miércoles, 13 de abril de 2011

Traban la causa de Víctor Jara

La Justicia chilena rechazó unas diligencias para identificar a los responsables del secuestro y el asesinato del cantautor Víctor Jara. Esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago podría facilitar el cierre de la causa, que hasta ahora sólo tiene un imputado.
El fallo de la Cámara de Apelaciones ratificó la determinación del juez Eduardo Fuentes Belmar, que negó a los querellantes realizar careos y otros procedimientos para dar con los oficiales del ejército chileno que revistaban en el Estadio Nacional, donde estuvo secuestrado y fue asesinado el autor de “Te recuerdo Amanda”. “Son aproximadamente diez los sospechosos”, explicó a Página/12 Cristian Cruz, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior trasandino.
La causa por el asesinato de Jara fue reabierta hace poco más de un año. En mayo del año pasado, se presentó ante la Justicia el ex conscripto José Paredes Márquez y relató cómo acribillaron de 44 balazos al cantautor.
El 15 de septiembre de 1973, Paredes estaba de guardia. Cerca de la medianoche, trajeron a quince detenidos, entre ellos el autor de “Plegaria de un labrador”. Un subteniente jugó a la ruleta rusa en la sien de Jara y lo asesinó. El folclorista cayó al suelo y el oficial les ordenó a los conscriptos rematarlo. Después, el subteniente ordenó que retiraran el cuerpo del músico. Los otros catorce detenidos fueron también asesinados. En su declaración, Paredes agregó que en la ejecución participó Edwin Dimter Bianchi, un brutal oficial al que apodaban “El Príncipe”.
El pedido de los abogados consistía en que los jueces crucen esos datos y hagan careos que permitan identificar a quienes ordenaron asesinar a Jara y a quienes lo hicieron. Los querellantes apelaron seis veces la decisión del juez Fuentes Belmar, pero no obtuvieron éxito frente a su demanda, y Paredes, un ex conscripto, sigue siendo el único acusado por el feroz homicidio de Jara. “Acá hay otros culpables. Son la gente que mandó a disparar y torturar”, dijo en 2009 Joan Jara, la viuda del cantautor, al que recién a fin del año pasado se le realizó su funeral público.
“El proceso de Víctor Jara ha sido llevado, una y otra vez, a una denegación de justicia”, subrayó Alicia Lira, titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). La referente del organismo de derechos humanos se quejó por la ineficiencia del magistrado que entiende en la causa. “Ejerce la complicidad para retrasar el proceso”, disparó Lira, que no descartó que los familiares de Jara impulsen alguna medida para separar a Fuentes Belmar del expediente.
En el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior están evaluando los pasos a seguir. Cruz teme que este fallo allane el camino para volver a cerrar la causa. “Ahora todo depende del tribunal, el mismo que ya cerró en su momento la investigación, sin resultados”, se quejó el abogado. “Hay que perseverar en buscar a los responsables sea como sea porque un conscripto no se mandó solo”, añadió.
“Con esta causa pasa lo mismo que pasa con todos los casos de derechos humanos en la región, que llevan más de treinta años en obtener justicia”, dijo Cruz. El abogado se sumó a las críticas de varias organizaciones porque menos de 70 represores están en las cárceles. Los que sí están cumpliendo efectivamente sus condenas gozan de condiciones de reclusión de privilegio, según denuncian la AFEP y otros defensores de los derechos humanos.

Informe: Luciana Bertoia.

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Los mapuches, presos y en huelga de hambre

Los mapuches, presos y en huelga de hambre

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Piñera no da señales para destrabar el conflicto.
Hace más de veinte días que 31 mapuches están en huelga de hambre en las cárceles chilenas. Están presos por la aplicación de la llamada ley antiterrorista. El gobierno de Sebastián Piñera no mostró intención de destrabar el conflicto. Mientras tanto, la salud de los indígenas se sigue deteriorando.
La huelga de hambre líquida arrancó el 12 de julio en los penales de Concepción (centro) y Temuco (sur). Progresivamente, se fueron sumando reclusos mapuches de otras cárceles. Los mapuches dijeron, a través de un comunicado, que extenderían la medida hasta las últimas consecuencias. Los presos reclaman que dejen de aplicarles la ley antiterrorista, un instrumento legal sancionado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además, exigen que sus causas no sean derivadas a tribunales militares y demandan acceder a un juicio justo. La desmilitarización de los territorios de la comunidad también es otro de los reclamos que les hacen a las autoridades chilenas. En el sur de Chile, las empresas agrícolas y forestales ocuparon las tierras ancestrales.
Organizaciones de defensa de las comunidades originarias denunciaron en el fin de semana que se está deteriorando a pasos agigantados la salud de los detenidos en la cárcel de Angol, al sur de Santiago. Según manifestó el Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco, los reclusos sufrieron maltrato psicológico de parte de los gendarmes y no recibieron asistencia médica por parte de los uniformados. Ayer se realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar al Ejecutivo que escuche las demandas de los indígenas, pero el silencio oficial sigue sin romperse.
Los mapuches en huelga de hambre están en prisión preventiva hace más de un año y medio, ya que la legislación antiterrorista habilita a que estén en esa condición hasta por dos años. De acuerdo con la normativa aprobada en mayo de 1984, también se les puede impedir el acceso a la causa a los abogados defensores de los procesados.
“La aplicación sistemática de la ley antiterrorista es discriminatoria porque levanta acusaciones contra personas que reclaman por sus derechos legítimos. Se aplica esencialmente a personas mapuches”, dijo a Página/12 Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional (AI) de Chile. AI le reclamó al presidente Sebastián Piñera que se revise esa legislación que podría cuestionarse como inconstitucional”, según indicó su titular.
AI no está visitando a los presos mapuches en huelga de hambre por pedido expreso de los indígenas. Pero Laurenti remarcó que la organización con base en Londres apoya el reclamo. En un informe presentado en mayo al presidente Piñera, AI manifestó su preocupación por la situación de los pueblos originarios. “El uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y la actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta”, dijeron desde la organización.
Más de 105 mapuches están presos, condenados o procesados en el país trasandino por la demanda territorial y a 57 se les aplicó la ley antiterrorista. Según un informe de la Comisión de Etica contra la Tortura de Chile, el número de criminalizados se duplicó en sólo un año. Entre los delitos por los que se los imputa están los de incendio terrorista, homicidio frustrado, lesiones con carácter terrorista, amenazas y asociación ilícita terrorista.

Informe: Luciana Bertoia.

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Piñera concederá indultos particulares

El presidente Sebastián Piñera anunció ayer que concederá indultos particulares por el Bicentenario de Chile. Pero prometió que no recibirán el beneficio los represores que estén condenados. Dentro de los organismos de derechos humanos hubo alivio por la noticia.
A mitad de la semana pasada, la Iglesia Católica le había presentado a Piñera su propuesta de indultos para el Bicentenario. El Episcopado trasandino había reclamado que fuera atendida la situación particular de los represores y que se la evaluara de acuerdo con el nivel de responsabilidad y de autonomía que habían tenido durante el régimen de facto. Desde entonces, la sociedad chilena había estado dividida sobre si era aceptable que los criminales de la dictadura pinochetista salieran de las cárceles.
Ayer Piñera puso fin la incertidumbre que reinaba en su país. Tras analizar la propuesta de indultos de la Iglesia Católica y de la evangélica, el mandatario de derecha dijo que excluirá del perdón presidencial a los condenados por delitos graves, como los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios y violaciones. “No es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general”, precisó. El presidente trasandino explicó que iba a analizar, uno a uno, quiénes sí serían indultados para septiembre próximo y que para tomar esa determinación atendería a consideraciones de carácter humanitario.
En cadena nacional, el gobernante chileno destacó el espíritu de reconciliación que buscaron las instituciones religiosas. Sin embargo, tuvo que remarcar que las propuestas habían reavivado las divisiones y las tensiones entre los chilenos. A pesar de que Piñera no dio lugar a su pedido completo, los referentes católicos se mostraron conformes por la decisión. El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, dijo a la prensa: “Nos deja muy satisfechos, nos deja satisfechos sobre todo el hecho de que el debate se instaló en la comunidad nacional”.
Los aliados de Piñera salieron a respaldar su anuncio. El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó de prudente y reflexiva la determinación del mandatario. “Ha hecho lo que más ha podido siempre considerando los intereses superiores del país, como la seguridad pública, que es un valor muy relevante, y lo que se pueda hacer en materia de reconciliación que tiene que tener una base de unidad”, opinó el parlamentario.
Sin embargo, los militares retirados no pudieron ocultar su desazón por no ser incorporados al beneficio que otorgará el mandatario cuando en dos meses Chile festeje su Bicentenario. El general retirado Rafael Villarroel volvió a reclamar beneficios carcelarios para sus compañeros de armas. “Piñera, como político y presidente de todos los chilenos, verá el beneficio general para el país”, afirmó el presidente del movimiento Chile Mi Patria.
Mientras, la oposición respiró más tranquila. “Es un gran triunfo del movimiento de derechos humanos, que en todas sus expresiones afirmó que bajo ninguna condición aceptaría que por la vía del indulto se impusiera la impunidad”, festejó el diputado comunista Lautaro Carmona.
El abogado Roberto Garretón dijo a Página/12 que sintió alivio cuando Piñera descartó los indultos generales. “El presidente habló de reconciliación, de perdón, pero no de justicia”, relató. “Los crímenes contra la humanidad tiene que perdonarlos la humanidad y no una autoridad chilena solamente”, disparó el referente de derechos humanos.
“Nunca va ser el momento para el indulto a aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad”, respondió Alicia Lira al discurso de Piñera. La titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) protestó contra la reconciliación que pretenden las autoridades políticas y las religiosas. “La reconciliación pasa por la sanción y por el hecho de que paguen los represores sus crímenes en las cárceles sin ningún beneficio”, subrayó Lira. “Quieren una reconciliación que sea más impunidad de la que ya existe en este país.”
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se mostró preocupada por la posibilidad de que el anuncio de Piñera guarde algún truco para terminar beneficiando a los represores de la dictadura pinochetista. “Ha habido rebajas de penas y se puede buscar subterfugios en este caso a caso para que algunos de los 64 sujetos que están cumpliendo condenas no sean considerados como criminales de lesa humanidad”, afirmó Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
El abogado Garretón no consideró que ésa sea una posibilidad. “Sería una vergüenza internacional”, dijo el jurista.

Informe: Luciana Bertoia.
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Echan de Argentina a un preso chileno

El Ministerio del Interior chileno logró llevarse a uno de los hombres más buscados en el país trasandino. Juan Aliste Vega está acusado de haber participado en un robo a un banco, donde murió un carabinero. Un Tribunal Militar de su país lo reclama para juzgarlo mediante la ley antiterrorista chilena. Según el diario chileno La Tercera, el 18 de octubre de 2007, Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega, Carlos Gutiérrez, junto a Freddy Fuentevilla y Víctor Jerez, habrían asaltado la oficina del banco Security. En la huida, alguien del grupo le habría disparado al cabo Luis Moyano, quien murió en el lugar.
En la terminal de Retiro, la División Antiterrorista de la Policía Federal argentina y la Interpol detuvieron el 9 de julio pasado al hombre que las autoridades chilenas venían siguiendo desde finales de 2007. De allí, Aliste Vega fue trasladado al penal de Ezeiza, desde donde tenía que esperar que el juez federal Alberto Santamarina decidiera si lo extraditaba o no a Chile. El magistrado tenía treinta días hábiles para concluir el juicio de extradición y pronunciarse.
Pero el Ejecutivo argentino había decidido la expulsión de Aliste por no tener registro de su entrada en el país. La determinación de la Dirección de Migraciones no contemplaba los cargos que pesaban en Chile sobre el detenido.
Aliste Vega se define como un militante social que participó en la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet. La prensa chilena lo vincula con el movimiento Lautaro, un grupo radical trasandino. Pero Aliste rechaza esa vinculación.
Después de que el miércoles a la tarde las autoridades argentinas ratificaran la expulsión, el gobierno chileno levantó el pedido de extradición. Aliste Vega fue liberado y directamente trasladado a Chile en un avión de la Fuerza Aérea de ese país. Allí la Justicia le dictó la prisión preventiva y lo acusó formalmente por tres robos a bancos.
“Este ciudadano va a cumplir con su deber de enfrentarse a los tribunales de Justicia en Chile, porque el crimen que él cometió en contra del cabo Moyano lo cometió en nuestro país”, dijo Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior. La esposa del carabinero muerto festejó la noticia. “Me da harta esperanza de que se está haciendo justicia”, dijo a la prensa trasandina Paola Riveros.
En cambio, Martín Alderete, el abogado argentino de Aliste Vega, equiparó la expulsión de su cliente a un secuestro. “La ilegalidad de la situación tiene que ver con que se lo expulsó con una resolución que no me fue notificada y por eso no la pude impugnar. En pocas horas se hizo toda una maniobra coordinada”, argumentó ante Página/12 el letrado.
“Había un juicio de extradición en trámite y para extraditarlo se tenía que verificar que en Chile estuvieran dadas las garantías para que sea juzgado debidamente. No se puede extraditar a alguien violando tratados internacionales”, dijo Alderete.
Según un informe de Amnistía Internacional de julio de 1999, Aliste Vega fue torturado en cárceles chilenas, donde pasó doce años preso.

Informe: Luciana Bertoia

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Para que zafen los represores chilenos

La Iglesia chilena presentó ayer su propuesta de indultos para el Bicentenario e incluyó a los represores dentro de los posibles beneficiarios. El presidente Sebastián Piñera podría decidir el domingo si perdona a quienes cometieron crímenes durante la dictadura pinochetista. Hubo reacciones de la oposición y de organismos de derechos humanos.
El obispo Alejandro Goic y el cardenal Francisco Errázuriz llegaron temprano a la casa de gobierno de La Moneda, con el documento de cinco hojas bajo el brazo. En la propuesta que le hicieron a Piñera se contempla un indulto para los presos por delitos comunes y para los que están condenados por delitos de lesa humanidad. Según las autoridades eclesiásticas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo chileno deben discutir la situación de quienes actuaron durante la dictadura militar. Los prelados reclamaron que sea atendida la situación particular de los represores y que se la evalúe de acuerdo con el nivel de responsabilidad y de autonomía que tuvieron durante el régimen de facto. También, que se contemple el grado de arrepentimiento y el supuesto grado de humanidad que demostraron. “No cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”, señala el documento.
Al salir de la casa de gobierno, el obispo y el cardenal leyeron una declaración frente a la prensa y pidieron un gesto de clemencia. “Nuestro planteamiento no busca reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretende que ellas se cierren por decreto. Simplemente presentamos a las autoridades de la Nación la realidad de dolor que viven personas privadas de la libertad, que han sido juzgadas y han cumplido gran parte de sus condenas”, dijeron.
Previsiblemente, la derecha no dudó en apoyar la iniciativa eclesiástica.
“Es interesante porque no hace discriminación de las personas que han cometido delitos”, dijo el senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), un aliado parlamentario de Piñera. El mes pasado, dirigentes de la UDI le pidieron a Piñera que ponga fin al juzgamiento a los militares. El presidente chileno guardó silencio.
Ayer tampoco hubo reacciones desde el gobierno. La vocera de Piñera, Ena von Baer, pidió esperar con calma la decisión del presidente y no adelantar juicios respecto de ella.
El diario El Mercurio anticipó anteayer que el domingo se sabrá si el mandatario da curso al pedido de la Iglesia. No hubo fuentes oficiales que confirmaran o negaran la versión. Según medios chilenos, la medida podría alcanzar a unos 35 militares y policías, más de la mitad de los 66 represores hoy presos. El beneficio entraría en vigencia en septiembre, cuando Chile festeje su bicentenario.
A pesar del pedido oficial de cautela, las reacciones adversas no se hicieron esperar.
La Concertación volvió a expresar su rechazo, como lo viene haciendo desde que se empezó a hablar del tema en la campaña presidencial. “No hay nada que discutir”, disparó el jefe de los diputados democristianos, Patricio Vallespín. Por su parte, el ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez Ominami censuró la facultad del indulto: “No me gustan las monarquías presidenciales. El indulto es una institución monárquica. Es la idea de que un rey puede perdonar”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia se sumó a la catarata de críticas. “Los indultos y las amnistías no debieran coexistir en regímenes democráticos como el que tenemos”, señaló Milton Juica. El juez había hecho un mea culpa el año pasado por el funcionamiento de la Justicia chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Organismos de derechos humanos y otras agrupaciones sociales se congregaron frente de La Moneda para repudiar la propuesta eclesiástica. “Lo que presentaron los obispos es un documento que francamente cuestiona la relación de la Iglesia con la defensa de los derechos humanos. Ahora se pone del lado de los victimarios”, declaró a Página/12 Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La líder de la AFDD rechazó que hayan existido distintos grados de responsabilidades entre quienes secuestraron, torturaron y asesinaron en Chile.
Su colega Alicia Lira dijo que la propuesta esconde una estrategia de impunidad. “Es una ofensa a la memoria de aquellos que lucharon por terminar con la cultura de la muerte”, sentenció la titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). La dirigente se mostró pesimista con respecto a la decisión que debe tomar Piñera. “Todo indica que aquí va a haber impunidad.”

Informe: Luciana Bertoia.
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Buscan niños desaparecidos en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado salvadoreño por seis desapariciones de menores. Organismos de Derechos Humanos celebraron la decisión de que el caso aún impune de los niños desaparecidos por las fuerzas armadas salvadoreñas llegará a la Corte Interamericana.
La medida fue difundida mediante un comunicado de la CIDH, pero la demanda contra El Salvador ya había sido presentada el 28 de junio. “Los hechos que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidos, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”, dijeron desde el órgano de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH había realizado un informe sobre el secuestro de estos seis chicos y había encontrado que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y los derechos del niño. Ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en ese reporte, la Comisión envió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se sabe cuándo tratará la cuestión.
La demanda está relacionada con la desaparición forzada de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Todos estos delitos fueron perpetrados entre 1980 y 1992, cuando los militares y paramilitares ejecutaron una estrategia de tierra arrasada. Los operativos de las fuerzas armadas pretendían desarticular y aniquilar a las poblaciones que el aparato estatal había definido como la base social de la guerrilla.
El 13 de diciembre de 1981, el ejército entró a la casa de los Mejía. Masacró a toda la familia, menos a Ana Julia y Carmelina. Al mediodía, llevaron a las dos niñas a bañarse a casa de una vecina. Allí las reconoció su madrina. Después un testigo las vio en la Iglesia pero los militares no lo dejaron acercarse a las chicas. Al momento de su desaparición, Ana tenía quince años y Carmelina, siete.
Gregoria, Serapio y Julia Contreras fueron secuestrados el 25 de agosto de 1982 por integrantes de la Quinta Brigada de la Infantería salvadoreña. La madre vio cómo un soldado se llevó de los pelos a Gregoria y sufrió que le arrebataran casi de sus brazos a Julia, de sólo cuatro meses. Cuando fueron desaparecidos, Gregoria tenía cuatro años y Serapio no llegaba a los dos. El 18 de mayo de 1983, José Rivera fue sustraído a sus padres. También intervino la Quinta Brigada en el secuestro de este nene de tres años, cuyo paradero se desconoce aún. Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. En 2006, lograron encontrar a la joven y, desde entonces intenta reconstruir los lazos con su familia biológica.
“Autorizamos y estamos de acuerdo con la medida de la CIDH”, festejó la noticia Ester Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. “El Estado tendrá que responder y vamos a presionar políticamente para que esto suceda. El Estado debe investigar y aplicar justicia”, dijo a Página/12 la referente del organismo salvadoreño de derechos humanos. Alvarenga remarcó que El Salvador fue ineficaz a la hora de responder en favor de las víctimas. “Los jueces aplican la Ley de Amnistía cuando les conviene a los perpetradores”, explicó. En 1993, se dictó una Amnistía para quienes habían cometido delitos aberrantes desde 1980 hasta 1992.
Lo que los salvadoreños definen como la “guerra” dejó un saldo de 75 mil muertos y alrededor de 7000 desaparecidos. Alvarenga estimó en 871 el número de niños desaparecidos. Sólo unos 360 fueron reencontrados como resultado de la lucha de su organismo, que no contó jamás con apoyo gubernamental pero sí con el aliento y los consejos de otras organizaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de este año, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, decretó la creación de una Comisión de Reparación para las víctimas y otra de Búsqueda de los entonces niños desaparecidos. Sin embargo, la Comisión no entró en vigencia aún ni se le asignaron recursos para que funcione, denunció Alvarenga.

Informe: Luciana Bertoia.
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La masacre de cinco curas

Pasaron más de 20 años y recién ahora la Justicia está investigando a los autores intelectuales de la masacre de cinco curas jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador. La Audiencia Nacional Española, donde tramita actualmente la causa, vinculó al entonces presidente salvadoreño con los asesinatos.
El juez español Eloy Velasco recibió de mano de dos testigos evidencia que señala que Alfredo Cristiani estaba en conocimiento de la matanza que iba a perpetrar el ejército en 1989. En ese momento, Cristiani era presidente en El Salvador y, por ende, comandante en jefe de las fuerzas armadas del país centroamericano. “Yo no participé ni antes ni durante, ni después. Yo me siento muy tranquilo, no tengo ninguna culpabilidad en este tema”, afirmó el referente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ante la prensa salvadoreña.
Benjamín Cuellar, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), afirmó en comunicación con Página/12: “Siempre lo hemos vinculado a Cristiani con el caso. Lo hemos señalado como encubridor y hemos remarcado la participación del alto mando militar”. Pero recién ahora la Justicia, y no precisamente salvadoreña, está posando la mirada sobre los autores intelectuales de una matanza perpetrada por las fuerzas militares salvadoreñas.
En noviembre de 1989, se sentía un clima hostil contra los jesuitas salvadoreños. La radio local emitía amenazas de muerte, especialmente contra el padre español Ignacio Ellacuría. Se escuchaban proclamas como “Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza” o “Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas”. Los medios gráficos se hicieron eco de las intimidaciones contra los curas que adscribían a la teología de la liberación y hasta reclamaban que los sacaran del país.
En la madrugada del 16 de ese mes, los represores salvadoreños irrumpieron en el campus de la UCA. El Batallón Atlacatl, uno de los cuerpos especializados en la llamada lucha contrainsurgente preparados por Estados Unidos, asesinó a Ellacuría, a Ignacio Martín Baró, a Segundo Montes, Armando López, Juan Moreno Pardo y Joaquín López. Las balas también alcanzaron a una colaboradora de los sacerdotes, Elba Ramos, y a su hija de 15 años, Celina. Antes de irse, los militares incendiaron y saquearon el centro Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que funcionaba en el predio de la universidad. Ese organismo llevaba el nombre y actualmente lo sigue haciendo, del arzobispo asesinado en 1980 mientras oficiaba misa. Minutos después, un vehículo de la brigada circulaba por los alrededores del arzobispado y anunciaba a través de un altavoz los crímenes. “Ellacuría y Martín Baró ya cayeron: Seguimos matando comunistas.”
En diciembre de 1990, el juez Ricardo Zamora procesó a diez militares salvadoreños. El coronel Guillermo Benavides fue acusado de impartir la orden de asesinar a las ocho personas. En enero de 1992 recibió una pena de prisión de 30 años. Poco después fue beneficiado por la Amnistía General que rige en el país, sancionada por la asamblea legislativa tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.
Según denuncian los organismos defensores de los derechos humanos, la Corte Suprema salvadoreña no está aportando a que se juzgue y sancione a los criminales en ese país. Ante este escenario, dos organizaciones se presentaron ante la Audiencia Nacional española para reclamar justicia por el crimen de los cinco sacerdotes que habían nacido en la península ibérica, Ellacuría, Martín, Montes, López y Moreno. Los querellantes en la causa abierta por el magistrado Velasco son la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos. “Esperamos que lo que está sucediendo en España sirva para que funcionen las instituciones en El Salvador”, se esperanzó Cuellar.

Informe: Luciana Bertoia.
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Emergencia carcelaria

Tras la muerte de doce presos la semana pasada en el penal de Rocha, el Parlamento uruguayo aprobó anteayer una ley de emergencia carcelaria. Mientras miles de presos hacían huelga de hambre, el proyecto había recibido media sanción de Diputados el mes pasado.
En la madrugada del jueves último, doce reclusos murieron asfixiados en un incendio en la cárcel de Rocha, a 200 kilómetros al este de Montevideo. Los fallecidos y los ocho heridos graves estaban en un pabellón que alojaba a veinte presos. Había 151 internos en la cárcel con capacidad para albergar 60 personas.
Según denunciaron los presidiarios, los guardiacárceles tardaron en abrir las celdas. Dos veces dijeron que no tenían las llaves y partieron a buscarlas, pero cuando volvieron ya era tarde, dijeron los presos. Oficialmente, esto fue desmentido. “Los internos desean el procesamiento de los encargados de la guardia porque son policías que se apegan al reglamento de la cárcel y eso no gusta a la población carcelaria”, dijo una fuente policial al diario El País de Uruguay. La Justicia y el Parlamento uruguayo abrieron sendas investigaciones para verificar las distintas versiones.
El hacinamiento es un lugar común en los penales uruguayos. Las cárceles uruguayas tienen una población de 9000 presidiarios, cuando sólo pueden acoger a unos 5000. “Venimos hace tiempo remarcando las carencias, la situación de vulnerabilidad. No es algo nuevo. Es un hecho terrible, pero es algo que podía esperarse en esta situación tan frágil”, dijo a Página/12 la directora de Amnistía Internacional (AI) de Uruguay, Ivahanna Larrosa.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé, corroboró las denuncias. “El 80 por ciento de la población reclusa corre el riesgo de ser víctima de un incendio”, detalló.
Los organismos humanitarios vienen señalando que la mayoría de los reclusos en Uruguay no cuentan con sentencia firme. AI denuncia que el 60 por ciento de los encarcelados hace años que sólo está procesado.
Según estimó la prensa uruguaya, serían cerca de 2500 presos los que están en huelga de hambre desde el lunes para reclamar mejores condiciones de reclusión y la agilización de sus causas, y para protestar por las recientes muertes.
Mientras tanto, la oposición salió a acusar al ex presidente Tabaré Vázquez por el colapso del sistema penitenciario. El senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, dijo que en 2005 había 3000 presos menos que en la actualidad y destacó que fue poco lo que hizo el anterior mandatario frenteamplista para controlar el fenómeno.
La situación carcelaria de Uruguay provocó llamamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas durante el gobierno de Vázquez. “Los detenidos están como animales en contenedores sobrepoblados casi las 24 horas al día”, había declarado el relator de Naciones Unidas durante su visita en el 2009.
El ex presidente acusó recibo ayer: “Tenemos nuestra responsabilidad, pero recibimos una situación, no la creamos”. El antecesor de José Mujica consideró que el problema era muy complejo, de larga data y difícil solución. “No deben esperarse milagros”, se resignó. “Me duele en el alma la muerte de quienes fallecieron en la cárcel de Rocha, como nos duele a todos”, afirmó Vázquez.
Informe: Luciana Bertoia.
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Avanza el plan de impunidad de la Iglesia chilena

La Iglesia chilena trabaja en una lista que presentará el 13 de julio ante las autoridades. Se prevé que los eclesiásticos pidan misericordia por el Bicentenario chileno tanto para los que cometieron delitos comunes como para los que perpetraron crímenes contra la humanidad.
Los organismos de derechos humanos no se niegan a que el mandatario indulte a quienes cometieron delitos comunes. Pero sí consideran una vulneración a la exigencia de justicia que vuelvan a las calles quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron durante la dictadura de Pinochet. “En los penales chilenos, las condiciones de reclusión son infrahumanas, pero quienes cometen crímenes contra la humanidad desde el Estado no pueden acceder a beneficios como indultos o amnistías”, dijo a Página/12 Lorena Pizarro, referente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Durante la campaña presidencial en noviembre, Piñera se reunió con unos 700 militares retirados en el Círculo Español de Santiago. El encuentro fue a puertas cerradas y sin prensa. Pero trascendió que la promesa del político derechista habría sido hacer prescribir las causas en trámite por el paso del tiempo. Táctica difícil y también reñida con la legislación internacional, que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Dentro de las mismas filas de su partido, Renovación Nacional, y de sus aliados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se viene reclamando al gobernante que sea fiel con sus compromisos. Piñera se entrevistó hace unos diez días con senadores oficialistas y abordaron esa discusión, pero no quedó firme su postura. En un encuentro más reciente, los diputados de su bancada le pidieron que estudiara caso a caso a los posibles indultados. “El gobierno pertenece al mismo sector que violó los derechos humanos”, sentencia Pizarro.
Una semana atrás, la AFDD asistió a una audiencia con el mandatario. Las dirigentes del organismo le reclamaron a Piñera que definiera su posición, que dijera si finalmente incluiría a los violadores de los derechos humanos en su indulto. El presidente se llenó la boca con palabras como misericordia y se mantuvo fiel a su estrategia de no confirmar, pero tampoco negar, dijo Pizarro.
En ese encuentro la AFDD le exigió al mandatario la renuncia de la responsable del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama. La funcionaria había reconocido haber estado en contacto con personas vinculadas con violaciones a los derechos humanos. “Lama no asegura el juicio y castigo. Que el gobierno no declare nada es una señal clara de que ellos no condenan ni ven como algo delicado esta cuestión”, se indigna Pizarro.
Según informó la prensa chilena, los funcionarios estiman que unos 209 represores cuentan con sentencia firme. Pero el centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) calcula que sólo unos cincuenta siguen en prisión, el resto completaron su pena o fallecieron. Los que todavía están tras las rejas gozan de ciertos beneficios impensados para los presos comunes, Dice Pizarro: “Están en cárceles especiales”.
Piñera está frente a una encrucijada. Respaldar a los sectores pinochetistas le acarrearía un repudio hacia el interior de Chile y también en el exterior. Mientras cae su popularidad y sube el desempleo, el presidente mantendrá silencio acerca de esta espinosa cuestión al menos por unos días más, hasta que el Episcopado le presente el 13 de julio su propuesta.
El último indulto otorgado a un represor fue durante el mandato de Ricardo Lagos. En 2005, recibió ese beneficio Manuel Contreras, condenado por el asesinato en 1982 del sindicalista Tucapel Jiménez. Los organismos de derechos humanos y la izquierda no piensan bajar los brazos frente a esta nueva posibilidad. “Si se otorgara el indulto, sería un gran dolor, un retroceso para el Nunca Más y para la demanda de Verdad y Justicia. Vamos a pelear para que esto no se materialice”, dice Pizarro.
Informe: Luciana Bertoia.
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La desmemoria del Goyo Álvarez

El dictador uruguayo Gregorio “Goyo” Alvarez y el ex canciller Juan Carlos Blanco declararon ayer por un caso paradigmático del Plan Cóndor. Se trata del secuestro de dos menores que aparecieron en Chile, tras la desaparición en Argentina de sus padres, de nacionalidad uruguaya.
Alvarez, gobernante de facto entre 1981 y 1985, y el ex ministro de Exteriores llegaron en móviles policiales a prestar declaración indagatoria por el secuestro de Victoria y Anatole Julien, hijos de dos uruguayos desaparecidos. “Ni sé por qué estoy citado acá. Aclaro que yo no tengo ninguna participación en ninguna actividad represiva, ni en decisiones ni en planificación”, se atajó Blanco frente a la prensa.
La causa fue iniciada en abril de 2008 por Victoria Julien. Después de que la primera jueza “extraviara” la denuncia, el expediente cambió de juzgado y empezó a avanzar. Sin embargo, la causa aún está en una etapa presumarial, es decir, los represores sólo están siendo indagados y aún no hay ningún procesado por la sustracción de los hijos del matrimonio Grisonas-Julien.
La querella presentó un documento de junio de 1976, que daba cuenta de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay. Pero el ex canciller Blanco negó que se tratara de instrucciones para secuestrar y desaparecer en ambas orillas del Río de La Plata. Blanco dijo que ese télex sólo hacía mención a los mecanismos convencionales para una extradición. Enseguida, aprovechó el por entonces titular de la Cancillería para escudarse en su condición de civil y declararse ajeno a los crímenes de la dictadura uruguaya.
Alvarez también hizo gala del cinismo habitual. Dijo ante los abogados y funcionarios judiciales que se había enterado de la existencia de desaparecidos por la prensa. Pero, como novedad, se quejó porque el Ejército estaba “compartimentado”, aunque no explicó qué quiso decir con esa expresión. Además, el dictador aprovechó para cargar contra José Gavazzo, dejando al descubierto en los tribunales las internas militares, que generalmente son preservadas por los represores en medio de su pacto de silencio. Gavazzo coordinaba las acciones represivas con Buenos Aires y con Santiago de Chile.
Si bien no hay imputados aún en la causa, algunos pasos está dando el expediente de la mano del juez Alejandro Guido y de la fiscal Adriana Costa. Pero no hay demasiadas alternativas frente al silencio de los represores y a lo que la fiscal Mirtha Guianze llama las “islas de facto dentro del Estado de derecho”, que siguen manteniendo los archivos de la represión más secretos que nunca. “Hay información a la que el sistema judicial uruguayo no puede acceder”, denuncia a Página/12 el abogado Pablo Chargoñia, patrocinante de Victoria Julien. “Esto se debe a que falta una decisión política del Ministerio de Defensa nacional o a que el poder civil no tiene demasiada fuerza frente a un poder militar que aún sobrevive”. Chargoñia agrega: “También se sufren los ecos de la ley de impunidad, que hace que estén paralizadas otras causas que pueden estar conectadas con ésta”.
Como explicó el abogado, hay otros integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID) que están yendo al juzgado en calidad de indagados. Blanco y Alvarez ya están en prisión por otros casos. El ex canciller fue condenado a fines de abril a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Pero el ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar se encuentra en la cárcel desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos. La última sentencia contra el dictador Alvarez fue dictada en octubre pasado, cuando lo condenaron a 25 años de prisión por el asesinato de 37 opositores en 1977 y 1978.
El secuestro de los hermanos Julien es uno de los casos más aberrantes y paradigmáticos de la Operación Cóndor. El padre de los chicos, Roger Julien, era dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pero fue asesinado en Buenos Aires y su cuerpo nunca apareció. Su esposa, Victoria Grisonas, había intentado escapar con el nene de cuatro años y la nena de un año. No lo logró: fue herida y trasladada con sus hijos al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Anatole recuerda haber pasado por allí. Después, los niños fueron llevados a Montevideo y, según testigos, pasaron un tiempo en el SID, en donde el varón recuerda haber jugado con el represor Gavazzo (El País, marzo 2009). Luego, los subieron a un avión de línea hasta Chile. A fines de noviembre de 1976, Victoria y Anatole fueron encontrados en una plaza de Valparaíso y adoptados por una familia. Victoria, principal impulsora de la causa, recién se enteró de su historia a los nueve años. Todavía resta mucho por saber y mucho más para que la Justicia haga lo que debe hacer.
Informe: Luciana Bertoia.
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"Garzón hizo visible lo invisible"

Ramón Sáez Valcárcel es juez de la Audiencia Nacional española, al igual que el actualmente suspendido Baltasar Garzón. La suya fue una de las tantas voces que se alzaron para defender al magistrado, que tras su intento de terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo debió migrar como consultor al Tribunal Penal Internacional.
En medio de un viaje relámpago a Buenos Aires para participar de mesas debate y de asistir a juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, el juez Sáez Valcárcel dialogó con Página/12 e hizo un balance de lo hecho y lo que falta en materia de reparación y memoria en la península ibérica.
–¿Cómo evaluaron la suspensión de Garzón y su procesamiento por prevaricato?
–Su intento de juzgar los crímenes del franquismo fue interrumpido desde el principio. No parece creíble que haya sido perseguido ese intento como un delito de prevaricación y que se haya abierto un juicio oral contra él por el delito que es más grave para un juez, el de dictar una resolución injusta. No ha habido ningún perjuicio sino, al contrario, se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos. Cuestionar la Ley de Amnistía como él lo había hecho desde las categorías del derecho internacional es algo que está dentro de la razón jurídica. El derecho internacional de los derechos humanos declara que los delitos como genocidio y crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser objeto de perdón ni de amnistía, sino después de verdad, de justicia y de reparación. Lo paradójico es que el único procesado por los crímenes del franquismo es el juez que trata de investigarlos.
–¿Por qué el supremo Luciano Varela y los sectores de la derecha invocan la Ley de Amnistía de 1977, que Garzón consideró no aplicable para delitos de lesa humanidad?
–La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni una ley de reconciliación. La amnistía era el reclamo de la oposición democrática en el momento de la transición de la dictadura del franquismo al estado de derecho, para que los presos políticos salieran de las cárceles y se cerraran los procedimientos pendientes contra quienes luchaban por la libertad y los derechos. Por lo tanto, no se puede acudir 33 años después, despreciando la historia y afirmando que era una ley de perdón cuando no hay reconciliación. En aquel momento, las fuerzas de la oposición democrática no tenían capacidad suficiente como para señalar que los criminales eran los que tenían el poder.
–¿Qué es lo que se puso en juego con la suspensión del juez Garzón?
–La persecución contra Garzón ha profundizado contradicciones que existían, ha hecho visible lo invisible. Ha hecho visible una transición que se vendió en España como modélica. Si algo tuvo de modélica, fue de injusticia y de impunidad. Una sociedad no se puede construir sobre la impunidad de los grandes crímenes. Se ha hecho visible lo que no querían los que siguen negando que hubo un exterminio del enemigo, que fue un proyecto criminal: que se hable de los crímenes de la dictadura y ahora se habla como nunca.
–¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para conseguir justicia?
–El propio Estado español está obligado a dar una solución. De momento, las denuncias de las víctimas no tienen sede en la jurisdicción española: no hay ningún proceso abierto. Incluso jueces que recibieron parte de la causa de Garzón plantearon conflictos de competencia, afirmando que era de la Audiencia Nacional porque eran crímenes internacionales por su carácter masivo. Esos conflictos están pendientes ante el tribunal supremo. Habrá que ver qué recorrido tiene. Está también la corte constitucional española y también nosotros estamos en el contexto de un sistema regional que nos obliga, que es el europeo. Si no hay solución dentro del contexto del Estado, las víctimas deberán buscarla en el Tribunal europeo.
–¿Ve como factible el intento que en Argentina se hizo de la mano de algunos organismos de derechos humanos para abrir una causa aquí por los crímenes del franquismo?
–Sí. La jurisdicción internacional es un instrumento al servicio de los derechos humanos y para que no queden impunes los grandes crímenes contra la humanidad, que no toleran la existencia de fronteras ni la de vacíos de jurisdicción. Son los Estados dispuestos a perseguir los graves crímenes un dispositivo esencial para la persecución de delitos universales.
–¿Algo así como lo que hizo Garzón con el dictador Augusto Pinochet y con los represores argentinos?
–En Argentina y en Chile, en aquellos momentos, no era factible juzgarlos. En el Estado donde se había cometido el crimen, como es un crimen de Estado, los autores seguían en el poder o tenían capacidad de neutralizar las investigaciones. Se encontraron tribunales dispuestos a actuar por la comunidad internacional porque ésa es la grandeza de la jurisdicción universal.
–¿Qué cambios notó desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero?
–Significa un avance porque, por fin, el Estado viene a reconocer que hubo campos de concentración, fosas comunes y que hay gente indecentemente enterrada a lo largo de todo el territorio. Pero el Estado privatiza esas obligaciones, entrega la pala a las familias y lo único que hace es subvencionar los trabajos. Fue un paso adelante pero insuficiente.
–¿Qué es lo que falta para construir memoria en España?
–España no ha sido capaz de afrontar su pasado desde varias perspectivas. Por un lado, de respetar y responder a las obligaciones que le impone el derecho internacional y, por otro, parece poco deseable que 35 años después de la muerte del dictador en la cama, no se resuelvan problemas tan básicos como son el descubrimiento de la suerte de los desaparecidos, el rescatar los restos de los que fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente y que yacen en fosas comunes. España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales. También, le resta que las sentencias de los tribunales de la represión sean expulsadas del ordenamiento jurídico.
Informe: Luciana Bertoia.
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Levantan el estado de excepción

El presidente Fernando Lugo anunció finalmente que se levantará en la medianoche de hoy el “estado de excepción”, que desde hace un mes rige en el norte del Paraguay. La medida no sólo obtuvo magros resultados sino que, como el mismo mandatario reconoció, fue un retroceso para las actividades productivas de la región.
Desde la ciudad de Concepción, Lugo dijo el sábado a la prensa que la presencia militar se mantendrá en los cinco departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y San Pedro. Pero el jefe de Estado explicó que no hay consenso para que siga el “estado de excepción” dado que en la capital de Amambay, en Pedro Juan Caballero, el comercio se había visto afectado. Por lo que no pedirá al Poder Legislativo su prórroga. Sin embargo, no dudó en resaltar que la medida contaba con apoyo social. “Se ha hecho un análisis pormenorizado de la situación, y la ciudadanía está contenta con este mes que ha pasado”.
El Congreso aprobó el 24 de abril último el proyecto del Ejecutivo paraguayo, que incluyó la suspensión de algunos derechos individuales, la implantación del toque de queda y la posibilidad de efectuar allanamientos sin orden judicial en cinco provincias. La figura del “estado de excepción” está contemplada en el artículo 288 de la Constitución paraguaya pero, como la Carta Magna precisa, sólo puede implantarse ante casos de un conflicto armado internacional y de grave conmoción interior, que ponga en peligro el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La sanción de esta ley se aceleró después de que en la localidad de Horqueta, al norte de Asunción, un policía y tres civiles resultaran muertos. El gobierno rápidamente le adjudicó el hecho al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), integrado por una veintena de personas –según estiman algunos organismos de derechos humanos–. A esa misma organización se le atribuyó el secuestro de tres meses del ganadero Fidel Zavala, quien recién fue liberado en enero de este año. Según las autoridades guaraníes, el EPP sería una guerrilla marxista-leninista y con supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las siglas del EPP son empleadas por la propaganda gubernamental para presentarlos como “Enemigos del Pueblo Paraguayo”.
La administración de Lugo dará a conocer mañana un informe detallado con las acciones realizadas durante estos 30 días. En un comunicado divulgado la semana pasada, las autoridades afirmaron haber capturado a 148 personas y que 80 contaban con órdenes de detención, por lo que fueron puestas a disposición de la Justicia, aunque estas detenciones no necesariamente estuvieron vinculadas con el grupo guerrillero. Cuatro días atrás, se produjo el descubrimiento de un supuesto campamento del EPP aunque el Ministerio del Interior pidió cautela y no confirmó la información. No todo fue cauto lo actuado por las fuerzas. En un episodio tragicómico, militares y policías se enfrentaron en la madrugada del 9 de mayo. A balazos terminó ese día un cumpleaños de quince celebrado en la ciudad de Huguá Ñandú, cuando irrumpieron integrantes de las fuerzas armadas en busca de un integrante del EPP.
Dentro de las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos hubo repudio hacia la medida. Semanas atrás, Amnistía Internacional había llamado la atención del Ejecutivo porque no estaban determinados en el texto qué derechos iban a afectarse por esa medida. La Federación Nacional Campesina, que supo brindar su apoyo en otras iniciativas al gobierno de Lugo, desaprobó el estado de excepción. Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció que con esta medida sólo se corroboró la arbitrariedad que impera en el norte del país y que a través de esta figura legal se intentó justificar los abusos de las fuerzas de seguridad. “El estado de excepción fue declarado como un medio tranquilizante para una opinión pública que pedía seguridad”, declaró a Página/12 Juan Martens, referente de la Codehupy. Asimismo, destacó que no se registraron abusos mayores y que el organismo denunció unos cinco casos de privaciones ilegales de la libertad de pocas horas de duración.
En los últimos días trascendió la intención del gobierno de Lugo de modificar la ley de Seguridad Interna, que impide que los militares participen en cuestiones domésticas, habitual jurisdicción de las fuerzas policiales. “Es super peligroso porque se va a perpetuar una militarización y se les va a dar a próximos gobiernos una herramienta para la persecución de los disidentes”, explicó Martens sobre esa potencial modificación. El abogado insistió en que su organización reclama una reforma policial para acabar con la corrupción policial, uno de los tan habituales males latinoamericanos.
Informe: Luciana Bertoia.
PáginaI12

El Frente Amplio terminó con la amnistía en Uruguay



El Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Durante 25 años, esa norma impidió que se persiguiera y se juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra de la iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA). Pero también hubo discrepancias dentro de las filas de esa coalición de centroizquierda. El histórico militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se encolumnó por disciplina partidaria a favor del proyecto presentado por el FA, pero anunció que renunciaba a su banca.
La sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche, cuando el FA hizo valer sus 16 votos frente a los quince de la oposición. Sea cual fuere su color partidario, la mayoría de los senadores tenía algo que decir al respecto de la Ley de Caducidad, que desde 1986 impide que sean juzgados los represores uruguayos. Hace tiempo que la Ley de Caducidad ocupa el centro de la discusión política en la República Oriental. Un debate acalorado que divide a quienes se manifiestan a favor de extirparla del ordenamiento jurídico y entre los que quieren mantenerla, alegando que fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos.
Ese clima se respiró en el Senado. Por el oficialismo, le tocó romper el hielo al senador Oscar López Goldaracena, un conocido jurista y activista de derechos humanos. “Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad de criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya”, comenzó el abogado que representa al Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. López Goldaracena remarcó que era importante eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar que las atrocidades perpetradas por los militares vuelvan a repetirse.
Aunque no todo fue una postura uniforme dentro de la coalición de centroizquierda. Desde que en octubre del año pasado se aprobara en la Cámara de Diputados, el proyecto interpretativo estuvo paralizado en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a acompañar la iniciativa de su bloque. En marzo, el FA pudo destrabar la situación y alcanzó los votos necesarios para que el proyecto saliera. Sin embargo, los senadores díscolos siguieron haciendo sentir su rechazo. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa salió del recinto e hizo ingresar a su suplente que votó junto al FA. El legislador frenteamplista Jorge Saravia se mantuvo firme en su postura de no apoyar la iniciativa para interpretar la Ley de Caducidad y denunció que se trataba de un “disparate jurídico”.
Pero la novedad del día la trajo el ex tupamaro Fernández Huidobro, que renunció a su banca porque tuvo que obedecer el mandato de votar a favor de la iniciativa. “Se dice con razón, dentro de nuestra fuerza política, que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo también fue mayoría dos veces”, disparó, refiriéndose a los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la mayoría de la sociedad se negó a anular la Ley de Caducidad. El presidente José Mujica fue anoche hasta el despacho de Huidobro y le expresó su solidaridad.
Desde el Partido Nacional, el primero en hacer uso de la palabra para protestar contra la iniciativa oficialista fue el senador Francisco Gallinal. “Lejos de ser interpretativa, esta ley es innovativa”, se quejó. “No acompañamos porque hay dos pronunciamientos populares en este sentido. Ese es un argumento formal, que a nuestro juicio es muy importante”, dijo el referente blanco a Página/12. “Entendemos que esta propuesta le genera grandes problemas a la sociedad, ya que significa trasladar toda la cuestión al Poder Judicial”, agregó. Gallinal invocó nuevamente el Pacto del Club Naval de 1984, cuando las principales fuerzas políticas y los militares en el poder negociaron la apertura democrática. “Este proyecto interpretativo rompe el equilibrio que supuso la salida institucional de 1985, donde se aprobaron dos amnistías: una para los militares y otra para los presos políticos tupamaros”, apuntó el político conservador.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores hicieron poco caso a los dichos de los partidos tradicionales. Desde las barras del Senado, algunos siguieron de cerca a los senadores. Otros estuvieron afuera escuchando el debate por altavoces. Todos coincidieron en que el de ayer fue un día para celebrar. Pero saben que todavía falta camino para recorrer hasta que el 4 de mayo próximo la Cámara de Diputados ratifique el proyecto aprobado ayer por los senadores.
“Uruguay se va a poner en una buena posición en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos frente a la comunidad internacional. Después de casi medio siglo de existencia de esta ley, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y con esta resolución que hoy tomó el sistema político, nos están dando la razón. Esto también le demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados”, resaltó Raúl Olivera, de la central obrera PIT CNT. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue más cauto a la hora de las celebraciones. “Nunca nos bajamos del caballo de la nulidad. No lo logramos. Por supuesto que apoyamos y creemos que hay que hacer todo lo necesario para acabar con la impunidad. El Estado no puede seguir sin dar respuestas a lo que dijo la Corte Interamericana, que señaló que la Ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia. Para nosotros, no es la mejor salida pero hay que seguir avanzando en el Nunca Más y para que estas cosas queden saneadas”, afirmó Ana Aguerre.
Desde Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, definieron la de ayer como una jornada de emociones. “Para nosotros, la anulación de la Ley de Caducidad es una de las razones fundamentales de nuestra lucha. Venimos exigiendo esto para que se investigue qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y para que se juzgue a los torturadores, y así se abra el camino para conocer la verdad”, concluyó Julio Martínez.
Informe: Luciana Bertoia.
PáginaI12