, remarca.
–¿Cree que se ha avanzado en los últimos años en materia de verdad sobre la dictadura uruguaya?
–Hasta el momento, entre archivos estatales, privados y del exterior, el equipo que coordino revisó alrededor de 27 archivos, entre ellos catorce estatales. El balance es de avance, pero limitado con relación a todo lo que aún resta por saber. Si bien no hay una consulta pública autorizada a los archivos de la dictadura, Uruguay ya tiene tres leyes de archivos y de hábeas datas muy importantes.
–La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman insiste en que el Estado abra y ponga a disposición los archivos de la represión.
–Exactamente. Allí se señala que, en el plazo de dos años, el Estado debe promover esa posibilidad de consulta. Si bien había muchos rumores que decían que los archivos se habían destruido, el equipo de investigación pudo acceder y comprobar que esa documentación se conserva.
–¿Pudieron ver los archivos de las fuerzas armadas?
–Entre los archivos que pudimos ver están los de Inteligencia policial, los de la Cancillería (que es un ámbito fundamental para poder investigar las implicancias del poder civil con el poder militar en la estructuración del régimen dictatorial cívico-militar) y algunos de origen militar. También está el archivo de fichas clínicas de Sanidad Militar, que fue hallado hace poco tiempo y que en los últimos meses el equipo ha podido, mediante la autorización de la presidencia, trabajar en la búsqueda de detenidos que fueron atendidos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y para tratar de encontrar también detenidas que dieran a luz en el Hospital Militar. Uno de los objetivos fundamentales en esta búsqueda es saber de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, en la medida en que varios testimonios señalan el alumbramiento de Macarena, su hija, en el Hospital Militar.
–¿Qué particularidad tuvo la represión en Uruguay?
–En el caso de la Argentina, la metodología represiva generalizada fue la desaparición forzada de personas; en el caso de Uruguay, la metodología generalizada de la represión dictatorial fue la prisión masiva y prolongada. Hasta el momento, el universo de detenidos-desaparecidos uruguayos es de 176, pero el universo de presos políticos es de alrededor de seis mil. A escala de población, Uruguay fue la dictadura de mayor cantidad de presos políticos en el mundo.
–¿Tuvo secuelas esto a nivel social?
–Sí, tuvo efectos para la sociedad esta política de encierro, de control, de libertad vigilada. Además porque el preso político en Uruguay fue sinónimo de tortura. No hubo preso político que no pasara por la tortura. No es casualidad que el Uruguay de hoy, a más de 25 años del fin de la dictadura, siga teniendo en el tema carcelario y en la superabundancia de presos jóvenes un problema que se continúa en el tiempo sin solución a la vista. Las dictaduras tuvieron un objetivo inmediato: desbaratar los desafíos al statu quo, que en el contexto de los años ’60 y ’70 existían. Pero sus objetivos fueron más allá y uno de ellos tiene que ver con la reestructuración de formas sociales, de valores.
–¿Por esta reestructuración de los lazos sociales se puede explicar que la ciudadanía haya ratificado la Ley de Caducidad, que impide que se juzgue a los represores?
–Yo creo que sí. No es de descartar esa línea explicativa. Por otro lado, la izquierda no siempre ha encontrado los elementos convincentes y populares para lograr establecer una explicación sobre por qué hubo una dictadura en el Uruguay y sus responsables. Ciertos rasgos de temor, ciertos rasgos de indiferencia, ciertas contradicciones internas de la propia izquierda, terminaron por profundizar esas transformaciones culturales.
–¿Qué pasaría si en noviembre prescriben las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, como todo hace presuponer?
–Se concluiría con una época que tuvo sucesivas etapas: desde la Ley de Caducidad, los plebiscitos, las marchas de silencio, los intentos de anulación. Esa época terminaría con la conclusión de que “justicia nunca más”.
El mundo|Viernes, 9 de septiembre de 2011
EL FILOSOFO FRANCES SAMI NAÏR HABLA DE LA PRIMAVERA ARABE

“Europa es cruel y cínica”

Según Naïr, mientras la OTAN intervenga en la región seguirán surgiendo respuestas neocolonialistas. El experto opina que los Cascos Azules de Naciones Unidas deberían ser los encargados de proteger la transición en Arabia.

Por Luciana Bertoia
/fotos/20110909/notas/na20fo01.jpg
“El paradigma de la estabilidad europea consistía en apoyar a los dictadores.”
La primavera sorprendió en enero a los propios países árabes y al resto de la comunidad internacional. Cayeron feroces y vetustas dictaduras. Otras siguen tambaleando. Desde entonces, los intelectuales intentan explicarse cómo quedará configurado el tablero internacional.
Según el experto francés Sami Naïr, el futuro es incierto. Pero mientras la OTAN intervenga en la región seguirán surgiendo respuestas neocolonialistas. Naïr, filósofo y sociólogo con raíces argelinas, opina que los Cascos Azules de Naciones Unidas –y no las tropas de la alianza transatlántica– deberían ser los encargados de proteger la transición democrática en la península arábiga.
Con decenas de obras publicadas, Naïr trabajó junto a Simone de Beauvoir en la dirección de la revista Les temps modernes. En 1997 se desempeñó como delegado interministerial para el Codesarrollo y las Migraciones Internacionales, cuando el socialista Lionel Jospin era el premier francés. Desde 1999 a 2004 fue europarlamentario y actualmente es columnista de varios diarios galos y de El País de España. De visita en Buenos Aires para participar del coloquio internacional sobre las revoluciones árabes y la nueva geopolítica mundial, por Le monde diplomatique, Naïr dialogó con Página/12.
–¿Cambiaron las relaciones entre Europa y los países norafricanos, después de las revoluciones árabes?
–Fundamentalmente, no. Europa tiene un paradigma estratégico, que también comparten las potencias dominantes a nivel internacional (como Estados Unidos, China y Rusia), que es el paradigma de la estabilidad. Lo que les interesa fundamentalmente es la estabilidad por varias razones. En primer lugar, porque temen el desarrollo de flujos migratorios. Como segundo elemento, porque temen perder el control de los recursos petrolíferos de la región. En tercer lugar, temen el integrismo, el auge del islamismo. El paradigma de la estabilidad consistía en apoyar a estos dictadores con la excusa de que eran la protección contra el integrismo. Pero en realidad los dictadores eran los mejores aliados del integrismo. Europa no ha cambiado. Los líderes europeos hasta ahora no han dado ni un paso. Están a la expectativa de cómo todo esto va a terminar.
–¿Cómo se explica entonces la intervención militar en Libia?
–Es un elemento absolutamente nuevo. Militarmente, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Europa está interviniendo para defender sus intereses. En la Conferencia de París de la semana pasada con los nuevos dirigentes libios han empezado a hablar del reparto de los recursos petrolíferos. Europa está involucrada militarmente. Eso sí que es un cambio porque, desde la descolonización, no lo había hecho. Hasta la fecha no sabemos cómo van a continuar actuando Inglaterra y Francia. Tampoco sabemos cómo la opinión pública va a reaccionar frente a la intervención de la OTAN. Personalmente, pienso que la intervención de Francia y de Inglaterra con el control de los aviones de Muammar Khadafi era necesaria para salvar el proceso revolucionario.
–¿La sociedad podría reaccionar como lo hizo frente a la invasión a Irak?
–Sí, podría, pero no lo sabemos. Si la OTAN sigue siendo una fuerza dominante, ahí tendremos inevitablemente un rechazo. Y los propios dictadores van a decir: “Miren, eso se llama revolución y su consecuencia es el neocolonialismo”. Si la intervención de la OTAN se transforma en una intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con soldados de la ONU y con una nueva resolución de ese organismo que diga que hay que proteger el proceso de transición democrática, tendremos una salida que puede ayudar muchísimo a la revolución democrática árabe.
–¿Cómo evalúa la respuesta europea a la crisis humanitaria que siguió a las revueltas en los países árabes?
–Se han portado de manera muy cruel y cínica. No han hecho nada. Tuvimos que recibir unos 20.000 inmigrantes tunecinos y fue como si el planeta hubiese invadido Europa.
–En un artículo, usted alerta que Muammar Khadafi no es Saddam Hussein. ¿Cuáles son las diferencias?
–Lo de Irak fue una intervención imperialista para destrozar un régimen nacional, laico, que había cumplido con todas las resoluciones de la ONU de los últimos años. En aquella época, yo era parlamentario europeo y fuimos con una delegación de parlamentarios europeos a Bagdad y tuvimos una reunión con los expertos de la ONU, que nos dijeron: “No hay ni una bala. No hay absolutamente nada y hemos visto todo”. Era, en realidad, una intervención para apoderarse de las riquezas petroleras y para destruir a uno de los países que podía oponerse a los intereses de Estados Unidos y de Israel en la región. En cambio, Khadafi era el mejor aliado de los Estados Unidos. Ahora se sabe que estaba trabajando con la CIA, que torturaba a los militantes islamistas encarcelados en Guantánamo. (N. de R.: Según el New York Times, la Casa Blanca envió en ocho ocasiones a sospechosos de terrorismo para ser interrogados en Libia.) Era un tirano que se había vuelto loco. La situación es totalmente diferente, pero hay que cuidar lo que vaya a ocurrir con la intervención de la OTAN. Era necesaria, pero ahora tienen que salir.
–Usted planteaba en otro artículo la necesidad de que se creen partidos en los países que fueron atravesados por la revolución en los últimos meses. ¿Cree que se podrá superar la espontaneidad que caracterizó a las revueltas?
–Van a crear partidos políticos. Es absolutamente necesario. Es un proceso de transición democrática, muy contradictorio, con una situación de dualidad de poder. Todos estos países nunca han conocido la democracia. La están creando ahora.
El mundo|Miércoles, 31 de agosto de 2011
Ayer se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido

Memoria, Verdad y Justicia

En Montevideo, Santiago y Caracas hubo actos conmemorativos con los familiares de las víctimas de la dictadura. Deudas pendientes en Colombia y Honduras y dolor y congoja en toda la región. La fecha se recuerda desde 1981.

Por Luciana Bertoia
/fotos/20110831/notas/na22fo01.jpg
Un niño participa en los actos conmemorativos del Día del Desaparecido en Bogotá.
En la larga noche de las dictaduras que regaban de muerte y desaparición a América latina, los familiares lograron imponer en el calendario un día para recordar a sus seres queridos que habían sido secuestrados para no volver. Desde 1981, el 30 de agosto es el Día Internacional del Desaparecido. Por eso, decenas de organizaciones salieron ayer a la calle para reclamar memoria, verdad y justicia para los ausentes.
Tic Tac. Así empieza la canción “A contrarreloj” que el joven músico uruguayo Ismael Collazo compuso meses atrás, cuando el fantasma de las prescripciones empezó a merodear en la República Oriental. En mayo, la Corte Suprema uruguaya se negó a calificar como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), decisión que, en la práctica, implicaría el cese de cualquier acción de penal contra los represores a partir del 1º de noviembre próximo. Para protestar contra esta posibilidad y por la vigencia de la Ley de Caducidad que impide que sean juzgados quienes cometieron crímenes durante el gobierno militar, los organismos de derechos humanos llegaron ayer a la Plaza Libertad, la misma plaza a la que marchan todos los 20 de mayo para recordar a las víctimas de la dictadura y demandar justicia.
Los militantes de la agrupación HIJOS presentaron allí el audiovisual que lleva el mismo nombre del tema que escribió Collazo. “Es un video que trata de evidenciar cómo el paso del tiempo no diluye la problemática de los desaparecidos sino que la agrava”, explica por teléfono a Página/12 Valentín Enseñat, desde Montevideo. “Decimos que, conforme pasa el tiempo, se amplía el universo de víctimas. Ahora son nuestros hijos los que empiezan a preguntarse sobre sus abuelos y a tener los mismos interrogantes que nosotros cargamos acerca de nuestros padres desaparecidos”, agrega.
En el corto participaron referentes uruguayos de la cultura, del deporte y muy pocos de la política. Las relaciones entre el movimiento de derechos humanos y algunos sectores de la coalición centroizquierdista gobernante quedaron tirantes, después de que el Frente Amplio no lograra en mayo pasado disciplinar a su tropa para que votara la anulación de la Ley de Caducidad. Entre los que sí fueron convocados para participar del video, y sostuvieron los carteles que exigían “Memoria, Verdad y Justicia”, están el cantautor Daniel Viglietti y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Se les suman varios músicos jóvenes, conductores televisivos y algún deportista. Todos ellos hacen sentir que la demanda de los organismos no está aislada. “Qué difícil es seguir si todo parece olvidado. Igual sacás fuerza del hombro que se ofrece a tu lado”, se escucha cantar a Collazo.
Chile también recordó a los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) organizó un homenaje en el Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago. Allí, el organismo pidió el fin de la represión y recordó a Manuel Gutiérrez, el chico asesinado la semana pasada en una manifestación. “Es una fecha muy importante porque se recuerda el drama del genocidio en Latinoamérica. A nuestros seres queridos los asesinaron y ocultaron sus cuerpos. Pero, a pesar de eso, hoy nosotros salimos a la calle a reivindicar su lucha”, dijo a este diario Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que también participó de la conmemoración en la capital chilena.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), con sede en Caracas, aprovechó la jornada para recordar sus 30 años de lucha y marcar el camino que queda por desandar. Pero también para celebrar los logros, como fue la Convención sobre la Desaparición Forzada adoptada por las Naciones Unidas en 2006 y que entró en vigor en diciembre del año pasado.
Sin embargo, los familiares saben que lo que falta por hacer es mucho. Son cerca de 205 mil los desaparecidos en América latina desde 1960. En los últimos cinco años, las desapariciones forzadas de personas –es decir, con intervención estatal– se incrementaron en Colombia y México.
Lo mismo sucedió en Honduras, después del golpe que en junio de 2009 arrancó del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya. Según la Fedefam, hay unas 300 personas cuyo paradero se desconoce en el país centroamericano. “Las denuncias que recibimos nos indican que hay una política de Estado”, comentó a este matutino Bertha Oliva, referente del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su marido está desaparecido por razones políticas desde 1981 y, para Bertha, cada 30 de agosto es una fecha especial. “Siento que es un día para tener cerca a nuestros desaparecidos, para sentir que están con nosotros”, se emociona.