miércoles, 13 de abril de 2011

Buscan niños desaparecidos en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado salvadoreño por seis desapariciones de menores. Organismos de Derechos Humanos celebraron la decisión de que el caso aún impune de los niños desaparecidos por las fuerzas armadas salvadoreñas llegará a la Corte Interamericana.
La medida fue difundida mediante un comunicado de la CIDH, pero la demanda contra El Salvador ya había sido presentada el 28 de junio. “Los hechos que rodearon las seis desapariciones aún no han sido esclarecidos, los responsables no han sido identificados ni sancionados y, pasados casi 30 años, los hechos permanecen en la impunidad”, dijeron desde el órgano de la Organización de Estados Americanos.
La CIDH había realizado un informe sobre el secuestro de estos seis chicos y había encontrado que el Estado salvadoreño violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y los derechos del niño. Ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en ese reporte, la Comisión envió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no se sabe cuándo tratará la cuestión.
La demanda está relacionada con la desaparición forzada de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Todos estos delitos fueron perpetrados entre 1980 y 1992, cuando los militares y paramilitares ejecutaron una estrategia de tierra arrasada. Los operativos de las fuerzas armadas pretendían desarticular y aniquilar a las poblaciones que el aparato estatal había definido como la base social de la guerrilla.
El 13 de diciembre de 1981, el ejército entró a la casa de los Mejía. Masacró a toda la familia, menos a Ana Julia y Carmelina. Al mediodía, llevaron a las dos niñas a bañarse a casa de una vecina. Allí las reconoció su madrina. Después un testigo las vio en la Iglesia pero los militares no lo dejaron acercarse a las chicas. Al momento de su desaparición, Ana tenía quince años y Carmelina, siete.
Gregoria, Serapio y Julia Contreras fueron secuestrados el 25 de agosto de 1982 por integrantes de la Quinta Brigada de la Infantería salvadoreña. La madre vio cómo un soldado se llevó de los pelos a Gregoria y sufrió que le arrebataran casi de sus brazos a Julia, de sólo cuatro meses. Cuando fueron desaparecidos, Gregoria tenía cuatro años y Serapio no llegaba a los dos. El 18 de mayo de 1983, José Rivera fue sustraído a sus padres. También intervino la Quinta Brigada en el secuestro de este nene de tres años, cuyo paradero se desconoce aún. Gregoria Contreras es la única que recuperó su identidad. En 2006, lograron encontrar a la joven y, desde entonces intenta reconstruir los lazos con su familia biológica.
“Autorizamos y estamos de acuerdo con la medida de la CIDH”, festejó la noticia Ester Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos. “El Estado tendrá que responder y vamos a presionar políticamente para que esto suceda. El Estado debe investigar y aplicar justicia”, dijo a Página/12 la referente del organismo salvadoreño de derechos humanos. Alvarenga remarcó que El Salvador fue ineficaz a la hora de responder en favor de las víctimas. “Los jueces aplican la Ley de Amnistía cuando les conviene a los perpetradores”, explicó. En 1993, se dictó una Amnistía para quienes habían cometido delitos aberrantes desde 1980 hasta 1992.
Lo que los salvadoreños definen como la “guerra” dejó un saldo de 75 mil muertos y alrededor de 7000 desaparecidos. Alvarenga estimó en 871 el número de niños desaparecidos. Sólo unos 360 fueron reencontrados como resultado de la lucha de su organismo, que no contó jamás con apoyo gubernamental pero sí con el aliento y los consejos de otras organizaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de este año, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, decretó la creación de una Comisión de Reparación para las víctimas y otra de Búsqueda de los entonces niños desaparecidos. Sin embargo, la Comisión no entró en vigencia aún ni se le asignaron recursos para que funcione, denunció Alvarenga.

Informe: Luciana Bertoia.
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