miércoles, 27 de julio de 2011

El mundo|Miércoles, 27 de julio de 2011
Isabell Kempf, consejera de Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos

“La prevención del genocidio es colectiva”

La experta alemana afirma que en Africa se tomó conciencia de que la forma de solucionar los conflictos es con la ayuda de los vecinos. Ruanda tiene un sistema jurídico que castiga a los genocidas; Kenia incorporó una Constitución progresista.

Por Luciana Bertoia
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“Hay que monitorear. Un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad.”
Africa lleva décadas desangrándose por los conflictos. La región de los Grandes Lagos, donde se encuentran Ruanda, Burundi y el Congo, ha sido el epicentro del genocidio, explican los especialistas. Algunos estiman que en sólo cien días en 1994 murieron cerca de un millón de tutsis en Ruanda. Sin el interés del mundo occidental, los países de una de las zonas más pobres del continente se dieron cuenta hace años de que deben evitar conjuntamente nuevas matanzas y que deben desandar el camino de la justicia.
Isabell Kempf es consejera de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos. También, la economista alemana trabaja para la Conferencia Internacional para los Grandes Lagos, que es una iniciativa de 11 países para la paz y el desarrollo, surgida en 2004 en respuesta al genocidio en Ruanda y a las dos guerras en el Congo. “Se agruparon para discutir las causas profundas de los conflictos en la región y para encontrar una respuesta colectiva, porque muchos de los problemas afectan a toda la región. Es por eso que crearon el año pasado también un Comité de Prevención del Genocidio, que es regional y que tiene como objetivo trabajar en políticas educativas y leyes para la lucha contra la impunidad en la región”, explicó a Página/12 la funcionaria que viajó desde Burundi a Buenos Aires para participar del Tercer Encuentro Internacional sobre Genocidio, organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Sin dejar de mencionar los avances argentinos en materia de verdad y justicia, Kempf espera que se juzgue a quienes cometieron crímenes aberrantes en el Este africano.
–¿Cómo están trabajando los países en la prevención del genocidio? –Ruanda tiene más experiencia, porque cuenta con una comisión nacional de prevención del genocidio y un sistema jurídico para poder penalizar a los perpetradores del genocidio. Kenia, después de la violencia electoral en 2008, hizo una nueva Constitución muy progresista, que reconoce los derechos sociales, culturales y a la tierra, y que intenta integrar a los diferentes grupos étnicos en una sociedad más inclusiva.
–¿Cuáles fueron las consecuencias sociales que imprimieron las matanzas en esa zona de Africa? –En primer lugar, creo que la gente está cansada de los conflictos. La gente quiere crear relaciones más positivas entre los países y quiere reconstruir la región, que es muy bella, con muchos recursos naturales y humanos. Por eso, la iniciativa regional propone trabajar juntos para que los recursos naturales no sean utilizados para retroalimentar los conflictos, para luchar contra la violencia sexual y para terminar con los desplazados internos, que cuando comenzamos había casi 10 millones de desplazados en el lugar. Hay una conciencia de que se necesita del vecino para la propia estabilidad.
–¿Esta coordinación regional se presenta como un modelo alternativo a lo que puede ser una intervención de la comunidad internacional, liderada por los países occidentales? –Sí, porque justamente lo que se espera es trabajar en la prevención del genocidio y en los crímenes masivos. Para hacerlo, hay que monitorear la situación de los derechos humanos, porque un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad. Por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Burundi y gran violencia política. Entonces, se movilizaron los embajadores y los cancilleres de los países vecinos para explicarles a las autoridades que no iban a permitir que resurja la violencia en Burundi y que no iban a dar refugio a personas –del gobierno o de la oposición– que hayan cometido crímenes.
–¿Por qué no intervino la comunidad internacional cuando se produjo el genocidio ruandés? –Los estadounidenses venían de una experiencia en Somalia, donde el mantenimiento de la paz había sido un fracaso. Ellos no querían intervenir en un país donde no tenían intereses geopolíticos ni económicos. Entonces hicieron de todo para que no se hablara del genocidio. Porque probar que se trataba de un genocidio implicaba la obligación de intervenir para la comunidad internacional.
–¿Hay posibilidades de que se lleve a la Justicia a quienes cometieron crímenes durante los conflictos étnicos en la región, más allá de lo que ya se hizo en Ruanda? –En Burundi, por ejemplo, se está estableciendo la Comisión de Verdad y Reconciliación y se espera que empiece a funcionar para comienzos del año próximo. Pero la sociedad civil no se siente representada allí. Hay una discusión muy fuerte en este momento.
–¿Están organizadas las víctimas en Burundi? –Sí, hay organizaciones de viudas, de familiares y de víctimas en general. Los distintos grupos se reúnen cada dos semanas para discutir cómo quieren que sea el proceso: cómo tiene que ser la protección de los testigos, cómo hay que escribir la historia, si quieren reparaciones individuales o colectivas.
–Pero una Comisión de Verdad y Reconciliación no implica una revisión judicial. ¿Qué pasará con los perpetradores? –Por el momento, hay impunidad. Incluso el presidente actual fue condenado por un tribunal nacional por crímenes contra la humanidad pero las penas nunca se aplicaron. Porque después de los acuerdos de paz, hubo una amnistía provisoria hasta que se cree un tribunal mixto con expertos nacionales e internacionales.
–¿Por qué está tan presente la idea de la reconciliación? –Allí es muy importante porque una parte del conflicto fue creado por intereses exteriores de la colonización. El conflicto étnico es artificial porque todos los burundeses tienen la misma lengua, la misma cultura, y siempre vivieron juntos en las colinas. Para ellos es importante tener esta reconciliación porque se sienten como un mismo pueblo. Ellos hablan mucho del perdón porque es una sociedad muy católica. El presidente, que pertenece a una iglesia evangélica, pidió disculpas en la televisión cuando comenzó su mandato. Se disculpó porque había matado a varias personas. A mí me parece muy peligroso porque uno puede pedir perdón, pero tiene una responsabilidad jurídica. Yo creo que en este momento la mayoría de la población quiere justicia, pero muchos de los criminales están en el gobierno. Creo que va a ser más fácil tener un tribunal mixto, donde haya extranjeros y nacionales. Eso podría garantizar la seguridad de los jueces y de los testigos.

domingo, 24 de julio de 2011

El mundo|Domingo, 24 de julio de 2011
GABRIEL GATTI, SOCIOLOGO URUGUAYO, HIJO Y HERMANO DE VICTIMAS DEL PLAN CONDOR

“El desaparecido molesta en Uruguay”

Gatti sostiene que mientras en la Argentina la figura de los familiares de desaparecidos forma parte de la escena pública, en Uruguay sigue siendo una figura molesta para gran parte de la sociedad. Mujica y la Ley de Caducidad.

Por Luciana Bertoia
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“En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos.”
Gabriel Gatti es uruguayo. En 1975, tenía ocho años cuando escapando de la dictadura oriental vino a vivir con su familia a Buenos Aires. En junio del año siguiente, los militares secuestraron y desaparecieron a su padre, Gerardo Gatti, un importante dirigente obrero uruguayo que fue visto en Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionaba como sede del Plan Cóndor. Su hermana Adriana fue secuestrada embarazada meses después. Los restos de la chica aparecieron recién en 1983. Gabriel, su madre y su hermano se exiliaron en Francia. Después, viajaron a España. En Madrid, estudió Sociología. En 1993 se fue al País Vasco, donde todavía vive y trabaja como investigador universitario. “Euskadi era un lugar con un nivel de agitación política muy excitante en ese momento, no sólo por ETA sino por lo que estaba alrededor. Era muy atractivo para cualquier joven de izquierda, recién salido de una carrera de Sociales y en particular con una historia detrás de padres estupendos vinculados a un proyecto revolucionario”, contó a Página/12.
Como otras veces, volvió a Buenos Aires. En esta oportunidad, lo hizo para participar del Tercer Congreso Internacional de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas organizado por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y dialogó con este diario sobre las diferentes formas de asimilar la figura del detenido-desaparecido a cada orilla del Río de la Plata.
–¿Qué diferencias hay entre Argentina y Uruguay en lo que respecta a la elaboración del pasado?
–En la Argentina, la figura del desaparecido está totalmente institucionalizada como parte de la escena pública. Los familiares de desaparecidos existen no sólo como un personaje doliente sino como un personaje político de primer orden. A diferencia, la figura del desaparecido es sumamente molesta para el imaginario colectivo del Uruguay, que tiende a valorar las cosas tranquilas. En parte, se explica por una cuestión de números, allí hay muy pocos. En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos. Te hablaban de otra cosa, de presos.
–¿A qué se debe de que hoy esté más presente en Uruguay la figura del desaparecido?
–Desde ese año hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, no sólo la constatación del Segundo Vuelo (N. de R: que trasladó en 1976 detenidos desde Argentina a Uruguay). Hubo un importantísimo intento de anular la Ley de Caducidad. No se puede decir que fue negativo el resultado: el 48 por ciento de la gente votó a favor de anularla, el resto de la gente no votó. Y hubo una movilización colectiva que indica que está aflorando, en cierto grado, una figura que era invisible y muy vinculada al mundo muy chiquito de los familiares. Pero la sensibilidad de los líderes políticos más renombrados, incluido el propio presidente, no es la misma que la que tienen los argentinos en esta materia.
–¿Cómo tomó la actuación del presidente José Mujica frente al proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad?
–Me generó profundo desagrado. Entre otras cosas, porque el presidente y su actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, son parte de la misma generación de mi padre. Eran colegas de sensibilidad, aunque no eran de la misma línea política y, sin embargo, tienen una lectura tan militarista que es insensible con lo que ocurrió a una buena parte de su propia generación. Es desagradable por una cosa muy uruguaya (como científico social no lo debería decir porque es una generalización barata) que es la sobrevaloración de la institucionalidad, de los acuerdos, de lo que votó el pueblo. Eso los torna insensibles ante las cosas excepcionales, como es la figura del desaparecido.
–¿Esa “insensibilidad” podría explicarse por una cuestión de números, porque allí hubo menos desaparecidos que en la Argentina?
–Sí, en parte. La dictadura uruguaya fue diferente de la argentina. Tuvo un “plan institucional” de exterminio. O sea, se pasaba por las cárceles y por el exilio, hasta eso era legal. La desaparición no entró en el registro de prácticas represivas de modo tan extensivo como ocurrió aquí. La sensibilidad uruguaya tan extrema por lo que es compartido y tan nula por lo que se sale de la norma hace que sea difícil pensar la figura.
–¿Y qué diferencias ve entre el movimiento de derechos humanos argentino y el uruguayo?
–Las sensibilidades históricas son tan distintas que no sé si es justo hacer una comparación, porque entre otras cosas lleva a considerar lo evidente: Argentina está muy por delante en esa materia con respecto a Uruguay. Si hago la comparación, tendría que plantear una evolución en esta línea que no se va a dar.
–¿Por qué dice que las políticas de la memoria son tramposas?
–Construyen unanimidades y construyen la convicción de que la verdad es cierta. Eso es tramposo, si lo miro desde el ojo clínico del sociólogo. Y no lo digo por aquello de que las memorias son múltiples sino porque éste es un campo precario, móvil, difuso. Si lo valoro como ciudadano implicado, no puede estar más que contento en el caso argentino, de una construcción de una narrativa oficial en el tema de los derechos humanos que ha permitido elaborar a medio plazo una figura internacionalmente consensuada de lo que es un desaparecido y que se está aplicando por doquier y con dosis crecientes de eficacia.
–¿Por qué afirma que no es correcto hablar de “desaparecidos” en el caso de la represión franquista?
–Estamos hablando de un fenómeno que empezó a finales de los años ‘30 y hasta ahora no se nombraba. Se los denominaba “fantasmas”, los “paseados”. Sólo hace cinco años, y ahora está especialmente el asunto hirviendo, empieza a usarse el término desaparecido.

Franquismo: una herida que no cierra

A 75 años del alzamiento del Generalísimo. Organizaciones de DD. HH. de España siguen reclamando justicia por los crímenes cometidos en el régimen de Franco.
España sigue exigiendo castigo para los crímenes del franquismo. Mañana se cumplen 75 años desde que Francisco Franco se levantara contra el gobierno de la República e iniciara una guerra que duró tres años y dejó miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Después de la guerra, llegó la pesadilla de la dictadura. Los crímenes cometidos durante las casi cuatro décadas de dominio de Franco siguen siendo deudas que la democracia ibérica aún no pudo saldar.
Desde 1931–con algunas interrupciones–, España intentó arrancarse las cadenas de la monarquía. El experimento terminó en una república democrática, laica, que consagraba el sufragio universal y que devolvía a las autoridades eclesiásticas a las iglesias. El proceso duró poco. Los militares se levantaron en julio de 1936 contra el gobierno republicano. La guerra contra la población civil desangró durante tres años al país. Con el apoyo de los regímenes italiano y alemán, Franco sepultó en 1939 las esperanzas republicanas y se perpetuó en el poder hasta su muerte, en 1975. Ciento noventa mil muertos, 150 mil desaparecidos en más de 2.000 fosas comunes y un número semejante de hombres y mujeres que huyeron de su tierra componen una imagen del horror con el que Franco trató de moldear a España hasta convertirla en un territorio en cautiverio.
“Se emprendió una guerra de terror, premeditada, intencionada, sistemática y que tenía como objetivo exterminar a medio país. El propósito no era sólo tomar las instituciones, sino sembrar el terror y dejar la sensación de dominio, erradicando el republicanismo democrático en España”, explicó a este diario Miguel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad.
Organizaciones de memoria histórica reclaman que el Estado español haga en este 75° aniversario una condena pública del franquismo. Emilio Silva Barrera es periodista y hace poco más de diez años rescató los restos de su abuelo de una de las tantas fosas comunes. Silva preside la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (Armh), que el mes pasado envió una carta al presidente del Congreso español, José Bono, para reclamarle que el pleno del Parlamento condene el día del alzamiento de Franco y que se retiren del Congreso los cuadros de los presidentes parlamentarios durante la dictadura franquista. “En España se ilegalizan partidos porque no condenan la violencia, pero el Estado se permite tener esos retratos, con los que de alguna manera brinda su triunfo a los franquistas. También en Madrid hay una plaza del Caudillo o un Arco de la Victoria, dedicado al triunfo de Franco. Desde el Estado se ejerce una doble moral”, remarcó Silva a Miradas al Sur.
“En el Parlamento español se conmemora el Día del Holocausto, el Día de las Víctimas del Terrorismo, pero no hay ningún tipo de conmemoración para las víctimas más numerosas en España que son las del franquismo”, denunció. En el escrito entregado a Bono, el organismo también remarca que el Parlamento estuvo ajeno al debate sobre las fosas comunes, que en su mayoría siguen sin ser abiertas. Si bien en mayo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con la publicación de un mapa que muestra dónde están los enterramientos clandestinos, la identificación de los cuerpos avanza con paso cansino y quedó en manos de las familias, como la dispuso la criticada ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007.
Otros de los que se quejan porque su reclamo no está contemplado dentro de la norma reparatoria aprobada durante la presidencia de Zapatero son los cerca de 2.000 integrantes de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. En 1938, el Ministerio de Hacienda del Generalísimo decretó la prohibición de la tenencia de papel moneda “puesto en circulación por el enemigo”. Así, miles de ciudadanos debieron ceder todo lo que tenían al Banco de España a cambio de un recibo que acreditaba la suma entregada.
Hoy son los nietos o hijos de los que sufrieron la incautación los que conservan el documento y demandan que el Estado les devuelva lo que es suyo. “Mi abuelo tenía 1.262 pesetas para comprar una casita. Cuando vino esta ley, las entregó y se quedó sin nada. Tuvieron que mandar a los hijos a casas de parientes. Cuidaban los animales y les daban un plato de comida. Fue algo tan penoso que el matrimonio se separó porque no encontraban trabajo. No merece la pena que lo olvide”, relató Lidia Jiménez, una de las impulsoras. Se estima que lo incautado ronda los 5.300 millones de euros.
Los niños robados. También en 1938 Franco autorizó al médico Antonio Vallejo Nágera a investigar las “raíces psicofísicas del marxismo”. Vallejo Nágera y Franco coincidían en el diagnóstico: era el mal que padecían los republicanos y había que evitar, como fuera, que la “infección” volviera a desparramarse por el país. Con ese designio, el jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares empezó a experimentar con los integrantes de las Brigadas Internacionales que estaban secuestrados en un campo de concentración de Burgos y sobre las mujeres republicanas que estaban presas en una cárcel de Málaga, según pudo probar en 2008 el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido por haber tratado de enjuiciar los crímenes del franquismo.
Vallejo Nágera llegó a una conclusión: “La segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”. Y así se hizo. Se esperó a que muchas mujeres embarazadas que estaban presas dieran a luz y se las fusiló. A otras se las separó de sus hijos al cumplir los tres años y se los llevó a instituciones como el Auxilio Social, manejado entre los falangistas y la Iglesia. A diferencia de la última dictadura argentina –donde los aparatos estatales perpetraron un plan sistemático de robo de niños–, en España se llevó a cabo bajo una aparente legalidad. En 1940, el Estado asumió la potestad de los menores huérfanos y se arrogó el derecho de dejarlos al cuidado de “personas de reconocida moralidad”.
Garzón estimó que hasta 1950 se continuaron las apropiaciones. Según el juez, unos 30 mil chicos habrían sido robados durante ese período. Pero allí no terminó esta práctica. Se calcula que esto siguió produciéndose hasta las postrimerías del régimen. En esa segunda etapa, el robo se perpetró en algunas clínicas y conventos. Las víctimas habituales eran las madres solteras, a quienes les decían que sus hijos habían nacido muertos. Pero, en realidad, los recién nacidos salían del hospital en brazos de otra familia.
Lo que falta. Rodríguez Arias insiste en que todos los crímenes vinculados a la dictadura deben ser condenados. “El gobierno está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no reconoce que se trata de crímenes contra la humanidad. No está emprendiendo una investigación oficial, efectiva e independiente y tampoco las acciones penales contra los criminales”, resaltó.
Los familiares de las víctimas de la dictadura franquista deben batallar contra una Justicia que se resiste a cumplir con sus tareas y tienen una Ley de Amnistía a cuestas que ampara a los represores. La situación les duele pero no los doblega. Hace un año que todos los jueves vuelven a la plaza de la Puerta del Sol para reclamar justicia. Están seguros de que uno de estos días la van a alcanzar.
El mundo|Domingo, 22 de mayo de 2011
JORGE BROVETTO, PRESIDENTE DEL FA, SOBRE LA LEY DE CADUCIDAD

“Analizaremos otros caminos”

Tras la derrota parlamentaria del intento por dejar sin efecto la amnistía a los represores de la dictadura uruguaya, el presidente de la coalición oficialista dice que ya se están evaluando alternativas para acabar con la impunidad.

Por Luciana Bertoia
Desde Montevideo
Ciudadanos uruguayos sostienen fotos de desaparecidos para exigir verdad y justicia.
Imagen: EFE.
Uruguay amaneció conmocionado por la magnitud de la marcha que el viernes pidió verdad y justicia. En el Frente Amplio (FA) captaron el mensaje de las cien mil personas que recorrieron las calles de Montevideo y desde mañana empezarán a trabajar para buscar alternativas para terminar con la Ley de Caducidad, como en 2008 se lo propuso la coalición centroizquierdista. El lunes también será un día de definiciones para el presidente José “Pepe” Mujica. El mandatario tendrá que volver desde Colonia, donde festejó su cumpleaños, para decidir si revoca los decretos de presidentes anteriores que cerraban la puerta a la Justicia para que investigara 88 casos de secuestros, torturas y desapariciones ocurridos durante la dictadura (1973-1985).
Uno de los hombres que guiará estos debates será el ingeniero Jorge Brovetto, presidente del FA. El dirigente de la coalición gobernante evitó hacer declaraciones que puedan acelerar más la crisis que se vive en el FA después de que el diputado oficialista Víctor Semproni votara en contra del proyecto con el que su propia bancada pretendía poner fin a los efectos de la norma que desde 1986 impide que los represores paguen sus deudas con la Justicia oriental. Mientras algunos integrantes de la fuerza política le pasan factura a Mujica por no acompañar tampoco la propuesta, Brovetto dijo a Página/12 que el FA cumplirá con su promesa de eliminar la Ley de Caducidad.
–¿Cómo evalúa el resultado de la votación del jueves?
–Era previsible, porque la mayoría que tiene el FA en la Cámara de Diputados es por un voto. Al perderse ese voto de mayoría, se produjo lo que se sabe.
–¿Pero no hay temor a que se repitan actos de indisciplina partidaria como el de Semproni o el del senador Jorge Saravia (que votó el 12 de abril último en contra del proyecto en la Cámara alta) que lleven a una crisis dentro del FA?
–En la historia del FA se han dado estas situaciones. De manera que esto es parte de la vida política y el FA ha sabido llevar adelante estos casos, corregir el hecho en sí hasta tomar la decisión drástica. Por lo tanto, miedo o temor no tenemos. Lo normal es que no suceda lo que sucedió el jueves, porque durante sus 40 años de vida el FA estuvo y está basado en el diálogo y en el entendimiento.
–Usted habla de tomar medidas drásticas, ¿eso es lo que va a pasar con Semproni?
–Hasta no tener el resultado del Tribunal de Conducta Política, no corresponde hacer ninguna previsión. Es como cuando en cualquier otra instancia pública se pasa a un sumario.
–¿Qué evaluación tiene de cómo manejó la cuestión del proyecto interpretativo el presidente Mujica y el canciller Luis Almagro?
–No sería prudente que la haga yo en este momento. La fuerza política va a expedirse en el correr de la semana que comienza. Yo estoy trabajando justamente en ese análisis.
–El lunes tendría que empezar a funcionar la comisión que el plenario del sábado 14 creó. ¿Qué se va a discutir ahora, dado que no se ha decidido la eliminación de la Ley de Caducidad?
–Yo creo que la comisión va a tener que analizar qué otros caminos hay para lograr el objetivo de anular la Ley de Caducidad.
–¿Puede ser que se discuta avanzar con la derogación, una propuesta que el mismo Semproni impulsa?
–La derogación tiene que ir unida a otras decisiones que resuelvan el tema no de hoy hacia delante, sino los que han quedado pendientes, derivados de la propia aplicación de la Ley de Caducidad, que son varias decenas de casos.
–¿O sea que van a discutir sobre las determinaciones que debería tomar Mujica en esta materia porque es él quien puede revocar decretos de sus antecesores que impedían la investigación judicial?
–Sí, el tema es resolver todo lo que ha dejado la ley en sí. Además, hay otro problema que es el de la vigencia y de los plazos. Hay un plazo que hace caducar los casos factibles de ser juzgados en octubre de este año y eso debería ser prorrogado.
–La oposición dice que el tema de la Ley de Caducidad es un debate cerrado, ¿usted lo comparte?
–No, de ninguna manera. No-sotros no lo vamos a dejar cerrar hasta que no podamos –por los mecanismos formales, legales, constitucionales, éticos y políticos– eliminar del sistema jurídico uruguayo una ley que es una mancha ética y política.
–En las últimas horas, el presidente del Centro Militar salió a plantear una posible colaboración de los militares para avanzar en materia de verdad. ¿Cree que esa propuesta es potable?
–Los militares tienen la obligación ética de decir lo que saben respecto de la situación de tantos uruguayos y uruguayas desaparecidos. El mecanismo que usen debe ser el que ellos crean más conveniente para que se obtenga la información de manera creíble y, por otro lado, que ella no determine que no se cumpla en el Uruguay con lo que nos hemos planteado a través de la ley interpretativa, es decir, que no se deje de penar a quien corresponda.
El mundo|Sábado, 21 de mayo de 2011
Por un voto, el Frente Amplio no logró aprobar el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad

El Congreso de Uruguay extendió la impunidad

En una maratónica sesión que terminó con una votación empatada en 49, la Cámara baja de la Legislatura uruguaya desestimó el proyecto oficialista. La oposición festejó, pero los frenteamplistas ya buscan nuevos caminos para anular la amnistía.

Por Luciana Bertoia
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Diputados uruguayos votan la ley que dejaría sin efecto la amnistía para los represores de la dictadura. Por un voto, la Caducidad sigue vigente.
Desde Montevideo
La impunidad sigue siendo ley en Uruguay. Después de catorce horas de debate, el Frente Amplio no logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad, lo que podría abrir una crisis en la coalición centroizquierdista después de que uno de los diputados no votara junto a su bancada. Mientras los partidos tradicionales celebran por haber ganado una nueva batalla, sectores frenteamplistas ya empezaron a pensar estrategias para eliminar la norma que desde 1986 impide que los represores sean llevados a la Justicia.
La tercera fue la vencida. El FA había logrado, en octubre del año pasado, que la Cámara baja aprobara el proyecto interpretativo que dejaba sin efecto tres de los artículos de la Ley de Caducidad. Con algunos tironeos, el proyecto también había salido airoso el 12 de abril pasado en el Senado. Pero cuando la Cámara de Diputados tuvo que ratificar los cambios introducidos en la propuesta, un legislador se rebeló y la posibilidad de terminar con la norma se le escapó de las manos.
El debate arrancó a las 15.30 del jueves y duró hasta las 5.30 de la madrugada de ayer. En todas esas horas, el FA trató de defender su iniciativa. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente fueron sacando de la galera varios elementos para impugnarla. Sin lugar a dudas, el más utilizado fue la acusación de que si se eliminaba la ley 15.848 no se estarían respetando las consultas populares de 1989 y 2009, que avalaban su permanencia.
La intervención del diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio, en el FA) de las 5.25 dejó en claro que no todo estaba perdido. “Mientras haya un desaparecido, esta fuerza política va a seguir bregando por la verdad, la memoria y la justicia”, prometió el hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado hace 35 años en Buenos Aires. Segundos después, se abrió la votación. Con impotencia, los diputados frenteamplistas escucharon el resultado: 49 a favor y 49 en contra. Había un diputado que podría haber resuelto la votación a favor del oficialismo, pero argumentó en contra y se retiró de la sala: el oficialista Víctor Semproni.
“Discrepamos con la propuesta porque creemos que hay mejores”, se excusó el parlamentario del Espacio 609, que en octubre del año pasado había votado junto con su bancada para darle media sanción a la misma iniciativa. En ese momento había explicado: “Quiero aclarar que voy a votar afirmativamente este proyecto, pero no lo hago por disciplina partidaria. Lo voto porque soy biológicamente frenteamplista desde el nacimiento de nuestra fuerza política; lo voto porque en mi vida he sido un demócrata auténtico y siempre he aceptado las decisiones que por mayoría se toman en los ámbitos en que participo”. El paso de los meses hizo mella en la naturaleza de Semproni, ya que ayer se negó a seguir el mandato del plenario del FA que llamaba a todos sus diputados a pronunciarse por la eliminación de la Ley de Caducidad. Según comentó a este diario, Semproni envió una carta al presidente de la coalición para ser sometido a un juicio ético. El ex militante tupamaro y ex preso político durante la dictadura (1973-1985) dijo que estaba dispuesto a abandonar su banca si así se lo pedía el Espacio 609 al que pertenece.
La oposición festejó el resultado de la votación. “No era bueno que se aprobara. El gobierno no tiene derecho a crearle un problema más al pueblo. El gobierno no está para generar enfrentamientos y este proyecto iba en contra de pronunciamientos populares”, dijo a Página/12 el senador blanco Francisco Gallinal, uno de los más férreos opositores a la iniciativa que ayer se rechazó. Pero el referente del Partido Nacional no dejó cerrada la puerta al diálogo. “Si el gobierno quiere buscar instrumentos para buscar la verdad, estoy a las órdenes y dispuesto a legislar.” Aunque Gallinal desestimó que fuera a apoyar la propuesta de derogar la Ley de Caducidad, que ya está circulando dentro del FA.
Muchos de los integrantes de la coalición gobernante no salen del asombro y evitan caer en declaraciones que agraven la crisis que ya está sacudiendo a la estructura partidaria. “Todo continúa, pero se abren nuevas etapas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y para que los crímenes no prescriban”, comentó a este diario el senador comunista Eduardo Lorier. Uruguay fue sancionado en febrero pasado por el organismo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados los responsables de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta Goyena, y de la apropiación de su nieta Macarena. Pero la impunidad no sólo envuelve al caso Gelman sino que se proyecta para cientos de casos de desapariciones, secuestros y torturas.
“Es un día de profunda tristeza para la gente que hace 35 años viene luchando contra la impunidad”, agregó el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el FA. El reconocido militante sindical y de derechos humanos no dudó a la hora de lamentar el papel que jugó el presidente José Mujica, quien se manifestó en contra del proyecto interpretativo pero, a última hora, le pidió a Semproni que votara con su bloque para no inmolarse en solitario. “Fue un rol confuso, con salidas intempestivas en un sentido o en el otro –reconoció ante Página/12 –. El FA como fuerza política jugó bien, resistió todos los embates. Pero hay dirigentes que no han jugado o que lo hicieron en contra”, se lamentó. Puig explicó que la izquierda uruguaya atraviesa un debate sobre qué hacer en esta materia. “Pero Uruguay no puede estar de espaldas a la tendencia de respeto los derechos humanos que se da en América latina”, apuntó el dirigente del PVP.
El FA tiene por delante el reto de recomponer sus filas y de decidir qué camino seguir para cumplir con lo que sus miembros decidieron en el Congreso Extraordinario de 2008: terminar con la cultura de impunidad y con su exponente máximo, la Ley de Caducidad. Y hay muchos que no se dan por vencidos. “Es una derrota que nos marca la convicción de profundizar la lucha”, insiste Puig.
EL MUNDO › TRAS EL FRACASO EN LA LEGISLATURA

Marcharon en silencio

 Por L. B.
Desde Montevideo
Uruguay marchó ayer en silencio. Otro 20 de mayo con la Ley de Caducidad a cuestas. Los organismos de derechos humanos aspiraban llegar a esta fecha simbólica sin la norma que impide el juzgamiento de los represores, pero ayer fracasó el intento del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Miles de personas volvieron a encolumnarse detrás de una única bandera: la que pedía verdad y justicia.
La esquina de Jackson y Rivera se llenó de gente mucho antes de las 19, hora en que estaba convocada la concentración. Uno a uno se fueron abriendo paso quienes portaban las fotos de los casi 200 desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) y se ubicaron detrás de la bandera que aunaba su reclamo, el mismo que desde hace dieciséis años los empuja a las calles de Montevideo. “Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado”, se leía en la pancarta que lideraba la manifestación.
El silencio era el lenguaje que empleaban los que caminaban por la Avenida 18 de Julio, la principal de la capital uruguaya. El silencio denunciaba las ausencias: la de los desaparecidos, la de la verdad y la de la justicia. Algunos se secaban las lágrimas en las veredas de las calles, mientras la marcha iba deteniéndose frente a cada facultad de la Universidad de la República. Los estudiantes acompañaban desde las escalinatas, sin banderas ni identificaciones partidarias. Algunos enarbolaban la bandera uruguaya, otros se envolvían en la de la campaña para anular la Ley de Caducidad. Algunas mujeres prendían unas velas. Más atrás, se veía algún que otro estandarte partidario. Uno denunciaba: “Abajo el pacto con los milicos”.
Entre los que caminaban en silencio estaban algunos de los parlamentarios frenteamplistas que intentaron torcerle el brazo a la amnistía, pero no lo lograron. Entre ellos, uno de los hijos del legislador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976 junto con Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El senador Rafael Michelini lamentó tener otro aniversario más del asesinato de su padre con la Ley de Caducidad en sus espaldas. “Siempre hemos luchado contra la impunidad. Hicimos un muy buen intento ayer. Hemos erosionado mucho la Ley de Caducidad. Es cierto, nos queda este marco de impunidad, pero ya lo sacaremos”, confió a Página/12.
Las Madres y los Familiares de los Detenidos-Desaparecidos también aprovecharon antes de la marcha para pedirle al gobierno de José Mujica que abra la puerta para dar con la verdad sobre el destino de sus seres queridos. “La impunidad va mucho más allá de la ley, por eso nuestra lucha sigue”, dijo Oscar Urtazún, de ese organismo. Desde otras entidades fueron aún más duros a la hora de pasar facturas al gobierno. Baldemar Tarocco, de la asociación de ex presos políticos Crysol, disparó: “Yo no sé qué pactos tiene Mujica con los militares, pero Víctor Semproni le hizo un mandado”. La central obrera PIT-CNT también protestó por la vigencia de la Ley de Caducidad y llamó a sus afiliados a redoblar los esfuerzos para terminar con la norma.
Con los desaparecidos en alto, con los reclamos, con la certeza de que van a tener que seguir gastando los zapatos mientras desandan el camino por la verdad y justicia, los manifestantes llegaron hasta la plaza Libertad. No hubo documentos ni discursos. Cantaron el himno, derramaron sus lágrimas, abrazaron a sus compañeros de tantos años y de tantas caminatas y disolvieron la concentración. Algunos plegaron las banderas que denunciaban que los militares siguen teniendo la verdad secuestrada. Las guardaron. Saben que van a tener que volver a usarlas.
El mundo|Viernes, 20 de mayo de 2011
El Congreso de Uruguay delibera sobre dejar sin efecto la ley de impunidad para represores de la dictadura

Fuerte debate en torno de la Caducidad

Los partidos tradicionales mantenían su rechazo homogéneo a la iniciativa impulsada por la coalición centroizquierdista gobernante, lo que dejaría al FA sin los votos necesarios. Pero anoche la expectativa se mantenía intacta.

Por Luciana Bertoia
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Manifestantes en favor de dejar sin efecto la Ley de Caducidad rodean el Congreso uruguayo.
Desde Montevideo
La Cámara de Diputados uruguaya tiene en sus manos la posibilidad de eliminar la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados quienes cometieron crímenes durante la dictadura (1973-1985). Al cierre de esta edición, los representantes seguían debatiendo el proyecto que dejaría sin efecto la norma. Pese a que el presidente José Mujica le pidió que votara junto con los legisladores del Frente Amplio (FA), el diputado oficialista Víctor Semproni seguía firme con su oposición. Los partidos tradicionales mantenían su rechazo homogéneo a la iniciativa impulsada por la coalición centroizquierdista gobernante, lo que dejaría al FA sin los votos necesarios para aprobar el proyecto. Sin embargo, afuera y adentro del Palacio Legislativo, la expectativa se mantenía intacta.
Mujica hizo un último intento para que el FA no cayera en una profunda crisis. Más allá de sus propias objeciones al proyecto que su misma fuerza política ideó, el mandatario volvió a pedirle a Semproni que votara como la totalidad de la bancada frenteamplista. Minutos antes de entrar al recinto, el legislador del Espacio 609 (FA) dijo que ratificaba su decisión de no acompañar.
Aunque Semproni llegó más tarde, la sesión arrancó pasadas las 15.30. Quien ofició de miembro informante por la mayoría fue el diputado frenteamplista Felipe Michelini, que junto con su hermano Rafael fueron los principales impulsores del proyecto interpretativo. El hijo de Zelmar Michelini –asesinado en Buenos Aires hace hoy 35 años– remarcó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y resaltó que no entendía por qué había quienes habían modificado su opinión al respecto de esa iniciativa, haciendo alusión a Semproni, quien en octubre de 2010 votó el proyecto, pero en los últimos meses cambió de parecer.
“Unas personas cometieron desapariciones forzadas, incluso de niños; secuestraron, mataron y desaparecieron, usufructuando el aparato del Estado, y luego pretenden que nos olvidemos de los hechos”, protestó el diputado de Nuevo Espacio, en el FA. “Hasta el día de hoy tienen secuestrada la verdad”, levantó el dedo contra los militares. “Mantener esta ley afecta nuestra dignidad como pueblo civilizado”, subrayó, y contestó a quienes quieren dar vuelta la página de la historia: “El futuro se construye asumiendo el pasado”.
En segundo lugar tomó la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari, quien volvió a recordar al Pacto del Club Naval como el huevo de la serpiente. Según Borsari, en 1984, los militares, el Partido Colorado, la Unión Cívica y el FA habrían acordado la impunidad para los represores. El legislador del Partido Nacional también aprovechó para apuntar los cañones contra el canciller Luis Almagro, quien presentó el proyecto interpretativo para adecuar la legislación uruguaya a la internacional. “Lo mejor que puede hacer es irse a su casa”, lo fustigó el político derechista. “El canciller estuvo y está en falta por no defender los intereses del pueblo uruguayo”, espetó. Según Borsari, el error de Almagro fue supuestamente no haber discutido la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó a la República Oriental por la desaparición impune de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena.
Tras la exposición del diputado blanco, los partidos de la oposición se fueron pasando la palabra. Todos cabalgaban sobre los mismos caballitos de batalla: acusaban al FA de no escuchar los dos pronunciamientos populares de 1989 y 2009, que terminaron por ratificar la Ley de Caducidad. Los diputados oficialistas seguían defendiendo su propuesta. Al cierre de esta edición, aún no había intervenido Semproni.
Por si no juntaba los votos necesarios, el FA ya está analizando otras alternativas para cumplir con lo que resolvió en el Congreso Extraordinario de diciembre de 2008: eliminar la Ley de Caducidad. La fórmula que estudia la coalición centroizquierdista sería la propuesta por el constitucionalista Martín Risso y que involucra la derogación de la ley. Organismos de derechos humanos se mostraron poco proclives a seguir esta vía, ya que la derogación implica que cesan los efectos de la ley hacia el futuro, pero no permite una revisión del pasado. Para atender esas críticas, el FA propondría que el presidente continúe revocando –como lo hizo días atrás– los decretos de anteriores mandatarios que no autorizaban a que la Justicia investigara casos de violaciones a los derechos humanos porque los consideraban incluidos en los alcances de la Ley de Caducidad.
El FA también tiene que hacer frente al fantasma de las prescripciones de los delitos. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no se trataban de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no son imprescriptibles, y para el 1º de noviembre próximo se terminaría la posibilidad de la Justicia de llevar a los represores al banquillo. “Estamos viendo la posibilidad de actuar legislativamente sobre este tema”, confió a Página/12 el senador comunista Eduardo Lorier. Sea como fuere, los uruguayos tendrán que seguir recorriendo un largo camino para sacarse el polvo de la Ley de Caducidad de sus zapatos y poder avanzar con paso firme hacia la verdad y la justicia.
EL MUNDO › PARO Y MANIFESTACION DE LOS SINDICATOS Y LA MILITANCIA

Abrazo al Congreso para ayudar a la memoria

Por L. B.
Desde Montevideo
La principal central obrera uruguaya, el PIT-CNT, organizaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos rodearon ayer el Palacio Legislativo uruguayo para reclamar a los diputados que pongan fin a la Ley de Caducidad. La jornada fue acompañada con un paro general parcial que tuvo gran acatamiento en el área metropolitana.
Los militantes empezaron a llegar temprano y a apostarse en las entradas del Congreso. Los carteles se movían al son del viento que flameaba en la tarde de la capital uruguaya. Pasaban camiones y tocaban bocina para apoyar el reclamo. Otros automovilistas curiosos aminoraban la marcha para ver cómo el edificio del Parlamento se iba adornando con los colores de los reclamos.
En la intersección de la Avenida Agraciada y Avenida de las Leyes, una pancarta daba la bienvenida a los que se iban sumando a la actividad. Eran los versos de “Adagio en mi país”, del cantautor Alfredo Zitarrosa: “Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes”. El cartel no estaba firmado ni dedicado a nadie. Algunos pasaban y sonreían, pensando que era un pase de factura al diputado frenteamplista Víctor Semproni, único legislador que había retaceado su voto al proyecto interpretativo que se estaba tratando.
Cruzando la calle estaba la carpa que había montado la Mesa Permanente contra la Impunidad. Sus carteles rosas pedían: “Todos iguales ante la ley”. Mientras sus compañeros acomodaban las fotos de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), Sergio López Burgos hacía saber su bronca por las idas y vueltas en las que había incurrido el Frente Amplio (FA) a la hora de apurar el fin de la norma que desde 1986 impide el juzgamiento de los represores. “Hay que separar los tantos. En el Poder Ejecutivo no hay un liderazgo ni una línea clara. José Mujica insistió en la inconveniencia de votar esta ley. Pero la fuerza política está homogénea detrás del proyecto”, comentaba a Página/12 el sobreviviente de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención porteño que ofició como base del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Mientras pasaban los minutos, más carteles aparecían colgados. “Hasta encontrarlos. Verdad y Justicia”, prometía uno que tenía la bandera oriental de fondo. “Hace 25 años que esperamos la reparación integral de la verdad”, recordaba otro firmado por el PIT-CNT. “Se va a acabar la Caducidad”, transmitía la esperanza la bandera de la Asociación de Ex Presos Políticos Crysol. Debajo de ella, unos cuantos sobrevivientes esperaban para entrar al Parlamento. “Nuestra expectativa es que se anule la ley, sea cuando sea”, remarcó a este diario Chela Fontora, ex detenida. La mujer resaltó que no importa cuánto camino haya que desandar para encontrar verdad y justicia. “Hasta tanto no aparezcan nuestros compañeros desaparecidos, esta lucha contra la impunidad continúa”, prometió con voz firme.
Mientras iba cayendo la noche, la gente seguía rodeando el Parlamento. También hubo música. “No lo hacemos para festejar nada, sino para que estén presentes distintas expresiones populares”, dijo Valentín Enseñat, miembro de la agrupación Hijos Uruguay.
La convocatoria fue nutrida porque el paro que convocó el PIT-CNT tuvo gran acatamiento, según estimó el dirigente gremial Juan Castillo, consultado por este diario. La medida se sintió especialmente en las dependencias públicas y en las escuelas privadas. Los colectivos no pararon, pero adhirieron mientras que los taxis sí lo hicieron hasta las 19. Hoy el secretariado general de esa central obrera se reunirá para evaluar cómo continuar la batalla para llevar a los represores al banquillo de los acusados. Pero no sólo ellos retomarán el debate. Por la calle, muchos recorrerán en silencio las calles de Montevideo en la tradicional marcha por verdad y justicia de todos los 20 de mayo.
El mundo|Jueves, 19 de mayo de 2011
La Cámara de Diputados de Uruguay decide sobre la Ley de Caducidad

Hoy se vota el fin de la impunidad

Mientras un diputado oficialista puede hacer naufragar la iniciativa de su propio bloque, ya que se niega a alinearse con su bancada, el presidente José Mujica pidió un país “por encima de las diferencias”, en una ceremonia castrense.

Por Luciana Bertoia
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Fotos de desaparecidos uruguayos rodean un acto castrense ayer en Canelones.
Desde Montevideo
El Frente Amplio (FA) contiene la respiración, negocia y hace cálculos. La Cámara de Diputados uruguaya tratará hoy el proyecto interpretativo que promovió la coalición centroizquierdista para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que impide el juzgamiento de los represores de la dictadura (1973-1985). Un diputado oficialista puede hacer naufragar la iniciativa de su propio bloque, ya que se niega a alinearse con su bancada. El presidente José Mujica volvió a meterse de lleno en el debate. Días después de mostrarse poco entusiasmado con la eliminación de la norma, el gobernante pidió ayer un país “por encima de las diferencias” al participar de un acto por los 200 años del ejército.
Uruguay recordó ayer los dos siglos de la batalla de Las Piedras, cuando las tropas de José Artigas derrotaron a las fuerzas leales a la Corona española. En esa ocasión, Artigas inmortalizó una frase que ayer volvió a resonar: “Piedad para los vencidos”. Mujica recordó el dicho y lo usó para explicar el presente de la república oriental. “No hay superación con odio, la única superación posible es siendo mejores jueces con nosotros mismos y un poco más indulgentes con los demás”, dijo el mandatario a un día de que los diputados tengan que votar si ponen fin a la ley que deja sin castigo a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
El mensaje de Mujica es especialmente fuerte por tratarse de un ex preso político que pasó trece años de su vida en las cárceles de la dictadura. “No hay que trasladarles a las generaciones que vienen las frustraciones de la nuestra, y lo digo como un viejo que se puso un arma al cinto. Sabemos que hay dolores ocultos. Sabemos que hay viejas que lloran por los huesos de sus hijos, que hay mucho dolor y mucha injusticia”, agregó el ex militante tupamaro ante los integrantes de las Fuerzas Armadas. “Necesitamos un país que, por encima de sus diferencias, tenga el coraje de poner por delante el nosotros”, completó el gobernante.
La organización Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos estuvo ayer también en el acto. Los militantes portaban una pancarta con una pregunta que arrastran hace décadas: “¿Dónde están? Ustedes lo saben”. Oscar Urtazún, referente de ese organismo, comentó a Página/12: “A las Fuerzas Armadas les reclamamos la verdad porque ellas la tienen. Le demostramos a toda la oficialidad reunida que seguimos con nuestra exigencia porque hay muchos que quieren dar vuelta la página”.
Mientras tanto, el jefe del ejército, Jorge Rosales, dijo que las Fuerzas Armadas querían mostrar unidad, pero reconoció que estaban preocupadas por la posible eliminación de la Caducidad. Todos los jefes militares también participaron ayer de un homenaje que se realizó por cuatro militares asesinados el 18 de mayo de 1972.
Cuando se realizaban las conmemoraciones, el FA no dejaba de negociar para que pudiera aprobarse hoy la ley interpretativa que deja sin efecto tres de los artículos de la Ley de Caducidad, sancionada en 1986. La coalición gobernante impulsa desde el año pasado esta iniciativa. En octubre de 2010, el proyecto obtuvo la media sanción en Diputados. Estuvo meses trabado en el Senado porque tres parlamentarios frenteamplistas se negaban a apoyarlo, entre ellos el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. Después de un plenario en marzo, el FA disciplinó parcialmente a su tropa y el 12 de abril la Cámara alta aprobó el proyecto. Como en todo el trayecto se le incorporaron modificaciones, el texto tiene que ser ratificado hoy por la Cámara de Diputados.
La semana pasada, el mismo Mujica había puesto reparos a la hora de terminar con la Ley de Caducidad. Para el mandatario, hacerlo podría acarrear graves costos electorales para su fuerza, ya que se estarían desoyendo los referendos que en 1989 y 2009 ratificaron la amnistía. Aun así, el plenario del FA se reunió el sábado pasado y mantuvo el mandato para que los diputados votaran a favor del proyecto interpretativo.
Pero el diputado oficialista Víctor Semproni (Espacio 609, en el FA) se niega a pronunciarse junto con sus compañeros de bloque, lo que pone en serios aprietes al FA. La coalición gobernante tiene 50 diputados, mientras que la oposición cuenta con 49 (30 son del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado y dos del Partido Independiente). Si no vota Semproni, no habrá mayoría simple y el proyecto pasará a la Asamblea General, donde el FA no tiene los dos tercios necesarios.
“La única posibilidad de que yo cambie mi voto es que los tanques rusos invadan Montevideo y me obliguen a votar en el Parlamento. Como no existen más los tanques rusos con los que antes nos asustaban, esto no cambia”, dijo ayer Semproni a Página/12. Hace meses, Semproni maneja un proyecto alternativo que plantea la derogación de la Ley de Caducidad. Días atrás, Mujica le pidió al diputado que bajara los decibeles en su pelea dentro del FA. “Bajar los decibeles quiere decir que no sea tan duro con el proyecto que estoy cuestionando. Quiere que lo cuestione un poco más bajito”, respondió Semproni, quien mantuvo una reunión hasta entrada la noche de ayer con el senador frenteamplista Rafael Michelini, uno de los principales impulsores del proyecto que se debatirá hoy. Consultado por este diario tras el encuentro, Michelini prefirió no hacer declaraciones ni aventurar ningún resultado.
Otra de las alternativas que maneja la prensa uruguaya es que algún diputado opositor se ausente o se levante al momento de la votación, lo que dejaría al FA con los votos necesarios aunque Semproni no votara con su bloque. “El FA no puede especular con eso, que no va a ocurrir. La derecha de este país está alineada con la impunidad, lo ha estado desde siempre y, por lo tanto, mañana (por hoy) va a actuar en consecuencia. El que también tiene que hacerlo es el FA”, resaltó a este matutino el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el FA, otro de los promotores del proyecto interpretativo.
Las dudas se despejarán a partir de las 15, cuando arranque la sesión en el Palacio Legislativo. Para esa hora, la principal central obrera uruguaya, el PIT-CNT, convocó a un paro general parcial que se extenderá hasta las 19 y que tendrá carácter metropolitano, ya que regirá en Montevideo, en Canelones y en San José. El FA también llamó a movilizarse al Congreso para demandarles a sus legisladores que pongan fin a la Ley de Caducidad. “Mañana (por hoy) estaremos asistiendo a una jornada de fiesta o a un día de duelo, porque si efectivamente el FA no logra disciplinar a sus parlamentarios, será una nueva frustración para el pueblo uruguayo”, advirtió Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT.
Dialogos|Lunes, 13 de junio de 2011
Hugo Gutiérrez, diputado del PC chileno y abogado de derechos humanos

“Acusamos a Kissinger de crímenes contra la paz por la Operación Cóndor”

El político chileno plantea la importancia de la coordinación de las acciones de derechos humanos a nivel regional para cruzar información sobre la Operación Cóndor organizada por las dictaduras militares.

Por Luciana Bertoia
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–¿Con qué objetivo visitó Buenos Aires?
–Junto con trabajadores de los derechos humanos estamos avanzando en una coordinación entre los que sufrieron la Operación Cóndor. La originalidad de este proceso de confluencia es que se piensa sistemático, permanente y organizado. Yo tengo la impresión de que esta coordinación, de manera tácita, ha funcionado. Por ejemplo, en todo el trabajo conjunto que hubo en los juicios de Madrid, que permitieron el juzgamiento de represores argentinos y chilenos, y el principal fue nada menos que Augusto Pinochet Ugarte.
–¿Por ejemplo? –Yo creo que la brillantez que tuvieron los argentinos, con el abogado Carlos Slepoy a la cabeza, con los juicios de Madrid, fue impresionante. Los juicios de Madrid son un proceso por la dictadura argentina, que nosotros logramos instalarlo con cierto oportunismo con el tema de la Operación Cóndor. En realidad, no fue por la causa iniciada por los chilenos que fue capturado Augusto Pinochet, sino por el proceso abierto por los argentinos. Yo creo que la solidaridad judicial que ha habido entre Chile y la Argentina ha permitido que Chile tuviera un proceso interesante de ruptura de la impunidad, pero no se abrieron las puertas de esto hasta que se detuvo a Pinochet. Lo demás eran gotitas. Nosotros tuvimos un símil al Juicio de las Juntas, que fue el juicio a la DINA que mató a Orlando Letelier (N. de R: embajador de Salvador Allende en Estados Unidos). Fue nuestro show, transmitido por todos lados. Después esto se cerró hasta el año ‘98, cuando se rompe con la detención de Pinochet.
–¿Cuáles fueron los efectos concretos que tuvieron esos procesos en España hacia el interior de Chile? –Esos juicios permitieron la apertura de la Justicia en Chile, como ocurre el día de hoy con unos 1300 juicios que hay allí en contra de violadores de los derechos humanos y cerca de 700 represores que están siendo enjuiciados, más de 70 ya en prisión. Son números importantes que demuestran la coordinación que hemos tenido. Claro, esa coordinación no ha sido sistemática ni cotidiana, pero sí concurrente entre los trabajadores por los derechos humanos de Argentina y de Chile.
–¿En qué innovaría esa coordinación hoy por hoy? –Pero yo creo que lo novedoso es que hoy en día somos ciudadanos que tenemos poder estatal, es decir que somos diputados de la República, y que podemos ser parte de esta coordinación. Ya no somos estos “marginales” que hacen la política desde la puerta del Parlamento. Hoy en día, estamos instalados en el Parlamento, tenemos cierto poder e influencia y queremos utilizarlos para crear condiciones reales de coordinación entre los distintos grupos sociales que se puedan entrelazar para hacer justicia en nuestros países. Yo creo que la Operación Cóndor puede resultar una muy buena excusa para reunirnos, dialogar y traspasarnos experiencias. Pero también estos encuentros nos tienen que servir para estar atentos y que la Operación Cóndor no vuelva a pasar nunca más. Tenemos la sabiduría incorporada dramáticamente en nuestros genes para saber cuándo se avecina una nueva coordinación de la muerte, como fue la Operación Cóndor, y si no la usamos, estaremos fallando a nuestro deber de evitar que nuestro pueblo sea víctima nuevamente, el día de mañana, de un genocidio.
–¿Cuál es la importancia de juzgar la Operación Cóndor como tal, como una coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos? –Por una de esas curiosidades de la vida, yo presenté el 11 de septiembre de 2001 la querella en Chile. Me acuerdo que la estaba presentando con el fallecido diputado Juan Bustos y justo me avisan que se estaban cayendo las Torres Gemelas. Esa querella estaba direccionada en contra de Henry Kissinger y era la primera vez que se lo trataba como el imputado de un delito, como el autor mediato de toda la Operación Cóndor. Nosotros lo responsabilizábamos de crímenes contra la paz. Logramos que saliera una petición de interrogatorio desde los tribunales chilenos al Departamento de Estado norteamericano, pero que hasta el día de hoy nunca tuvimos respuesta porque Estados Unidos ampara a Kissinger. Justamente, unos días atrás, me preguntaban mi opinión sobre la muerte de Osama bin Laden y respondí que el presidente estadounidense dio la orden de ir a matarlo por los crímenes que había cometido y con eso lo que estaba justificando es que el día de mañana un presidente chileno diera la orden de ir a matar a Kissinger porque hizo lo mismo que Bin Laden en Latinoamérica. Si vamos a justificar el ojo por ojo, nosotros todavía tenemos mucha sangre en el ojo por los crímenes que cometió Kissinger.
–¿Por qué usaron la figura de crímenes contra la paz? –Lo que hicieron la Operación Cóndor y los golpes de Estado en América latina fue interrumpir procesos populares democráticos por una decisión norteamericana, y allí se atentó contra la paz. Los crímenes de guerra son con posterioridad a los golpes. Este tipo penal lo utilizamos nuevamente cuando nos querellamos por el caso de Salvador Allende y que es una de las figuras que surgen después de los tribunales de Nurenberg.
–¿Cree que el no haber sido parte de los juicios de Madrid influye para que Uruguay siga teniendo problemas a la hora de juzgar a los represores? –Yo creo que Uruguay es un poquito más lerdo, va un paso más atrás. Aceptó con mucha propiedad ese veredicto popular que convalidó la Ley de Caducidad, a diferencia de los argentinos y de nosotros. En Chile, veníamos con la amnistía de la dictadura. En Argentina, tenían la amnistía que les diseñaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Uruguay está en el medio porque fue el pueblo el que la aprobó. Ahí tenemos las tres variantes, pero la chilena es la más claramente ilegítima.
–¿Qué pasa con la amnistía en Chile? –Sin haber derogado esa ley, hoy en día no se aplica, lo que es muy interesante. Nosotros hemos batallado contra toda una institucionalidad, que luego de la dictadura no ha cambiado nada. La construcción política que diseñó Pinochet es la misma que está hoy vigente en Chile: el modelo económico, los jueces, los tribunales militares, que se terminaron el año pasado.
–¿A qué cree que se debe la insistencia del gobierno de Sebastián Piñera para poner en el debate la posibilidad de indultar a los represores condenados? –Estamos en un gobierno de derecha y este gobierno, sin duda, tiene un compromiso con todos aquellos que “salvaron al país del cáncer marxista”. Como dijo Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, esta derecha gobernante recuperó con mano ajena, con las fuerzas armadas chilenas, el control del Estado. En consecuencia, yo creo que hay una “deuda” que este gobierno de derecha tiene que pagar con los “salvadores de la patria”, que hoy en día están encarcelados por violar los derechos humanos. Por eso, todo lo que vemos en cuanto a indultos, libertades condicionales, restricciones de los plazos de investigación de la Justicia son una concesión de favores a esos con los que comulga.
–Pero el año pasado, una encuesta mostró que la población estaba mayoritariamente en contra de indultar a los represores y Piñera dio marcha atrás. ¿Eso no muestra que está tratando de evitar el costo político? –Yo creo que si hay algo que está impidiendo que Piñera indulte a los violadores de derechos humanos en Chile es justamente una opinión pública que es renuente a que eso ocurra. Pero si hubiese una encuesta que dijese que no se ve mal indultarlos, Piñera lo haría.
–Los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón fueron un puntapié para que chilenos y argentinos empezaran a llevar a los criminales ante la Justicia. ¿Cómo percibe el proceso que tiene que afrontar actualmente ese mismo magistrado cuando pretende investigar los propios crímenes del franquismo? –El auto de apertura del juicio contra el franquismo dictado por Garzón es un enjuiciamiento de la transición democrática española y de la institucionalidad vigente. En ese instrumento jurídico, Garzón señala de manera clara y en varias oportunidades que la institucionalidad existente en España es producto de un acto criminal. Es decir, surge de un terrorismo y de un acto de insubordinación de las fuerzas armadas. Es una institucionalidad que nace de la fuerza más violenta y descarada contra el pueblo español. Garzón se encarga de demostrarlo y señala los casos de mujeres embarazadas privadas de la libertad que eran fusiladas después de tener a sus hijos; de la unidad que crearon para ir a traer e introducir en orfelinatos a los niños, hijos de republicanos, que habían huido a Francia. La persecución que se direcciona en contra de Garzón es producto de haber evidenciado una verdad que todos ocultan o niegan en España. Además, él enjuicia la transición cuando desvirtúa la aplicación de la Ley de Amnistía, aludiendo a la doctrina de derechos humanos, aunque sea una norma que surgió cuando Francisco Franco estaba muerto. La transición española está basada en una ley de amnistía. Es tan fuerte la crítica que hace Garzón, que provocó una sobreRreacción del Estado español, que hizo que le inventaran todos estos juicios por prevaricato. La idea era enlodarlo para que lo que estaba diciendo en su auto de apertura no tuviese influencia en la gente. Pero la verdad está dicha en ese auto y el día de mañana, ése va a ser considerado como un documento histórico y vital en lo que se refiere a la historia reciente en España.
–¿No es paradójico que grandes sectores sociales españoles hayan apoyado los juicios a los represores latinoamericanos pero no estén interesados en llevar a los represores franquistas al banquillo de los acusados? –Yo todavía no dejo de repudiar la postura que tuvieron los partidos populares en España. Sigo sin entender cómo los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Español (PCE), juraron lealtad a la monarquía. La otra cosa es que hayan sido parte de los acuerdos de La Moncloa y hayan aceptado la amnistía. Son cosas que son intolerables.
–¿Cómo se construyó memoria de lo que significó la dictadura en Chile? –Siento que en mi país, la historia alternativa o no oficial ha sido muy potente. No logró instalarse una verdad sobre el poder. Nosotros hemos instalado una historia no oficial, que es un gran logro en Chile. No obstante, la transición democrática en los términos en que se hizo fue llevada a cabo con mucha cobardía política. Yo creo que si algo hay que repudiarles a las autoridades que redireccionaron la transición política chilena es que fueron abiertamente unos cobardes, que no quisieron enfrentar a las fuerzas armadas sino que, por el contrario, respetaron toda la institucionalidad dejada por Pinochet y que fueron incapaces de cambiarla por dentro, como ellos querían hacerlo. Es por eso que hasta el día de hoy tenemos la Constitución, el modelo económico, una doctrina de seguridad pública y la cultura represiva diseñados por Pinochet. En lo único que logramos romper los esquemas fue en la mantención de la impunidad que había dejado Pinochet y que, por supuesto, la clase política instalada durante la transición también estaba dispuesta a respetarle. Pero fueron las organizaciones sociales y los partidos populares los que lograron romper con eso.
–¿Sólo por cobardía entiende que se mantuvieron las estructuras? –Muchos integrantes de la clase política que gobernó hasta hace un año atrás la transición están cooptados por el modelo neoliberal, y eso lo puedo ver día a día en el Parlamento. ¿Por qué no se puede construir oposición en Chile? Porque los partidos de la Concertación nunca tuvieron un proyecto político contrario a la dictadura, su proyecto político siempre fue subalterno a las políticas públicas diseñadas por la dictadura. Entonces, la pregunta es cómo pueden ser ellos oposición a algo que ellos mismos administraron.
–¿Un ejemplo de ello sería la Ley Antiterrorista, un legado de la dictadura pinochetista que se mantuvo durante los años de gobierno de la Concertación? –Efectivamente, la Ley Antiterrorista es una ley de Pinochet, pero quien la hizo más perjudicial para las fuerzas sociales y políticas fue la Concertación. Porque agregó tipos penales como los incendios. Durante la presidencia de Ricardo Lagos, hubo una modificación que permite que el Ministerio Público por sí solo califique tus hechos como terroristas y te aplique toda la legislación antiterrorista, sin tener que mediar un juez. Ahora vamos a presentar un proyecto para que vuelvan a ser los tribunales de garantías los que señalen si una conducta es o no conducta terrorista.
–¿Qué involucra su aplicación? –Significa aumentar los plazos de detención extrajudicial, los plazos de incomunicación, que pueden aplicarse los testigos sin rostro, es decir, los que declaran en estas causas que son anónimos desde que se presentan hasta después. La legislación antiterrorista fue agravada por los gobiernos de la Concertación y que hoy la utiliza muy bien el gobierno de derecha.
–¿Qué opina de la reapertura del caso por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el consecuente reclamo a la Argentina de que extradite a Galvarino Apablaza? –Yo creo que lo que ha pasado con el caso Guzmán es una evidencia de la necesidad que tiene la derecha de construirse una agenda de derechos humanos, que se pueda oponer a la agenda de derechos humanos que tenían los gobiernos de la Concertación, que –con todas las críticas que uno les puede hacer– tuvieron la deferencia de no instar por la impunidad. Ese es el gran logro que tuvo la Concertación en sus 20 años de gobierno. La derecha igual tiene necesidad de instalar una agenda de derechos humanos y no sólo involucra el caso Guzmán sino también el caso Manuel Olate, el caso “Bombas” (que es un caso contra los anarquistas), el caso del paquistaní que detuvieron supuestamente entrando con explosivos a la embajada norteamericana, el caso de los mapuches. Con todos esos temas, le salió el tiro por la culata.
–En el juicio por la extradición de Olate a Colombia por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo involucraron a usted también. ¿Cómo responde a esa acusación? –Trajeron a un agente antisubversivo colombiano a declarar y él determinó una cadena de mandos al interior de esta estructura terrorista y por supuesto me pone dentro de ella. Me han acusado de tantas cosas que una más... (bromea). Yo creo que lo que busca Colombia es internacionalizar la lucha contra las FARC y básicamente involucrar a todos los países latinoamericanos para quitarles cualquier tipo de apoyo. Nosotros, como Partido Comunista Chileno (PCCh), seguimos reivindicando nuestro derecho a solidarizarnos con todas las organizaciones que luchan por la justicia social y reivindicamos lo que ha hecho Olate, que no fue nada ilegal. Nosotros somos partidarios de un entendimiento en Colombia, que el Estado inicie el diálogo con las FARC para encontrar una solución a un proceso larguísimo de violencia que nosotros también queremos que termine.
–¿Cómo tomó la noticia del asesinato del ex agente Enrique Arancibia Clavel, ocurrido días atrás en Buenos Aires? –Fue una noticia que impactó. Porque creo que haber condenado a Arancibia Clavel por la Justicia argentina y después haber permitido un juicio en Chile sobre el asesinato del general Carlos Prats y su señora rompió un mito: el que decía que los crímenes cometidos por la dictadura eran excesos y que no había una institución comprometida con las violaciones a los derechos humanos, es decir que las fuerzas armadas –fundamentalmente el ejército– estaban ajenas a esos crímenes. Con el asesinato del general Prats lo que se demuestra es el compromiso de la dictadura encabezada por Pinochet y del ejército, que se atrevió a nada más y nada menos matar a un comandante en jefe de esa fuerza. Yo creo que fue muy determinante que en estos juicios, tanto en Argentina como en Chile, el primer condenado haya sido Arancibia Clavel.
–¿Qué expectativas tiene con la exhumación del cuerpo de Allende? –Unos meses atrás estuve hablando con Joan Garcés (N. de R.: Jurista, fue asesor del presidente socialista) y me decía: “Si a un vecino cualquiera se lo encuentra muerto en una ciudad cualquiera de Chile, su muerte se va a investigar en un proceso penal. ¿Por qué en el caso de Salvador Allende, él no ha tenido proceso penal? Después llegué a Chile y justamente una de las motivaciones que llevé de vuelta era que el tema de Salvador Allende no podía quedar en la penumbra. Yo creo que se están llevando a cabo investigaciones que pueden ser relevantes. De hecho, el próximo 23 será la autopsia.
–¿Y qué opina de la apertura de la causa por el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva? –Fue el primer presidente de la República que ha sido asesinado en Chile. Al margen de que se logre acreditar quién ha sido su autor, lo grave es que la dictadura no tembló ante nada, que incluso le cortó la vida a un ex mandatario. Esas son las dimensiones que tuvo la dictadura en mi país, que llegó a matar a un ex presidente, también salió fuera de las fronteras a matar gente. Fue una dictadura con gran vocación internacionalista.



Dialogos|Lunes, 13 de junio de 2011
¿Por qué Hugo Gutiérrez?

El Plan Cóndor, desde Chile

Por L. B.
Hugo Gutiérrez remarca, cada vez que puede, su filiación política. Es uno de los tres diputados con los que el Partido Comunista de Chile (PCCh) logró en 2010 regresar al Congreso tras casi 37 años de ausencia. Allí preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por su larga trayectoria como abogado y militante. “Hoy sigo defendiendo los derechos humanos de todos aquellos a quienes las autoridades públicas o agentes del Estado se los atropellan”, se define en su página web.
En plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se creó la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que funcionaba como una coordinadora para acompañar a la sociedad civil que lograba vencer el terror para movilizarse contra el régimen que había derrocado al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973). Gutiérrez militó en la Codepu hasta 2002 y fue un referente de ese organismo, especialmente en lo que se refiere a la lucha por la verdad y la justicia.
Como querellante impulsó a fines de los años ’90 la causa por la “Caravana de la muerte”. Con ese nombre se recuerda a la comitiva militar que partió pocos días después del sangriento golpe del ‘73, recorriendo norte y sur del país, para sembrar la muerte. En ese viaje de exterminio, la Caravana de la muerte se cobró 96 víctimas. Esa causa constituyó el primer procesamiento de Pinochet. Gutiérrez también intervino en la denuncia de la Operación Colombo, como se conoce a la acción con la que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena pretendió en 1975 hacer pasar como una caída en combate el asesinato de 119 opositores, la mayoría de ellos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por esa causa, se pidió el desafuero de Pinochet. Esa fue otra de las medallas que Gutiérrez se colgó en 2005, cuando la Corte Suprema trasandina le retiró la inmunidad al dictador. Además, al actual diputado y docente universitario fue parte en la causa por la Operación Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras de la región. Intervino en los procesos en España que el juez Baltasar Garzón llevó adelante contra Pinochet.
Días atrás, estuvo en Buenos Aires para organizar junto con su par argentino Remo Carlotto un encuentro de parlamentarios y referentes de derechos humanos para tratar las consecuencias del Plan Cóndor. Un primer encuentro de este tenor ya se realizó en marzo en Buenos Aires; el segundo será en junio en Uruguay y el tercero, en Santiago para el 11 de septiembre. “Estamos tratando de crear una alianza política y social que permita adelantarse a lo que estas mismas oligarquías puedan construir en el futuro cuando vean que peligra su interés. Yo creo que, hoy en día, tenemos la sabiduría, los conocimientos y las capacidades para asegurar el Nunca Más”, explicó el abogado chileno a Página/12.
El mundo|Viernes, 29 de abril de 2011
EL GOBIERNO ESPAÑOL PUBLICARA UN MAPA CON LAS TUMBAS DE LA GUERRA

Los fusilados del franquismo

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió publicar la próxima semana un mapa con la localización de algunos de los enterramientos clandestinos que realizó el franquismo durante la guerra y la dictadura.

Por Luciana Bertoia
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Unas dos mil fosas comunes están diseminadas por el territorio ibérico y la mayoría de ellas siguen cerradas.
Los familiares quieren una tumba en la que llorar a sus muertos o llevarles una flor en su memoria. A más de 35 años del final de la dictadura de Francisco Franco, España sigue desenterrando a los fusilados. Unas dos mil fosas comunes están diseminadas por el territorio ibérico y la mayoría de ellas siguen cerradas. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió publicar la próxima semana un mapa con la localización de algunos de los enterramientos clandestinos. Los familiares saben que es un pequeño avance después de décadas de postergación, pero también son conscientes de que sigue pesando sobre sus espaldas la responsabilidad de buscar, desenterrar e identificar a sus muertos.
La dictadura de Franco gobernó y moldeó a España durante 40 años. Sus consecuencias siguen haciéndose presentes, más allá de las ausencias que ocasionó. Más de 30 mil niños fueron arrancados de los brazos de sus madres republicanas para protegerlos del “gen rojo”. La mayoría de ellos, hombres y mujeres que en algunos casos superan los 70 años, siguen sin saber su verdadera identidad. La cifra total de los desaparecidos supera con creces los 100 mil. Todos ellos enterrados en cerca de unas 2000 fosas clandestinas.
Pese a la represión y al temor, los familiares nunca abandonaron su deseo y su derecho de llevar una flor al lugar donde sospechaban que estaban sus seres queridos. Desde los años ’70, algunos se pusieron una pala y un pico al hombro y hozaron la tierra para recuperar lo que es suyo. Recién en el año 2000, las inhumaciones empezaron a ser realizadas por un equipo científico, al que debieron convocar y pagar los parientes de las víctimas. Desde entonces, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estima que se encontraron poco más de 5000 restos. En 2007, algunos organismos de derechos humanos respiraron esperanzados cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Pero a tres años de su sanción, esa norma cosechó más deudas que conquistas. “El gobierno está teniendo una aplicación muy tibia y rácana de los postulados que plantea la ley”, denunció a este diario Gaspar Llamazares, vocero de Izquierda Unida en el Congreso español.
Emilio Silva, presidente de ARMH, desenterró hace diez años a su abuelo que había sido fusilado por los falangistas en 1936, cuando se inició la Guerra Civil Española. Silva criticó al Ejecutivo español por haberlos dejado solos. “El gobierno en la Ley de Memoria Histórica no quiso responsabilizarse de la búsqueda”, remarcó por teléfono desde Madrid, consultado por Página/12. A través de esa norma, las autoridades se comprometen a colaborar con los particulares en la localización e identificación de las víctimas. También se establece que el gobierno debe confeccionar un mapa que incluya los lugares donde hay enterramientos clandestinos.
Días atrás, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, informó que el mapa estaría listo para la semana que viene, aunque ese anuncio generó suspicacias dentro de las organizaciones. “Es un trocito del mapa. No es el mapa en su totalidad, es una parte que integra a las comunidades autónomas”, destacó Silva. “Estamos bastante enfadados porque nosotros lo que le pedimos al gobierno es que ayude a las familias. Pero además de no ayudarlas, va a meter esto del mapa en la contienda electoral porque lo van a hacer público el 6 de mayo, que es cuando arranca la campaña para las elecciones municipales y autonómicas”, se enojó. “El mapa es útil, pero es más útil que ayude a los familiares que tienen más de 80 años y que están esperando morirse habiendo identificado a los seres queridos a los que buscan”, completó el nieto de represaliados del franquismo.
Las familias siguen siendo las que llevan adelante la búsqueda. Si bien el gobierno dedica cerca de nueve millones de dólares para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, eso no parece ser suficiente. “En el fondo, esto es como una especie de autoservicio, en donde las familias tienen que proporcionarse autoverdad, autojusticia y autorreparación. Realmente, el gobierno español está eludiendo su responsabilidad”, subrayó el titular de la ARHM. “Consideramos que el gobierno también debe intensificar la colaboración económica con las asociaciones de memoria para que se puedan llevar a cabo estos desenterramientos y los análisis de estas fosas, que se sabe dónde se encuentran, pero falta el impulso judicial, económico y político para que se pueda actuar sobre ellas”, apuntó Llamazares.
La búsqueda se realiza sin ninguna presencia del Estado, más allá de la subvención que se les otorga a las asociaciones para que puedan contratar a un arqueólogo. El resto lo hacen los voluntarios. “Cuando aparecen los restos, nosotros lo denunciamos a los jueces. Según las leyes españolas, la aparición de restos humanos con signos de violencia requiere de la presencia inmediata de un juez. Pero nunca, salvo en tres casos, va un juez”, explicó Silva. “Son magistrados que están incumpliendo las leyes conscientemente. Nosotros vivimos en el mundo del revés. El juez que investiga es un delincuente y con el que no investiga, no pasa nada”, se lamentó.
Quien sí intentó sanar las heridas que tienen los parientes de los represaliados fue el juez Baltasar Garzón, pero el Tribunal Supremo de España entendió el año pasado que su osadía merecía ser castigada con la suspensión. Por eso, el magistrado que supo perseguir a los represores argentinos y chilenos debió migrar de su despacho en la Audiencia Nacional a la espera de que se realice el juicio por el supuesto cargo de prevaricato. “Hay una hipocresía judicial. Nadie o casi nadie ponía reparos a que la Audiencia Nacional interviniera por los crímenes cometidos por las dictaduras chilena y argentina. Pero eso mismo debería suceder con lo que es nuestra propia historia, o sea, con lo que fue la guerra civil y la dictadura franquista”, reclamó Llamazares.
Hasta que no decida la situación de Garzón, las causas vinculadas a la represión del franquismo seguirán durmiendo en un cajón. Los familiares, con las esperanzas intactas pero con sus espaldas más cansadas, volverán a tomar las palas para desenterrar a sus muertos.
El mundo|Sábado, 30 de abril de 2011
El gobierno socialista espera que la flexibilización dé resultados en el próximo trimestre

El desempleo bate un record en España

En vísperas del 1º de Mayo, se anunció que un 21,9 por ciento no tiene trabajo, cifra que en algunas regiones llega a la mitad entre los jóvenes. Críticas muy duras desde la izquierda y la derecha.

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Casi cinco millones de españoles no tienen empleo.
España no puede salir de la crisis. El desempleo trepó hasta el 21,9 por ciento, lo que quiere decir que casi cinco millones de personas no encuentran trabajo. Este promedio se agrava entre los jóvenes: en algunas comunidades, sólo la mitad de ellos logran un trabajo, como divulgó ayer un informe del Instituto de Estadísticas. El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero reconoció que la situación laboral está en su peor momento. En este marco, las organizaciones de trabajadores se preparan para las marchas del 1º de Mayo.
El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que salir a dar la cara junto con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. No había palabras para justificar el incesante aumento del desempleo en España, más allá de la reforma laboral y del acuerdo de pensiones alcanzado el año pasado por el gobierno y los mayores sindicatos españoles. “Estamos en el peor momento”, tuvo que reconocer el número dos de La Moncloa y agregó que el de-sempleo llegó a su punto máximo. Tan alto fue el techo que alcanzó, que triplica el de Alemania, un país que desde la reunificación debió convivir con ese fantasma. Pero Rubalcaba no cree que ésta sea una tendencia irreversible. “Costará superar la crisis en el empleo. Pero abril, mayo y junio serán buenos meses”, pronosticó. “Vamos a crear puestos en los próximos meses”, prometió el hombre que se perfila para suceder a Zapatero al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones del año próximo.
Quienes sí esperan que el gobierno cumpla con su plan de creación de fuentes laborales son los jóvenes, que cada vez ven más difícil su inserción en el mercado de trabajo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida ayer, la tasa de paro entre los menores de 25 años en Andalucía, Canarias, Valencia y Extremadura supera el 50 por ciento. Mientras que Navarra y el País Vasco son las regiones con menor desempleo juvenil pero aun así la cifra ronda el 30 por ciento. Semanas atrás, los jóvenes organizaron una marcha importante en Madrid para denunciar que son ellos quienes pagan la crisis que en los últimos años sacude a Europa y en especial a España. “Lo que anunciaron con respecto al desempleo es el colmo. Demuestra que, como venimos denunciando, la reforma laboral no está sirviendo para nada”, dijo a Página/12 Fabio Cortese, referente de la plataforma Juventud Sin Futuro, que el pasado 7 de abril ocupó las calles madrileñas.
Por otro lado, el gobierno también intenta llevar adelante acciones para terminar con el “trabajo sumergido (en negro)”. La Moncloa les dará a los empresarios tres meses de gracia para regularizar la situación de los trabajadores “en negro” y sus deudas con la seguridad social. “Hasta el 31 de julio del presente año se mantendrán las actuales multas y sanciones para empresarios y trabajadores en caso de empleo irregular. Transcurrido este período, las sanciones se endurecerán”, alertó el ministro Gómez. Las multas que llegaban hasta los 6250 euros subirán en julio hasta los diez mil. “Esto es una amnistía para los empresarios que incumplen con sus responsabilidades”, protestó Cortese. Desde Comisiones Obreras (CCOO) también repudiaron la decisión gubernamental. “El único horizonte que les propone el gobierno es pasar a un contrato temporal, precario y con efectos sobre las cotizaciones sociales también limitado en el tiempo”, se quejó Ignacio Fernández Toxo, secretario general de ese sindicato.
La lluvia de críticas a la administración Zapatero también llegó de la mano de la derecha. “El Partido Popular (PP) no se va a resignar, como hacen los actuales gobernantes, a que casi cinco millones de españoles no puedan llevar un proyecto de vida porque hay gente al frente del gobierno incapaz de gestionar la economía”, disparó Mariano Rajoy, candidato de ese partido para pelear por el Ejecutivo en los comicios generales de 2012.
Con un desempleo cada vez más acentuado y con el PSOE derrumbándose en los sondeos electorales, los trabajadores españoles saldrán a las calles el próximo domingo. “El 1º de Mayo en España estará marcado por el rechazo al plan de ajuste del gobierno y a la reforma laboral”, advirtió la Unión General de Trabajadores (UGT).
Informe: Luciana Bertoia.
El mundo|Lunes, 18 de abril de 2011
Habla Jair Krischke sobre la Comisión de la Verdad

“Confiamos en Dilma”

Brasil está debatiendo la creación de una Comisión de la Verdad, una propuesta que existía desde la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, pero que fue retomada con mayor fuerza por Dilma Rousseff. Jair Krischke es consejero fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos y días atrás visitó Buenos Aires, desde donde hizo con Página/12 un repaso crítico de la administración de Lula y compartió sus esperanzas de que el mandato de Rousseff traiga aliento a los que luchan por el castigo de los represores de la dictadura brasileña (1964-1985).
–¿Qué opinión tiene de la Comisión de la Verdad que impulsa el gobierno? –Es un problema. Costó mucho trabajo y mucho esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y de los familiares para llegar hasta este momento. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, quiere unir verdad con reconciliación. Eso es absolutamente imposible. La reconciliación es una palabra muy hermosa pero trae exigencias: quien ofendió tiene que reconocer lo que hizo, que cometió un crimen; luego tiene que pedirles perdón a los familiares de las víctimas, que lo perdonarán o no. Pero los militares brasileños no reconocen lo que hicieron y jamás pedirán perdón.
–¿Tiene esperanzas de que se concrete la comisión? –Yo confío en Dilma. Ella no es Lula, que con el tema no quería saber nada. Durante los ocho años que estuvo en el gobierno, no recibió nunca a los familiares. Dilma es distinta. Es una mujer ubicada en el tema, sabe de qué se trata y quiere que se cree la Comisión de la Verdad. Tenemos grandes expectativas pero sabemos que no va a ser fácil.
–¿Cómo evalúa el trabajo de la actual Secretaría de Derechos Humanos? –La ministra María del Rosario ya declaró públicamente que comparte la postura con el ministro Jobim. Eso nos preocupa pero la sociedad civil brasileña va a trabajar en el tema para ver si logramos un avance. María del Rosario declaró a la prensa que la Comisión de la Verdad no va a punir a nadie. Claro que ninguna Comisión de a Verdad no va a castigar a nadie. Lo que debe hacer es entregarle la información a la Justicia.
–¿Qué piensa de que el Tribunal Supremo haya ratificado el año pasado la Ley de Amnistía de 1979? –Antes de hacer la presentación ante la Justicia, yo le dije al presidente del Colegio de Abogados que no deberíamos hacerlo. Porque conociendo cómo se posiciona siempre nuestra Corte Suprema, ingresar esta causa y salir perdiendo iba a implicar cerrar el tema. Y este tema no es para nada jurídico: es político y se tiene que discutir a nivel político.
–¿Puede servir para eso la sanción del año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vigencia de esa norma? –Eso fue muy importante para nosotros. Las organizaciones de derechos humanos le mandamos una carta a la presidenta para pedirle que se cumpla con la decisión de la Corte-IDH.
–La sanción de la Corte IDH se refiere a la represión contra la guerrilla de Araguaia. ¿Qué pasó con los archivos secretos que se refieren al accionar de los militares en ese caso? –Cuando Lula asumió, la Justicia mandó a abrir los archivos sobre el tema Araguaia. La orden decía que si no lo hacía en quince días, pesaría una multa diaria. El gobierno fue hasta la Suprema Corte para apelar esa resolución y perdió. La notificación final que exigía la apertura llegó en octubre de 2007 al Palacio del Planalto. Inmediatamente, Jobim designó un equipo para ir a Araguaia a buscar los cuerpos, pero sin los familiares. El equipo no encontró nada. Una semana o diez días después, una hermana de uno de los desaparecidos fue e hizo unas excavaciones a 30 metros y encontró huesos. Parece una broma, pero esa era la posición de Lula: no hacer nada.
Entrevista: Luciana Bertoia.