domingo, 24 de julio de 2011

Franquismo: una herida que no cierra

A 75 años del alzamiento del Generalísimo. Organizaciones de DD. HH. de España siguen reclamando justicia por los crímenes cometidos en el régimen de Franco.
España sigue exigiendo castigo para los crímenes del franquismo. Mañana se cumplen 75 años desde que Francisco Franco se levantara contra el gobierno de la República e iniciara una guerra que duró tres años y dejó miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Después de la guerra, llegó la pesadilla de la dictadura. Los crímenes cometidos durante las casi cuatro décadas de dominio de Franco siguen siendo deudas que la democracia ibérica aún no pudo saldar.
Desde 1931–con algunas interrupciones–, España intentó arrancarse las cadenas de la monarquía. El experimento terminó en una república democrática, laica, que consagraba el sufragio universal y que devolvía a las autoridades eclesiásticas a las iglesias. El proceso duró poco. Los militares se levantaron en julio de 1936 contra el gobierno republicano. La guerra contra la población civil desangró durante tres años al país. Con el apoyo de los regímenes italiano y alemán, Franco sepultó en 1939 las esperanzas republicanas y se perpetuó en el poder hasta su muerte, en 1975. Ciento noventa mil muertos, 150 mil desaparecidos en más de 2.000 fosas comunes y un número semejante de hombres y mujeres que huyeron de su tierra componen una imagen del horror con el que Franco trató de moldear a España hasta convertirla en un territorio en cautiverio.
“Se emprendió una guerra de terror, premeditada, intencionada, sistemática y que tenía como objetivo exterminar a medio país. El propósito no era sólo tomar las instituciones, sino sembrar el terror y dejar la sensación de dominio, erradicando el republicanismo democrático en España”, explicó a este diario Miguel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad.
Organizaciones de memoria histórica reclaman que el Estado español haga en este 75° aniversario una condena pública del franquismo. Emilio Silva Barrera es periodista y hace poco más de diez años rescató los restos de su abuelo de una de las tantas fosas comunes. Silva preside la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (Armh), que el mes pasado envió una carta al presidente del Congreso español, José Bono, para reclamarle que el pleno del Parlamento condene el día del alzamiento de Franco y que se retiren del Congreso los cuadros de los presidentes parlamentarios durante la dictadura franquista. “En España se ilegalizan partidos porque no condenan la violencia, pero el Estado se permite tener esos retratos, con los que de alguna manera brinda su triunfo a los franquistas. También en Madrid hay una plaza del Caudillo o un Arco de la Victoria, dedicado al triunfo de Franco. Desde el Estado se ejerce una doble moral”, remarcó Silva a Miradas al Sur.
“En el Parlamento español se conmemora el Día del Holocausto, el Día de las Víctimas del Terrorismo, pero no hay ningún tipo de conmemoración para las víctimas más numerosas en España que son las del franquismo”, denunció. En el escrito entregado a Bono, el organismo también remarca que el Parlamento estuvo ajeno al debate sobre las fosas comunes, que en su mayoría siguen sin ser abiertas. Si bien en mayo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con la publicación de un mapa que muestra dónde están los enterramientos clandestinos, la identificación de los cuerpos avanza con paso cansino y quedó en manos de las familias, como la dispuso la criticada ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007.
Otros de los que se quejan porque su reclamo no está contemplado dentro de la norma reparatoria aprobada durante la presidencia de Zapatero son los cerca de 2.000 integrantes de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. En 1938, el Ministerio de Hacienda del Generalísimo decretó la prohibición de la tenencia de papel moneda “puesto en circulación por el enemigo”. Así, miles de ciudadanos debieron ceder todo lo que tenían al Banco de España a cambio de un recibo que acreditaba la suma entregada.
Hoy son los nietos o hijos de los que sufrieron la incautación los que conservan el documento y demandan que el Estado les devuelva lo que es suyo. “Mi abuelo tenía 1.262 pesetas para comprar una casita. Cuando vino esta ley, las entregó y se quedó sin nada. Tuvieron que mandar a los hijos a casas de parientes. Cuidaban los animales y les daban un plato de comida. Fue algo tan penoso que el matrimonio se separó porque no encontraban trabajo. No merece la pena que lo olvide”, relató Lidia Jiménez, una de las impulsoras. Se estima que lo incautado ronda los 5.300 millones de euros.
Los niños robados. También en 1938 Franco autorizó al médico Antonio Vallejo Nágera a investigar las “raíces psicofísicas del marxismo”. Vallejo Nágera y Franco coincidían en el diagnóstico: era el mal que padecían los republicanos y había que evitar, como fuera, que la “infección” volviera a desparramarse por el país. Con ese designio, el jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares empezó a experimentar con los integrantes de las Brigadas Internacionales que estaban secuestrados en un campo de concentración de Burgos y sobre las mujeres republicanas que estaban presas en una cárcel de Málaga, según pudo probar en 2008 el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido por haber tratado de enjuiciar los crímenes del franquismo.
Vallejo Nágera llegó a una conclusión: “La segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”. Y así se hizo. Se esperó a que muchas mujeres embarazadas que estaban presas dieran a luz y se las fusiló. A otras se las separó de sus hijos al cumplir los tres años y se los llevó a instituciones como el Auxilio Social, manejado entre los falangistas y la Iglesia. A diferencia de la última dictadura argentina –donde los aparatos estatales perpetraron un plan sistemático de robo de niños–, en España se llevó a cabo bajo una aparente legalidad. En 1940, el Estado asumió la potestad de los menores huérfanos y se arrogó el derecho de dejarlos al cuidado de “personas de reconocida moralidad”.
Garzón estimó que hasta 1950 se continuaron las apropiaciones. Según el juez, unos 30 mil chicos habrían sido robados durante ese período. Pero allí no terminó esta práctica. Se calcula que esto siguió produciéndose hasta las postrimerías del régimen. En esa segunda etapa, el robo se perpetró en algunas clínicas y conventos. Las víctimas habituales eran las madres solteras, a quienes les decían que sus hijos habían nacido muertos. Pero, en realidad, los recién nacidos salían del hospital en brazos de otra familia.
Lo que falta. Rodríguez Arias insiste en que todos los crímenes vinculados a la dictadura deben ser condenados. “El gobierno está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no reconoce que se trata de crímenes contra la humanidad. No está emprendiendo una investigación oficial, efectiva e independiente y tampoco las acciones penales contra los criminales”, resaltó.
Los familiares de las víctimas de la dictadura franquista deben batallar contra una Justicia que se resiste a cumplir con sus tareas y tienen una Ley de Amnistía a cuestas que ampara a los represores. La situación les duele pero no los doblega. Hace un año que todos los jueves vuelven a la plaza de la Puerta del Sol para reclamar justicia. Están seguros de que uno de estos días la van a alcanzar.

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