domingo, 24 de julio de 2011

El mundo|Domingo, 6 de marzo de 2011
EL PROBLEMA DE LA LEY DE CADUCIDAD EN URUGUAY Y EL PLEBISCITO DE 2009

Impunidades y cuestiones legales

El senador del Frente Amplio Jorge Saravia se opone a las iniciativas que buscan dejar sin efecto la ley que impide castigar los crímenes de la dictadura militar uruguaya. Y lo hace, pese al inminente fallo de la CIDH, por una cuestión problemática: el rango constitucional del plebiscito.

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El gobernante Frente Amplio (FA) sigue buscándole la vuelta a la anulación de la Ley de Caducidad. Hay tres senadores oficialistas que se niegan a apoyar una propuesta para dejar sin efecto la ley que impide el enjuiciamiento de los represores de la dictadura. Mientras tanto, circulan dentro del oficialismo propuestas para derogarla y hasta la alternativa de modificar el Código Penal para evitar que los crímenes cometidos durante el régimen militar estén prescriptos.
El apuro y la proliferación de propuestas tienen una lógica. El gobierno de José Mujica no quiere que la Corte interamericana de Derechos Humanos sancione al país por la vigencia de esta ley aprobada en 1986. El órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que dictar sentencia en los próximos días por la desaparición impune de María Claudia Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman. Página/12 dialogó con Jorge Saravia, uno de los senadores frenteamplistas que no quieren anular la norma, para conocer el porqué de su negativa.
–¿Por qué no quiere acompañar el proyecto interpretativo que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad?
–Nuestra posición es muy clara y ya la hemos manifestado al Frente Amplio y a las comisiones. Entendemos que nuestro concepto de democracia republicana nos impide pasar una decisión popular como fue la del plebiscito de 2009 con una ley interpretativa que viola flagrantemente la Constitución. El artículo 82 de la Constitución establece como normas superiores a las plebiscitarias y las convocatorias populares. Por lo tanto, son de segundo grado las normas parlamentarias de democracia representativa. En ese sentido, interpretar por vía parlamentaria la decisión del soberano viola el artículo 82 y nosotros no vamos a acompañar eso. Además, el proyecto tiene grandes deficiencias. También viola el artículo 17 de la Constitución, que es el que prevé la no retroactividad de las leyes. Sólo puede modificarse cuando se trata de una ley más benigna.
–¿Cuál es su opinión sobre la vigencia de la Ley de Caducidad?
–En los dos plebiscitos que hubo, nosotros votamos a favor de la anulación de la Ley de Caducidad. En el plebiscito de 1989, integrábamos el Partido Nacional y, sin embargo, no acompañamos la norma por su inconstitucionalidad. Pero, en esas dos oportunidades, el pueblo se expresó en contra de nuestra opinión y nosotros respetamos su opinión. Pero entendemos que es una norma inconstitucional y muchas veces la Suprema Corte de Justicia, en casos individuales, la ha declarado así.
–¿Entonces cuál es la salida para eliminarla del ordenamiento jurídico?
–A esta altura, para cambiar una decisión soberana hay que ir a una consulta popular. El que entienda que el tema no se cerró en el plebiscito de 2009 tiene que recoger firmas y convocar a un referéndum.
–¿Usted apoyaría la propuesta de derogación que maneja el diputado frenteamplista Víctor Semproni?
–No. La Constitución prohíbe tajantemente las leyes interpretativas. Derogar o anular la Ley de Caducidad no es posible si no es por la vía plebiscitaria. Es como si una mayoría circunstancial de los partidos de la oposición se hubiese juntado en el momento en que estaban gobernando para interpretar o derogar la ley de empresas públicas o la que declara el agua patrimonio nacional. Si eso hubiese ocurrido, habría sido una violación a la Constitución. Además, el FA habría estado hasta el día de hoy quemando cubiertas en la calle.
–¿Y qué opina de la alternativa de modificar el Código Penal para impedir que los crímenes cometidos durante la dictadura no estén prescriptos y así no tener necesidad de tocar la Ley de Caducidad?
–Hay una propuesta que se está elaborando pero que todavía no ha sido presentada claramente para saber de qué se trata. Pero está dentro del marco del debate para la modificación del Código Penal, que se está analizando en la Comisión de Constitución y Código del parlamento.
–¿No hay temor a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al Uruguay, cuando en los próximos días se pronuncie acerca de la desaparición impune de la nuera del poeta Juan Gelman?
–Es un tema que nos preocupa. Pero decimos claramente que el Uruguay tiene sus normas constitucionales y que hay que respetarlas. Por lo tanto, nos amparamos en nuestro derecho a obedecer las normas consagradas por el soberano. Hay un plebiscito que ya fue hecho y que nos prohíbe modificar esto por otra vía. Si hay una sanción, habrá que convocar a una nueva consulta o ver la forma para que el pueblo se exprese, como ya lo ha hecho en otras dos oportunidades.
–¿Estaría a favor de hacerlo?
–Yo no estoy de acuerdo con convocar a mi pueblo a otro plebiscito, pero hay compañeros que entienden que habrá que hacerlo.
–¿No cree que la vigencia de la Ley de Caducidad es una deuda del FA, que llevó en su plataforma la propuesta de anularla?
–Sí, lógicamente que está en el programa de gobierno del FA, pero hay tantas cosas en el programa de gobierno que no se han cumplido y quizás no se cumplan, que no pasa por ahí la discusión. Los programas de gobierno y los partidos no están por arriba de la Constitución de la República. Hay que hacer como dijo el ex presidente Tabaré Vázquez: “Yo voy a gobernar con la Constitución en una mano y con el programa de gobierno en la otra”.
Entrevista: Luciana Bertoia.

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