domingo, 23 de octubre de 2011

Empezaron a juzgar los crímenes cometidos en el Hospital Posadas

Año 4. Edición número 179. Domingo 23 de octubre de 2011
El Posadas. Fue inaugurado en la segunda presidencia de Perón. Durante la dictadura fue intervenido.

Otras notas

La última dictadura sembró muerte donde había vida. El Policlínico Alejandro Posadas no fue ajeno: sufrió una intervención militar y, tiempo después, empezó a funcionar dentro de su predio un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como El Chalet, por el que pasaron trabajadores del hospital y vecinos del barrio Carlos Gardel, de Haedo Norte. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOF) 2 comenzó este jueves a juzgar esos crímenes. En el banquillo de los acusados estarán sentados los próximos dos meses el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex brigadier Hipólito Mariani y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos, por la privación ilegal de la libertad de 22 personas y la aplicación de tormentos a seis de ellos.
El Hospital Posadas empezó a construirse durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón por iniciativa de la Fundación Eva Perón y del ministro de Salud, Ramón Carrillo. Estaba pensado como una institución dedicada para tratar afecciones pulmonares y, especialmente, los casos de tuberculosis. En 1957, durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, se lo denominó Instituto Nacional de la Salud y su actividad quedó centrada en la investigación. “En esa época no se atendían pacientes, se atendían casos”, recuerda Gladys Cuervo, que trabajó desde el ’58 hasta el ’66 en el Posadas y se reintegró en 1973, cuando ya soplaban otros aires.
En 1972 se inauguró el Policlínico y se produjo una incorporación masiva de profesionales y trabajadores jóvenes que pasaban la mayor parte de sus días dentro de la institución. El entonces director, Carlos Ferreyra, era visto como un exponente de la dictadura lanussista. “Había un contexto autoritario, el manejo de los fondos no era adecuado. Eso incidió para que nos organizáramos”, cuenta la trabajadora social Cristina Pflüger. El 14 de junio de 1973, los trabajadores decidieron la toma del hospital y, en asamblea, eligieron a las nuevas autoridades. Los candados que durante años separaron al hospital del barrio humilde que lo rodeaba empezaron a romperse. Las puertas se abrieron y los vecinos empezaron a llegar a atenderse. Pflüger evoca la imagen del director elegido por los trabajadores, Julio Rodríguez Otero: “Se reunía en su despacho con los referentes del barrio Carlos Gardel. Allí se sentaban durante horas y hablaban de las necesidades del barrio y de cómo el hospital podía colaborar para resolverlas”.
La primavera duró poco. En 1974, irrumpió con una guardia armada el médico Arturo Pimentel y se hizo cargo de la dirección. El proyecto de un hospital abierto y no elitista se fue desvaneciendo en el aire, mientras comenzaban a sobrevolar los nubarrones de la Triple A.
La dictadura en el Posadas. El 28 de marzo de 1976 amaneció como una película de guerra para los trabajadores del Posadas. Aviones, tanques, celulares y soldados tiñeron el paisaje de verde oliva. La ocupación fue comandada por el general Bignone, por entonces delegado de la Junta Militar en el Ministerio de Bienestar Social. Como un ejército invasor, los militares tomaron todos los puestos de ingreso al policlínico. Las listas negras cambiaban a cada hora. Había gente que lograba sortear el primer retén pero después era detenida en el interior del hospital. Cerca de medio centenar de trabajadores fueron detenidos, cargados en camiones celulares sin identificación y llevados con destino incierto. Tiempo después, fueron legalizados pero debieron pasar meses en las cárceles de la dictadura.
Con la intervención de Bignone, se hizo cargo de la dirección el coronel médico Agatino Di Benedetto, que después siguió su carrera como director del Hospital Militar de Campo de Mayo. Di Benedetto no será parte en este juicio porque fue declarado insano. El 14 de abril del ’76, el coronel médico Julio Esteves lo reemplazó en la dirección. Los dos dispusieron cientos de despidos e inocularon el terror dentro de los pasillos del hospital. Justificándose en supuestos hechos de inseguridad, Esteves pidió en mayo la designación de una guardia de seguridad interna. Así llego a mediados de julio de ese año un grupo de diez hombres a los que los empleados bautizaron como “los Swat”, haciendo alusión a la serie estadounidense sobre un grupo policial de élite entrenado para resolver emergencias. Los trabajadores empezaron a convivir con los abusos de esta patota, que irrumpía en los servicios buscando supuestas armas e imponía vejatorias requisas a los empleados y a los propios pacientes.
Cerca de noviembre de ese año, la casa del director interino se convirtió en un centro clandestino de detención: El Chalet. Gladys Cuervo es una de las pocas sobrevivientes de ese horror. Era enfermera de Traumatología y antes del golpe militaba en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En la mañana del 25 de noviembre del ’76 recibió una llamada de la dirección. Se apuró. Cuando estaba en la puerta, Juan Copteleza, uno de “los Swat”, la encañonó. Encapuchada fue llevada hasta otra sala del hospital. Ahí empezaron los tormentos. “Mirá que esto es la aceituna del vermouth. Lo bueno viene después”, le dijo con cinismo Copteleza, que falleció este año.
Cerca de las seis de la tarde, los parapoliciales la envolvieron en una manta y la sacaron del hospital. Dieron unas vueltas por el barrio para despistarla y después la llevaron a El Chalet. Las vejaciones, los golpes y el “submarino” duraron varios días. “Yo podría haberme muerto 20 veces por la forma en que me torturaron”, dijo a Miradas al Sur Cuervo, que pasó varios días tabicada, maniatada y encerrada en un placard de El Chalet. Durante su reclusión, la mujer fue “careada” con los médicos Jaqueline Romano, quien después fue liberada, y Jorge Roitman, que sigue desaparecido. Los represores también le nombraron a otros de sus compañeros, pero no pudo verlos.
Cuervo recuerda las visitas de hombres de la Fuerza Aérea, arma que coordinaba la represión en la zona oeste del conurbano. Fueron ellos los que en diciembre de 1976 la sacaron de El Chalet y la llevaron a una casa ubicada en el predio de la Brigada Aérea del Palomar. Recién el 22 de enero de 1977, recuperó su libertad.
Para el 12 de enero de ese año, el centro clandestino El Chalet quedó desmantelado. El mismo Hipólito Mariani, por entonces jefe de la subzona 16 del Primer Cuerpo y de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, reconoció que fue él quien ordenó a un grupo de la Aeronáutica ir a detener a “los Swat”. Junto con los parapoliciales, el grupo de tareas de la Fuerza Aérea se llevó a los detenidos que estaban en el chalet. Pero la memoria de Mariani le falló en la indagatoria del jueves para recordar qué pasó con ellos.
El juicio. La escalera conduce hacia un pasillo lleno de imágenes: las fotos del Hospital en los años ’70, los rostros de los once trabajadores desaparecidos, los recortes de diarios que cuentan años de lucha. Jóvenes estudiantes de enfermería recorren ese camino cada día. Estudian en el chalet del hospital Posadas, el mismo que sirvió de guarida de “los Swat”. La comisión de Derechos Humanos del hospital se reúne allí y proyecta cómo llevar adelante el juicio que arrancó.
En este proceso no se juzgan todos los casos de desapariciones en el Posadas. Probablemente, quedará para otro tramo. “No se termina acá la tarea de buscar justicia por los desaparecidos del hospital”, dice en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py el médico Carlos Apezteguía, mientras se despeja el sol de la vista, que promete tiempos mejores.

lunes, 3 de octubre de 2011

El mundo|Lunes, 3 de octubre de 2011
ALVARO RICO, COORDINADOR DE LA INVESTIGACION SOBRE LA REPRESION DURANTE LA DICTADURA URUGUAYA

“La prisión fue masiva y prolongada”

El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República del Uruguay señala que la cifra de detenidos-desaparecidos es de 176, pero que ese país tuvo la mayor cantidad de presos políticos, alrededor de seis mil.

Por Luciana Bertoia
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“La izquierda no siempre encontró los elementos populares para explicar por qué hubo una dictadura.”
Alvaro Rico es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay. Desde hace seis años es el coordinador de la investigación sobre la represión durante la dictadura uruguaya (1973-1985), tarea que le encomendó el entonces presidente frenteamplista Tabaré Vázquez. Rico viajó a Buenos Aires para participar del Seminario de Políticas de la Memoria que se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti en la ex ESMA. Antes de su intervención, dialogó con Página/12 acerca de su investigación y de las disputas por la memoria que se están librando en la República Oriental.
También aprovechó el viaje para recorrer la zona del Abasto, donde vivió cuando, huyendo de la dictadura uruguaya, se refugió en la Argentina. Anduvo por las calles que transitó hasta 1976, cuando tuvo que exiliarse en Europa. “No puedo creer que hayan puesto ahí un shopping”, se queja y comenta después, con picardía en la mirada, que es primo lejano del ex carapintada Aldo Rico. Enseguida vuelve a referirse a la labor de documentación de las víctimas uruguayas que cumple desde 2005. “La responsabilidad es muy grande. Se siente el peso de la historia cuando uno tiene que trabajar con esos archivos sensibles y sobre un período tan lleno de destratos y violaciones a la dignidad humana”, remarca.
–¿Cree que se ha avanzado en los últimos años en materia de verdad sobre la dictadura uruguaya?
–Hasta el momento, entre archivos estatales, privados y del exterior, el equipo que coordino revisó alrededor de 27 archivos, entre ellos catorce estatales. El balance es de avance, pero limitado con relación a todo lo que aún resta por saber. Si bien no hay una consulta pública autorizada a los archivos de la dictadura, Uruguay ya tiene tres leyes de archivos y de hábeas datas muy importantes.
–La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman insiste en que el Estado abra y ponga a disposición los archivos de la represión.
–Exactamente. Allí se señala que, en el plazo de dos años, el Estado debe promover esa posibilidad de consulta. Si bien había muchos rumores que decían que los archivos se habían destruido, el equipo de investigación pudo acceder y comprobar que esa documentación se conserva.
–¿Pudieron ver los archivos de las fuerzas armadas?
–Entre los archivos que pudimos ver están los de Inteligencia policial, los de la Cancillería (que es un ámbito fundamental para poder investigar las implicancias del poder civil con el poder militar en la estructuración del régimen dictatorial cívico-militar) y algunos de origen militar. También está el archivo de fichas clínicas de Sanidad Militar, que fue hallado hace poco tiempo y que en los últimos meses el equipo ha podido, mediante la autorización de la presidencia, trabajar en la búsqueda de detenidos que fueron atendidos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y para tratar de encontrar también detenidas que dieran a luz en el Hospital Militar. Uno de los objetivos fundamentales en esta búsqueda es saber de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, en la medida en que varios testimonios señalan el alumbramiento de Macarena, su hija, en el Hospital Militar.
–¿Qué particularidad tuvo la represión en Uruguay?
–En el caso de la Argentina, la metodología represiva generalizada fue la desaparición forzada de personas; en el caso de Uruguay, la metodología generalizada de la represión dictatorial fue la prisión masiva y prolongada. Hasta el momento, el universo de detenidos-desaparecidos uruguayos es de 176, pero el universo de presos políticos es de alrededor de seis mil. A escala de población, Uruguay fue la dictadura de mayor cantidad de presos políticos en el mundo.
–¿Tuvo secuelas esto a nivel social?
–Sí, tuvo efectos para la sociedad esta política de encierro, de control, de libertad vigilada. Además porque el preso político en Uruguay fue sinónimo de tortura. No hubo preso político que no pasara por la tortura. No es casualidad que el Uruguay de hoy, a más de 25 años del fin de la dictadura, siga teniendo en el tema carcelario y en la superabundancia de presos jóvenes un problema que se continúa en el tiempo sin solución a la vista. Las dictaduras tuvieron un objetivo inmediato: desbaratar los desafíos al statu quo, que en el contexto de los años ’60 y ’70 existían. Pero sus objetivos fueron más allá y uno de ellos tiene que ver con la reestructuración de formas sociales, de valores.
–¿Por esta reestructuración de los lazos sociales se puede explicar que la ciudadanía haya ratificado la Ley de Caducidad, que impide que se juzgue a los represores?
–Yo creo que sí. No es de descartar esa línea explicativa. Por otro lado, la izquierda no siempre ha encontrado los elementos convincentes y populares para lograr establecer una explicación sobre por qué hubo una dictadura en el Uruguay y sus responsables. Ciertos rasgos de temor, ciertos rasgos de indiferencia, ciertas contradicciones internas de la propia izquierda, terminaron por profundizar esas transformaciones culturales.
–¿Qué pasaría si en noviembre prescriben las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, como todo hace presuponer?
–Se concluiría con una época que tuvo sucesivas etapas: desde la Ley de Caducidad, los plebiscitos, las marchas de silencio, los intentos de anulación. Esa época terminaría con la conclusión de que “justicia nunca más”.
El mundo|Viernes, 9 de septiembre de 2011
EL FILOSOFO FRANCES SAMI NAÏR HABLA DE LA PRIMAVERA ARABE

“Europa es cruel y cínica”

Según Naïr, mientras la OTAN intervenga en la región seguirán surgiendo respuestas neocolonialistas. El experto opina que los Cascos Azules de Naciones Unidas deberían ser los encargados de proteger la transición en Arabia.

Por Luciana Bertoia
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“El paradigma de la estabilidad europea consistía en apoyar a los dictadores.”
La primavera sorprendió en enero a los propios países árabes y al resto de la comunidad internacional. Cayeron feroces y vetustas dictaduras. Otras siguen tambaleando. Desde entonces, los intelectuales intentan explicarse cómo quedará configurado el tablero internacional.
Según el experto francés Sami Naïr, el futuro es incierto. Pero mientras la OTAN intervenga en la región seguirán surgiendo respuestas neocolonialistas. Naïr, filósofo y sociólogo con raíces argelinas, opina que los Cascos Azules de Naciones Unidas –y no las tropas de la alianza transatlántica– deberían ser los encargados de proteger la transición democrática en la península arábiga.
Con decenas de obras publicadas, Naïr trabajó junto a Simone de Beauvoir en la dirección de la revista Les temps modernes. En 1997 se desempeñó como delegado interministerial para el Codesarrollo y las Migraciones Internacionales, cuando el socialista Lionel Jospin era el premier francés. Desde 1999 a 2004 fue europarlamentario y actualmente es columnista de varios diarios galos y de El País de España. De visita en Buenos Aires para participar del coloquio internacional sobre las revoluciones árabes y la nueva geopolítica mundial, por Le monde diplomatique, Naïr dialogó con Página/12.
–¿Cambiaron las relaciones entre Europa y los países norafricanos, después de las revoluciones árabes?
–Fundamentalmente, no. Europa tiene un paradigma estratégico, que también comparten las potencias dominantes a nivel internacional (como Estados Unidos, China y Rusia), que es el paradigma de la estabilidad. Lo que les interesa fundamentalmente es la estabilidad por varias razones. En primer lugar, porque temen el desarrollo de flujos migratorios. Como segundo elemento, porque temen perder el control de los recursos petrolíferos de la región. En tercer lugar, temen el integrismo, el auge del islamismo. El paradigma de la estabilidad consistía en apoyar a estos dictadores con la excusa de que eran la protección contra el integrismo. Pero en realidad los dictadores eran los mejores aliados del integrismo. Europa no ha cambiado. Los líderes europeos hasta ahora no han dado ni un paso. Están a la expectativa de cómo todo esto va a terminar.
–¿Cómo se explica entonces la intervención militar en Libia?
–Es un elemento absolutamente nuevo. Militarmente, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Europa está interviniendo para defender sus intereses. En la Conferencia de París de la semana pasada con los nuevos dirigentes libios han empezado a hablar del reparto de los recursos petrolíferos. Europa está involucrada militarmente. Eso sí que es un cambio porque, desde la descolonización, no lo había hecho. Hasta la fecha no sabemos cómo van a continuar actuando Inglaterra y Francia. Tampoco sabemos cómo la opinión pública va a reaccionar frente a la intervención de la OTAN. Personalmente, pienso que la intervención de Francia y de Inglaterra con el control de los aviones de Muammar Khadafi era necesaria para salvar el proceso revolucionario.
–¿La sociedad podría reaccionar como lo hizo frente a la invasión a Irak?
–Sí, podría, pero no lo sabemos. Si la OTAN sigue siendo una fuerza dominante, ahí tendremos inevitablemente un rechazo. Y los propios dictadores van a decir: “Miren, eso se llama revolución y su consecuencia es el neocolonialismo”. Si la intervención de la OTAN se transforma en una intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con soldados de la ONU y con una nueva resolución de ese organismo que diga que hay que proteger el proceso de transición democrática, tendremos una salida que puede ayudar muchísimo a la revolución democrática árabe.
–¿Cómo evalúa la respuesta europea a la crisis humanitaria que siguió a las revueltas en los países árabes?
–Se han portado de manera muy cruel y cínica. No han hecho nada. Tuvimos que recibir unos 20.000 inmigrantes tunecinos y fue como si el planeta hubiese invadido Europa.
–En un artículo, usted alerta que Muammar Khadafi no es Saddam Hussein. ¿Cuáles son las diferencias?
–Lo de Irak fue una intervención imperialista para destrozar un régimen nacional, laico, que había cumplido con todas las resoluciones de la ONU de los últimos años. En aquella época, yo era parlamentario europeo y fuimos con una delegación de parlamentarios europeos a Bagdad y tuvimos una reunión con los expertos de la ONU, que nos dijeron: “No hay ni una bala. No hay absolutamente nada y hemos visto todo”. Era, en realidad, una intervención para apoderarse de las riquezas petroleras y para destruir a uno de los países que podía oponerse a los intereses de Estados Unidos y de Israel en la región. En cambio, Khadafi era el mejor aliado de los Estados Unidos. Ahora se sabe que estaba trabajando con la CIA, que torturaba a los militantes islamistas encarcelados en Guantánamo. (N. de R.: Según el New York Times, la Casa Blanca envió en ocho ocasiones a sospechosos de terrorismo para ser interrogados en Libia.) Era un tirano que se había vuelto loco. La situación es totalmente diferente, pero hay que cuidar lo que vaya a ocurrir con la intervención de la OTAN. Era necesaria, pero ahora tienen que salir.
–Usted planteaba en otro artículo la necesidad de que se creen partidos en los países que fueron atravesados por la revolución en los últimos meses. ¿Cree que se podrá superar la espontaneidad que caracterizó a las revueltas?
–Van a crear partidos políticos. Es absolutamente necesario. Es un proceso de transición democrática, muy contradictorio, con una situación de dualidad de poder. Todos estos países nunca han conocido la democracia. La están creando ahora.
El mundo|Miércoles, 31 de agosto de 2011
Ayer se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido

Memoria, Verdad y Justicia

En Montevideo, Santiago y Caracas hubo actos conmemorativos con los familiares de las víctimas de la dictadura. Deudas pendientes en Colombia y Honduras y dolor y congoja en toda la región. La fecha se recuerda desde 1981.

Por Luciana Bertoia
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Un niño participa en los actos conmemorativos del Día del Desaparecido en Bogotá.
En la larga noche de las dictaduras que regaban de muerte y desaparición a América latina, los familiares lograron imponer en el calendario un día para recordar a sus seres queridos que habían sido secuestrados para no volver. Desde 1981, el 30 de agosto es el Día Internacional del Desaparecido. Por eso, decenas de organizaciones salieron ayer a la calle para reclamar memoria, verdad y justicia para los ausentes.
Tic Tac. Así empieza la canción “A contrarreloj” que el joven músico uruguayo Ismael Collazo compuso meses atrás, cuando el fantasma de las prescripciones empezó a merodear en la República Oriental. En mayo, la Corte Suprema uruguaya se negó a calificar como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), decisión que, en la práctica, implicaría el cese de cualquier acción de penal contra los represores a partir del 1º de noviembre próximo. Para protestar contra esta posibilidad y por la vigencia de la Ley de Caducidad que impide que sean juzgados quienes cometieron crímenes durante el gobierno militar, los organismos de derechos humanos llegaron ayer a la Plaza Libertad, la misma plaza a la que marchan todos los 20 de mayo para recordar a las víctimas de la dictadura y demandar justicia.
Los militantes de la agrupación HIJOS presentaron allí el audiovisual que lleva el mismo nombre del tema que escribió Collazo. “Es un video que trata de evidenciar cómo el paso del tiempo no diluye la problemática de los desaparecidos sino que la agrava”, explica por teléfono a Página/12 Valentín Enseñat, desde Montevideo. “Decimos que, conforme pasa el tiempo, se amplía el universo de víctimas. Ahora son nuestros hijos los que empiezan a preguntarse sobre sus abuelos y a tener los mismos interrogantes que nosotros cargamos acerca de nuestros padres desaparecidos”, agrega.
En el corto participaron referentes uruguayos de la cultura, del deporte y muy pocos de la política. Las relaciones entre el movimiento de derechos humanos y algunos sectores de la coalición centroizquierdista gobernante quedaron tirantes, después de que el Frente Amplio no lograra en mayo pasado disciplinar a su tropa para que votara la anulación de la Ley de Caducidad. Entre los que sí fueron convocados para participar del video, y sostuvieron los carteles que exigían “Memoria, Verdad y Justicia”, están el cantautor Daniel Viglietti y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Se les suman varios músicos jóvenes, conductores televisivos y algún deportista. Todos ellos hacen sentir que la demanda de los organismos no está aislada. “Qué difícil es seguir si todo parece olvidado. Igual sacás fuerza del hombro que se ofrece a tu lado”, se escucha cantar a Collazo.
Chile también recordó a los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) organizó un homenaje en el Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago. Allí, el organismo pidió el fin de la represión y recordó a Manuel Gutiérrez, el chico asesinado la semana pasada en una manifestación. “Es una fecha muy importante porque se recuerda el drama del genocidio en Latinoamérica. A nuestros seres queridos los asesinaron y ocultaron sus cuerpos. Pero, a pesar de eso, hoy nosotros salimos a la calle a reivindicar su lucha”, dijo a este diario Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que también participó de la conmemoración en la capital chilena.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), con sede en Caracas, aprovechó la jornada para recordar sus 30 años de lucha y marcar el camino que queda por desandar. Pero también para celebrar los logros, como fue la Convención sobre la Desaparición Forzada adoptada por las Naciones Unidas en 2006 y que entró en vigor en diciembre del año pasado.
Sin embargo, los familiares saben que lo que falta por hacer es mucho. Son cerca de 205 mil los desaparecidos en América latina desde 1960. En los últimos cinco años, las desapariciones forzadas de personas –es decir, con intervención estatal– se incrementaron en Colombia y México.
Lo mismo sucedió en Honduras, después del golpe que en junio de 2009 arrancó del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya. Según la Fedefam, hay unas 300 personas cuyo paradero se desconoce en el país centroamericano. “Las denuncias que recibimos nos indican que hay una política de Estado”, comentó a este matutino Bertha Oliva, referente del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su marido está desaparecido por razones políticas desde 1981 y, para Bertha, cada 30 de agosto es una fecha especial. “Siento que es un día para tener cerca a nuestros desaparecidos, para sentir que están con nosotros”, se emociona.

miércoles, 27 de julio de 2011

El mundo|Miércoles, 27 de julio de 2011
Isabell Kempf, consejera de Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos

“La prevención del genocidio es colectiva”

La experta alemana afirma que en Africa se tomó conciencia de que la forma de solucionar los conflictos es con la ayuda de los vecinos. Ruanda tiene un sistema jurídico que castiga a los genocidas; Kenia incorporó una Constitución progresista.

Por Luciana Bertoia
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“Hay que monitorear. Un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad.”
Africa lleva décadas desangrándose por los conflictos. La región de los Grandes Lagos, donde se encuentran Ruanda, Burundi y el Congo, ha sido el epicentro del genocidio, explican los especialistas. Algunos estiman que en sólo cien días en 1994 murieron cerca de un millón de tutsis en Ruanda. Sin el interés del mundo occidental, los países de una de las zonas más pobres del continente se dieron cuenta hace años de que deben evitar conjuntamente nuevas matanzas y que deben desandar el camino de la justicia.
Isabell Kempf es consejera de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos. También, la economista alemana trabaja para la Conferencia Internacional para los Grandes Lagos, que es una iniciativa de 11 países para la paz y el desarrollo, surgida en 2004 en respuesta al genocidio en Ruanda y a las dos guerras en el Congo. “Se agruparon para discutir las causas profundas de los conflictos en la región y para encontrar una respuesta colectiva, porque muchos de los problemas afectan a toda la región. Es por eso que crearon el año pasado también un Comité de Prevención del Genocidio, que es regional y que tiene como objetivo trabajar en políticas educativas y leyes para la lucha contra la impunidad en la región”, explicó a Página/12 la funcionaria que viajó desde Burundi a Buenos Aires para participar del Tercer Encuentro Internacional sobre Genocidio, organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Sin dejar de mencionar los avances argentinos en materia de verdad y justicia, Kempf espera que se juzgue a quienes cometieron crímenes aberrantes en el Este africano.
–¿Cómo están trabajando los países en la prevención del genocidio? –Ruanda tiene más experiencia, porque cuenta con una comisión nacional de prevención del genocidio y un sistema jurídico para poder penalizar a los perpetradores del genocidio. Kenia, después de la violencia electoral en 2008, hizo una nueva Constitución muy progresista, que reconoce los derechos sociales, culturales y a la tierra, y que intenta integrar a los diferentes grupos étnicos en una sociedad más inclusiva.
–¿Cuáles fueron las consecuencias sociales que imprimieron las matanzas en esa zona de Africa? –En primer lugar, creo que la gente está cansada de los conflictos. La gente quiere crear relaciones más positivas entre los países y quiere reconstruir la región, que es muy bella, con muchos recursos naturales y humanos. Por eso, la iniciativa regional propone trabajar juntos para que los recursos naturales no sean utilizados para retroalimentar los conflictos, para luchar contra la violencia sexual y para terminar con los desplazados internos, que cuando comenzamos había casi 10 millones de desplazados en el lugar. Hay una conciencia de que se necesita del vecino para la propia estabilidad.
–¿Esta coordinación regional se presenta como un modelo alternativo a lo que puede ser una intervención de la comunidad internacional, liderada por los países occidentales? –Sí, porque justamente lo que se espera es trabajar en la prevención del genocidio y en los crímenes masivos. Para hacerlo, hay que monitorear la situación de los derechos humanos, porque un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad. Por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Burundi y gran violencia política. Entonces, se movilizaron los embajadores y los cancilleres de los países vecinos para explicarles a las autoridades que no iban a permitir que resurja la violencia en Burundi y que no iban a dar refugio a personas –del gobierno o de la oposición– que hayan cometido crímenes.
–¿Por qué no intervino la comunidad internacional cuando se produjo el genocidio ruandés? –Los estadounidenses venían de una experiencia en Somalia, donde el mantenimiento de la paz había sido un fracaso. Ellos no querían intervenir en un país donde no tenían intereses geopolíticos ni económicos. Entonces hicieron de todo para que no se hablara del genocidio. Porque probar que se trataba de un genocidio implicaba la obligación de intervenir para la comunidad internacional.
–¿Hay posibilidades de que se lleve a la Justicia a quienes cometieron crímenes durante los conflictos étnicos en la región, más allá de lo que ya se hizo en Ruanda? –En Burundi, por ejemplo, se está estableciendo la Comisión de Verdad y Reconciliación y se espera que empiece a funcionar para comienzos del año próximo. Pero la sociedad civil no se siente representada allí. Hay una discusión muy fuerte en este momento.
–¿Están organizadas las víctimas en Burundi? –Sí, hay organizaciones de viudas, de familiares y de víctimas en general. Los distintos grupos se reúnen cada dos semanas para discutir cómo quieren que sea el proceso: cómo tiene que ser la protección de los testigos, cómo hay que escribir la historia, si quieren reparaciones individuales o colectivas.
–Pero una Comisión de Verdad y Reconciliación no implica una revisión judicial. ¿Qué pasará con los perpetradores? –Por el momento, hay impunidad. Incluso el presidente actual fue condenado por un tribunal nacional por crímenes contra la humanidad pero las penas nunca se aplicaron. Porque después de los acuerdos de paz, hubo una amnistía provisoria hasta que se cree un tribunal mixto con expertos nacionales e internacionales.
–¿Por qué está tan presente la idea de la reconciliación? –Allí es muy importante porque una parte del conflicto fue creado por intereses exteriores de la colonización. El conflicto étnico es artificial porque todos los burundeses tienen la misma lengua, la misma cultura, y siempre vivieron juntos en las colinas. Para ellos es importante tener esta reconciliación porque se sienten como un mismo pueblo. Ellos hablan mucho del perdón porque es una sociedad muy católica. El presidente, que pertenece a una iglesia evangélica, pidió disculpas en la televisión cuando comenzó su mandato. Se disculpó porque había matado a varias personas. A mí me parece muy peligroso porque uno puede pedir perdón, pero tiene una responsabilidad jurídica. Yo creo que en este momento la mayoría de la población quiere justicia, pero muchos de los criminales están en el gobierno. Creo que va a ser más fácil tener un tribunal mixto, donde haya extranjeros y nacionales. Eso podría garantizar la seguridad de los jueces y de los testigos.

domingo, 24 de julio de 2011

El mundo|Domingo, 24 de julio de 2011
GABRIEL GATTI, SOCIOLOGO URUGUAYO, HIJO Y HERMANO DE VICTIMAS DEL PLAN CONDOR

“El desaparecido molesta en Uruguay”

Gatti sostiene que mientras en la Argentina la figura de los familiares de desaparecidos forma parte de la escena pública, en Uruguay sigue siendo una figura molesta para gran parte de la sociedad. Mujica y la Ley de Caducidad.

Por Luciana Bertoia
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“En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos.”
Gabriel Gatti es uruguayo. En 1975, tenía ocho años cuando escapando de la dictadura oriental vino a vivir con su familia a Buenos Aires. En junio del año siguiente, los militares secuestraron y desaparecieron a su padre, Gerardo Gatti, un importante dirigente obrero uruguayo que fue visto en Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionaba como sede del Plan Cóndor. Su hermana Adriana fue secuestrada embarazada meses después. Los restos de la chica aparecieron recién en 1983. Gabriel, su madre y su hermano se exiliaron en Francia. Después, viajaron a España. En Madrid, estudió Sociología. En 1993 se fue al País Vasco, donde todavía vive y trabaja como investigador universitario. “Euskadi era un lugar con un nivel de agitación política muy excitante en ese momento, no sólo por ETA sino por lo que estaba alrededor. Era muy atractivo para cualquier joven de izquierda, recién salido de una carrera de Sociales y en particular con una historia detrás de padres estupendos vinculados a un proyecto revolucionario”, contó a Página/12.
Como otras veces, volvió a Buenos Aires. En esta oportunidad, lo hizo para participar del Tercer Congreso Internacional de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas organizado por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y dialogó con este diario sobre las diferentes formas de asimilar la figura del detenido-desaparecido a cada orilla del Río de la Plata.
–¿Qué diferencias hay entre Argentina y Uruguay en lo que respecta a la elaboración del pasado?
–En la Argentina, la figura del desaparecido está totalmente institucionalizada como parte de la escena pública. Los familiares de desaparecidos existen no sólo como un personaje doliente sino como un personaje político de primer orden. A diferencia, la figura del desaparecido es sumamente molesta para el imaginario colectivo del Uruguay, que tiende a valorar las cosas tranquilas. En parte, se explica por una cuestión de números, allí hay muy pocos. En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos. Te hablaban de otra cosa, de presos.
–¿A qué se debe de que hoy esté más presente en Uruguay la figura del desaparecido?
–Desde ese año hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, no sólo la constatación del Segundo Vuelo (N. de R: que trasladó en 1976 detenidos desde Argentina a Uruguay). Hubo un importantísimo intento de anular la Ley de Caducidad. No se puede decir que fue negativo el resultado: el 48 por ciento de la gente votó a favor de anularla, el resto de la gente no votó. Y hubo una movilización colectiva que indica que está aflorando, en cierto grado, una figura que era invisible y muy vinculada al mundo muy chiquito de los familiares. Pero la sensibilidad de los líderes políticos más renombrados, incluido el propio presidente, no es la misma que la que tienen los argentinos en esta materia.
–¿Cómo tomó la actuación del presidente José Mujica frente al proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad?
–Me generó profundo desagrado. Entre otras cosas, porque el presidente y su actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, son parte de la misma generación de mi padre. Eran colegas de sensibilidad, aunque no eran de la misma línea política y, sin embargo, tienen una lectura tan militarista que es insensible con lo que ocurrió a una buena parte de su propia generación. Es desagradable por una cosa muy uruguaya (como científico social no lo debería decir porque es una generalización barata) que es la sobrevaloración de la institucionalidad, de los acuerdos, de lo que votó el pueblo. Eso los torna insensibles ante las cosas excepcionales, como es la figura del desaparecido.
–¿Esa “insensibilidad” podría explicarse por una cuestión de números, porque allí hubo menos desaparecidos que en la Argentina?
–Sí, en parte. La dictadura uruguaya fue diferente de la argentina. Tuvo un “plan institucional” de exterminio. O sea, se pasaba por las cárceles y por el exilio, hasta eso era legal. La desaparición no entró en el registro de prácticas represivas de modo tan extensivo como ocurrió aquí. La sensibilidad uruguaya tan extrema por lo que es compartido y tan nula por lo que se sale de la norma hace que sea difícil pensar la figura.
–¿Y qué diferencias ve entre el movimiento de derechos humanos argentino y el uruguayo?
–Las sensibilidades históricas son tan distintas que no sé si es justo hacer una comparación, porque entre otras cosas lleva a considerar lo evidente: Argentina está muy por delante en esa materia con respecto a Uruguay. Si hago la comparación, tendría que plantear una evolución en esta línea que no se va a dar.
–¿Por qué dice que las políticas de la memoria son tramposas?
–Construyen unanimidades y construyen la convicción de que la verdad es cierta. Eso es tramposo, si lo miro desde el ojo clínico del sociólogo. Y no lo digo por aquello de que las memorias son múltiples sino porque éste es un campo precario, móvil, difuso. Si lo valoro como ciudadano implicado, no puede estar más que contento en el caso argentino, de una construcción de una narrativa oficial en el tema de los derechos humanos que ha permitido elaborar a medio plazo una figura internacionalmente consensuada de lo que es un desaparecido y que se está aplicando por doquier y con dosis crecientes de eficacia.
–¿Por qué afirma que no es correcto hablar de “desaparecidos” en el caso de la represión franquista?
–Estamos hablando de un fenómeno que empezó a finales de los años ‘30 y hasta ahora no se nombraba. Se los denominaba “fantasmas”, los “paseados”. Sólo hace cinco años, y ahora está especialmente el asunto hirviendo, empieza a usarse el término desaparecido.

Franquismo: una herida que no cierra

A 75 años del alzamiento del Generalísimo. Organizaciones de DD. HH. de España siguen reclamando justicia por los crímenes cometidos en el régimen de Franco.
España sigue exigiendo castigo para los crímenes del franquismo. Mañana se cumplen 75 años desde que Francisco Franco se levantara contra el gobierno de la República e iniciara una guerra que duró tres años y dejó miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Después de la guerra, llegó la pesadilla de la dictadura. Los crímenes cometidos durante las casi cuatro décadas de dominio de Franco siguen siendo deudas que la democracia ibérica aún no pudo saldar.
Desde 1931–con algunas interrupciones–, España intentó arrancarse las cadenas de la monarquía. El experimento terminó en una república democrática, laica, que consagraba el sufragio universal y que devolvía a las autoridades eclesiásticas a las iglesias. El proceso duró poco. Los militares se levantaron en julio de 1936 contra el gobierno republicano. La guerra contra la población civil desangró durante tres años al país. Con el apoyo de los regímenes italiano y alemán, Franco sepultó en 1939 las esperanzas republicanas y se perpetuó en el poder hasta su muerte, en 1975. Ciento noventa mil muertos, 150 mil desaparecidos en más de 2.000 fosas comunes y un número semejante de hombres y mujeres que huyeron de su tierra componen una imagen del horror con el que Franco trató de moldear a España hasta convertirla en un territorio en cautiverio.
“Se emprendió una guerra de terror, premeditada, intencionada, sistemática y que tenía como objetivo exterminar a medio país. El propósito no era sólo tomar las instituciones, sino sembrar el terror y dejar la sensación de dominio, erradicando el republicanismo democrático en España”, explicó a este diario Miguel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad.
Organizaciones de memoria histórica reclaman que el Estado español haga en este 75° aniversario una condena pública del franquismo. Emilio Silva Barrera es periodista y hace poco más de diez años rescató los restos de su abuelo de una de las tantas fosas comunes. Silva preside la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (Armh), que el mes pasado envió una carta al presidente del Congreso español, José Bono, para reclamarle que el pleno del Parlamento condene el día del alzamiento de Franco y que se retiren del Congreso los cuadros de los presidentes parlamentarios durante la dictadura franquista. “En España se ilegalizan partidos porque no condenan la violencia, pero el Estado se permite tener esos retratos, con los que de alguna manera brinda su triunfo a los franquistas. También en Madrid hay una plaza del Caudillo o un Arco de la Victoria, dedicado al triunfo de Franco. Desde el Estado se ejerce una doble moral”, remarcó Silva a Miradas al Sur.
“En el Parlamento español se conmemora el Día del Holocausto, el Día de las Víctimas del Terrorismo, pero no hay ningún tipo de conmemoración para las víctimas más numerosas en España que son las del franquismo”, denunció. En el escrito entregado a Bono, el organismo también remarca que el Parlamento estuvo ajeno al debate sobre las fosas comunes, que en su mayoría siguen sin ser abiertas. Si bien en mayo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con la publicación de un mapa que muestra dónde están los enterramientos clandestinos, la identificación de los cuerpos avanza con paso cansino y quedó en manos de las familias, como la dispuso la criticada ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007.
Otros de los que se quejan porque su reclamo no está contemplado dentro de la norma reparatoria aprobada durante la presidencia de Zapatero son los cerca de 2.000 integrantes de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. En 1938, el Ministerio de Hacienda del Generalísimo decretó la prohibición de la tenencia de papel moneda “puesto en circulación por el enemigo”. Así, miles de ciudadanos debieron ceder todo lo que tenían al Banco de España a cambio de un recibo que acreditaba la suma entregada.
Hoy son los nietos o hijos de los que sufrieron la incautación los que conservan el documento y demandan que el Estado les devuelva lo que es suyo. “Mi abuelo tenía 1.262 pesetas para comprar una casita. Cuando vino esta ley, las entregó y se quedó sin nada. Tuvieron que mandar a los hijos a casas de parientes. Cuidaban los animales y les daban un plato de comida. Fue algo tan penoso que el matrimonio se separó porque no encontraban trabajo. No merece la pena que lo olvide”, relató Lidia Jiménez, una de las impulsoras. Se estima que lo incautado ronda los 5.300 millones de euros.
Los niños robados. También en 1938 Franco autorizó al médico Antonio Vallejo Nágera a investigar las “raíces psicofísicas del marxismo”. Vallejo Nágera y Franco coincidían en el diagnóstico: era el mal que padecían los republicanos y había que evitar, como fuera, que la “infección” volviera a desparramarse por el país. Con ese designio, el jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares empezó a experimentar con los integrantes de las Brigadas Internacionales que estaban secuestrados en un campo de concentración de Burgos y sobre las mujeres republicanas que estaban presas en una cárcel de Málaga, según pudo probar en 2008 el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido por haber tratado de enjuiciar los crímenes del franquismo.
Vallejo Nágera llegó a una conclusión: “La segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”. Y así se hizo. Se esperó a que muchas mujeres embarazadas que estaban presas dieran a luz y se las fusiló. A otras se las separó de sus hijos al cumplir los tres años y se los llevó a instituciones como el Auxilio Social, manejado entre los falangistas y la Iglesia. A diferencia de la última dictadura argentina –donde los aparatos estatales perpetraron un plan sistemático de robo de niños–, en España se llevó a cabo bajo una aparente legalidad. En 1940, el Estado asumió la potestad de los menores huérfanos y se arrogó el derecho de dejarlos al cuidado de “personas de reconocida moralidad”.
Garzón estimó que hasta 1950 se continuaron las apropiaciones. Según el juez, unos 30 mil chicos habrían sido robados durante ese período. Pero allí no terminó esta práctica. Se calcula que esto siguió produciéndose hasta las postrimerías del régimen. En esa segunda etapa, el robo se perpetró en algunas clínicas y conventos. Las víctimas habituales eran las madres solteras, a quienes les decían que sus hijos habían nacido muertos. Pero, en realidad, los recién nacidos salían del hospital en brazos de otra familia.
Lo que falta. Rodríguez Arias insiste en que todos los crímenes vinculados a la dictadura deben ser condenados. “El gobierno está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no reconoce que se trata de crímenes contra la humanidad. No está emprendiendo una investigación oficial, efectiva e independiente y tampoco las acciones penales contra los criminales”, resaltó.
Los familiares de las víctimas de la dictadura franquista deben batallar contra una Justicia que se resiste a cumplir con sus tareas y tienen una Ley de Amnistía a cuestas que ampara a los represores. La situación les duele pero no los doblega. Hace un año que todos los jueves vuelven a la plaza de la Puerta del Sol para reclamar justicia. Están seguros de que uno de estos días la van a alcanzar.
El mundo|Domingo, 22 de mayo de 2011
JORGE BROVETTO, PRESIDENTE DEL FA, SOBRE LA LEY DE CADUCIDAD

“Analizaremos otros caminos”

Tras la derrota parlamentaria del intento por dejar sin efecto la amnistía a los represores de la dictadura uruguaya, el presidente de la coalición oficialista dice que ya se están evaluando alternativas para acabar con la impunidad.

Por Luciana Bertoia
Desde Montevideo
Ciudadanos uruguayos sostienen fotos de desaparecidos para exigir verdad y justicia.
Imagen: EFE.
Uruguay amaneció conmocionado por la magnitud de la marcha que el viernes pidió verdad y justicia. En el Frente Amplio (FA) captaron el mensaje de las cien mil personas que recorrieron las calles de Montevideo y desde mañana empezarán a trabajar para buscar alternativas para terminar con la Ley de Caducidad, como en 2008 se lo propuso la coalición centroizquierdista. El lunes también será un día de definiciones para el presidente José “Pepe” Mujica. El mandatario tendrá que volver desde Colonia, donde festejó su cumpleaños, para decidir si revoca los decretos de presidentes anteriores que cerraban la puerta a la Justicia para que investigara 88 casos de secuestros, torturas y desapariciones ocurridos durante la dictadura (1973-1985).
Uno de los hombres que guiará estos debates será el ingeniero Jorge Brovetto, presidente del FA. El dirigente de la coalición gobernante evitó hacer declaraciones que puedan acelerar más la crisis que se vive en el FA después de que el diputado oficialista Víctor Semproni votara en contra del proyecto con el que su propia bancada pretendía poner fin a los efectos de la norma que desde 1986 impide que los represores paguen sus deudas con la Justicia oriental. Mientras algunos integrantes de la fuerza política le pasan factura a Mujica por no acompañar tampoco la propuesta, Brovetto dijo a Página/12 que el FA cumplirá con su promesa de eliminar la Ley de Caducidad.
–¿Cómo evalúa el resultado de la votación del jueves?
–Era previsible, porque la mayoría que tiene el FA en la Cámara de Diputados es por un voto. Al perderse ese voto de mayoría, se produjo lo que se sabe.
–¿Pero no hay temor a que se repitan actos de indisciplina partidaria como el de Semproni o el del senador Jorge Saravia (que votó el 12 de abril último en contra del proyecto en la Cámara alta) que lleven a una crisis dentro del FA?
–En la historia del FA se han dado estas situaciones. De manera que esto es parte de la vida política y el FA ha sabido llevar adelante estos casos, corregir el hecho en sí hasta tomar la decisión drástica. Por lo tanto, miedo o temor no tenemos. Lo normal es que no suceda lo que sucedió el jueves, porque durante sus 40 años de vida el FA estuvo y está basado en el diálogo y en el entendimiento.
–Usted habla de tomar medidas drásticas, ¿eso es lo que va a pasar con Semproni?
–Hasta no tener el resultado del Tribunal de Conducta Política, no corresponde hacer ninguna previsión. Es como cuando en cualquier otra instancia pública se pasa a un sumario.
–¿Qué evaluación tiene de cómo manejó la cuestión del proyecto interpretativo el presidente Mujica y el canciller Luis Almagro?
–No sería prudente que la haga yo en este momento. La fuerza política va a expedirse en el correr de la semana que comienza. Yo estoy trabajando justamente en ese análisis.
–El lunes tendría que empezar a funcionar la comisión que el plenario del sábado 14 creó. ¿Qué se va a discutir ahora, dado que no se ha decidido la eliminación de la Ley de Caducidad?
–Yo creo que la comisión va a tener que analizar qué otros caminos hay para lograr el objetivo de anular la Ley de Caducidad.
–¿Puede ser que se discuta avanzar con la derogación, una propuesta que el mismo Semproni impulsa?
–La derogación tiene que ir unida a otras decisiones que resuelvan el tema no de hoy hacia delante, sino los que han quedado pendientes, derivados de la propia aplicación de la Ley de Caducidad, que son varias decenas de casos.
–¿O sea que van a discutir sobre las determinaciones que debería tomar Mujica en esta materia porque es él quien puede revocar decretos de sus antecesores que impedían la investigación judicial?
–Sí, el tema es resolver todo lo que ha dejado la ley en sí. Además, hay otro problema que es el de la vigencia y de los plazos. Hay un plazo que hace caducar los casos factibles de ser juzgados en octubre de este año y eso debería ser prorrogado.
–La oposición dice que el tema de la Ley de Caducidad es un debate cerrado, ¿usted lo comparte?
–No, de ninguna manera. No-sotros no lo vamos a dejar cerrar hasta que no podamos –por los mecanismos formales, legales, constitucionales, éticos y políticos– eliminar del sistema jurídico uruguayo una ley que es una mancha ética y política.
–En las últimas horas, el presidente del Centro Militar salió a plantear una posible colaboración de los militares para avanzar en materia de verdad. ¿Cree que esa propuesta es potable?
–Los militares tienen la obligación ética de decir lo que saben respecto de la situación de tantos uruguayos y uruguayas desaparecidos. El mecanismo que usen debe ser el que ellos crean más conveniente para que se obtenga la información de manera creíble y, por otro lado, que ella no determine que no se cumpla en el Uruguay con lo que nos hemos planteado a través de la ley interpretativa, es decir, que no se deje de penar a quien corresponda.
El mundo|Sábado, 21 de mayo de 2011
Por un voto, el Frente Amplio no logró aprobar el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad

El Congreso de Uruguay extendió la impunidad

En una maratónica sesión que terminó con una votación empatada en 49, la Cámara baja de la Legislatura uruguaya desestimó el proyecto oficialista. La oposición festejó, pero los frenteamplistas ya buscan nuevos caminos para anular la amnistía.

Por Luciana Bertoia
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Diputados uruguayos votan la ley que dejaría sin efecto la amnistía para los represores de la dictadura. Por un voto, la Caducidad sigue vigente.
Desde Montevideo
La impunidad sigue siendo ley en Uruguay. Después de catorce horas de debate, el Frente Amplio no logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad, lo que podría abrir una crisis en la coalición centroizquierdista después de que uno de los diputados no votara junto a su bancada. Mientras los partidos tradicionales celebran por haber ganado una nueva batalla, sectores frenteamplistas ya empezaron a pensar estrategias para eliminar la norma que desde 1986 impide que los represores sean llevados a la Justicia.
La tercera fue la vencida. El FA había logrado, en octubre del año pasado, que la Cámara baja aprobara el proyecto interpretativo que dejaba sin efecto tres de los artículos de la Ley de Caducidad. Con algunos tironeos, el proyecto también había salido airoso el 12 de abril pasado en el Senado. Pero cuando la Cámara de Diputados tuvo que ratificar los cambios introducidos en la propuesta, un legislador se rebeló y la posibilidad de terminar con la norma se le escapó de las manos.
El debate arrancó a las 15.30 del jueves y duró hasta las 5.30 de la madrugada de ayer. En todas esas horas, el FA trató de defender su iniciativa. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente fueron sacando de la galera varios elementos para impugnarla. Sin lugar a dudas, el más utilizado fue la acusación de que si se eliminaba la ley 15.848 no se estarían respetando las consultas populares de 1989 y 2009, que avalaban su permanencia.
La intervención del diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio, en el FA) de las 5.25 dejó en claro que no todo estaba perdido. “Mientras haya un desaparecido, esta fuerza política va a seguir bregando por la verdad, la memoria y la justicia”, prometió el hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado hace 35 años en Buenos Aires. Segundos después, se abrió la votación. Con impotencia, los diputados frenteamplistas escucharon el resultado: 49 a favor y 49 en contra. Había un diputado que podría haber resuelto la votación a favor del oficialismo, pero argumentó en contra y se retiró de la sala: el oficialista Víctor Semproni.
“Discrepamos con la propuesta porque creemos que hay mejores”, se excusó el parlamentario del Espacio 609, que en octubre del año pasado había votado junto con su bancada para darle media sanción a la misma iniciativa. En ese momento había explicado: “Quiero aclarar que voy a votar afirmativamente este proyecto, pero no lo hago por disciplina partidaria. Lo voto porque soy biológicamente frenteamplista desde el nacimiento de nuestra fuerza política; lo voto porque en mi vida he sido un demócrata auténtico y siempre he aceptado las decisiones que por mayoría se toman en los ámbitos en que participo”. El paso de los meses hizo mella en la naturaleza de Semproni, ya que ayer se negó a seguir el mandato del plenario del FA que llamaba a todos sus diputados a pronunciarse por la eliminación de la Ley de Caducidad. Según comentó a este diario, Semproni envió una carta al presidente de la coalición para ser sometido a un juicio ético. El ex militante tupamaro y ex preso político durante la dictadura (1973-1985) dijo que estaba dispuesto a abandonar su banca si así se lo pedía el Espacio 609 al que pertenece.
La oposición festejó el resultado de la votación. “No era bueno que se aprobara. El gobierno no tiene derecho a crearle un problema más al pueblo. El gobierno no está para generar enfrentamientos y este proyecto iba en contra de pronunciamientos populares”, dijo a Página/12 el senador blanco Francisco Gallinal, uno de los más férreos opositores a la iniciativa que ayer se rechazó. Pero el referente del Partido Nacional no dejó cerrada la puerta al diálogo. “Si el gobierno quiere buscar instrumentos para buscar la verdad, estoy a las órdenes y dispuesto a legislar.” Aunque Gallinal desestimó que fuera a apoyar la propuesta de derogar la Ley de Caducidad, que ya está circulando dentro del FA.
Muchos de los integrantes de la coalición gobernante no salen del asombro y evitan caer en declaraciones que agraven la crisis que ya está sacudiendo a la estructura partidaria. “Todo continúa, pero se abren nuevas etapas para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y para que los crímenes no prescriban”, comentó a este diario el senador comunista Eduardo Lorier. Uruguay fue sancionado en febrero pasado por el organismo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados los responsables de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta Goyena, y de la apropiación de su nieta Macarena. Pero la impunidad no sólo envuelve al caso Gelman sino que se proyecta para cientos de casos de desapariciones, secuestros y torturas.
“Es un día de profunda tristeza para la gente que hace 35 años viene luchando contra la impunidad”, agregó el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el FA. El reconocido militante sindical y de derechos humanos no dudó a la hora de lamentar el papel que jugó el presidente José Mujica, quien se manifestó en contra del proyecto interpretativo pero, a última hora, le pidió a Semproni que votara con su bloque para no inmolarse en solitario. “Fue un rol confuso, con salidas intempestivas en un sentido o en el otro –reconoció ante Página/12 –. El FA como fuerza política jugó bien, resistió todos los embates. Pero hay dirigentes que no han jugado o que lo hicieron en contra”, se lamentó. Puig explicó que la izquierda uruguaya atraviesa un debate sobre qué hacer en esta materia. “Pero Uruguay no puede estar de espaldas a la tendencia de respeto los derechos humanos que se da en América latina”, apuntó el dirigente del PVP.
El FA tiene por delante el reto de recomponer sus filas y de decidir qué camino seguir para cumplir con lo que sus miembros decidieron en el Congreso Extraordinario de 2008: terminar con la cultura de impunidad y con su exponente máximo, la Ley de Caducidad. Y hay muchos que no se dan por vencidos. “Es una derrota que nos marca la convicción de profundizar la lucha”, insiste Puig.
EL MUNDO › TRAS EL FRACASO EN LA LEGISLATURA

Marcharon en silencio

 Por L. B.
Desde Montevideo
Uruguay marchó ayer en silencio. Otro 20 de mayo con la Ley de Caducidad a cuestas. Los organismos de derechos humanos aspiraban llegar a esta fecha simbólica sin la norma que impide el juzgamiento de los represores, pero ayer fracasó el intento del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Miles de personas volvieron a encolumnarse detrás de una única bandera: la que pedía verdad y justicia.
La esquina de Jackson y Rivera se llenó de gente mucho antes de las 19, hora en que estaba convocada la concentración. Uno a uno se fueron abriendo paso quienes portaban las fotos de los casi 200 desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) y se ubicaron detrás de la bandera que aunaba su reclamo, el mismo que desde hace dieciséis años los empuja a las calles de Montevideo. “Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado”, se leía en la pancarta que lideraba la manifestación.
El silencio era el lenguaje que empleaban los que caminaban por la Avenida 18 de Julio, la principal de la capital uruguaya. El silencio denunciaba las ausencias: la de los desaparecidos, la de la verdad y la de la justicia. Algunos se secaban las lágrimas en las veredas de las calles, mientras la marcha iba deteniéndose frente a cada facultad de la Universidad de la República. Los estudiantes acompañaban desde las escalinatas, sin banderas ni identificaciones partidarias. Algunos enarbolaban la bandera uruguaya, otros se envolvían en la de la campaña para anular la Ley de Caducidad. Algunas mujeres prendían unas velas. Más atrás, se veía algún que otro estandarte partidario. Uno denunciaba: “Abajo el pacto con los milicos”.
Entre los que caminaban en silencio estaban algunos de los parlamentarios frenteamplistas que intentaron torcerle el brazo a la amnistía, pero no lo lograron. Entre ellos, uno de los hijos del legislador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976 junto con Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El senador Rafael Michelini lamentó tener otro aniversario más del asesinato de su padre con la Ley de Caducidad en sus espaldas. “Siempre hemos luchado contra la impunidad. Hicimos un muy buen intento ayer. Hemos erosionado mucho la Ley de Caducidad. Es cierto, nos queda este marco de impunidad, pero ya lo sacaremos”, confió a Página/12.
Las Madres y los Familiares de los Detenidos-Desaparecidos también aprovecharon antes de la marcha para pedirle al gobierno de José Mujica que abra la puerta para dar con la verdad sobre el destino de sus seres queridos. “La impunidad va mucho más allá de la ley, por eso nuestra lucha sigue”, dijo Oscar Urtazún, de ese organismo. Desde otras entidades fueron aún más duros a la hora de pasar facturas al gobierno. Baldemar Tarocco, de la asociación de ex presos políticos Crysol, disparó: “Yo no sé qué pactos tiene Mujica con los militares, pero Víctor Semproni le hizo un mandado”. La central obrera PIT-CNT también protestó por la vigencia de la Ley de Caducidad y llamó a sus afiliados a redoblar los esfuerzos para terminar con la norma.
Con los desaparecidos en alto, con los reclamos, con la certeza de que van a tener que seguir gastando los zapatos mientras desandan el camino por la verdad y justicia, los manifestantes llegaron hasta la plaza Libertad. No hubo documentos ni discursos. Cantaron el himno, derramaron sus lágrimas, abrazaron a sus compañeros de tantos años y de tantas caminatas y disolvieron la concentración. Algunos plegaron las banderas que denunciaban que los militares siguen teniendo la verdad secuestrada. Las guardaron. Saben que van a tener que volver a usarlas.
El mundo|Viernes, 20 de mayo de 2011
El Congreso de Uruguay delibera sobre dejar sin efecto la ley de impunidad para represores de la dictadura

Fuerte debate en torno de la Caducidad

Los partidos tradicionales mantenían su rechazo homogéneo a la iniciativa impulsada por la coalición centroizquierdista gobernante, lo que dejaría al FA sin los votos necesarios. Pero anoche la expectativa se mantenía intacta.

Por Luciana Bertoia
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Manifestantes en favor de dejar sin efecto la Ley de Caducidad rodean el Congreso uruguayo.
Desde Montevideo
La Cámara de Diputados uruguaya tiene en sus manos la posibilidad de eliminar la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados quienes cometieron crímenes durante la dictadura (1973-1985). Al cierre de esta edición, los representantes seguían debatiendo el proyecto que dejaría sin efecto la norma. Pese a que el presidente José Mujica le pidió que votara junto con los legisladores del Frente Amplio (FA), el diputado oficialista Víctor Semproni seguía firme con su oposición. Los partidos tradicionales mantenían su rechazo homogéneo a la iniciativa impulsada por la coalición centroizquierdista gobernante, lo que dejaría al FA sin los votos necesarios para aprobar el proyecto. Sin embargo, afuera y adentro del Palacio Legislativo, la expectativa se mantenía intacta.
Mujica hizo un último intento para que el FA no cayera en una profunda crisis. Más allá de sus propias objeciones al proyecto que su misma fuerza política ideó, el mandatario volvió a pedirle a Semproni que votara como la totalidad de la bancada frenteamplista. Minutos antes de entrar al recinto, el legislador del Espacio 609 (FA) dijo que ratificaba su decisión de no acompañar.
Aunque Semproni llegó más tarde, la sesión arrancó pasadas las 15.30. Quien ofició de miembro informante por la mayoría fue el diputado frenteamplista Felipe Michelini, que junto con su hermano Rafael fueron los principales impulsores del proyecto interpretativo. El hijo de Zelmar Michelini –asesinado en Buenos Aires hace hoy 35 años– remarcó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y resaltó que no entendía por qué había quienes habían modificado su opinión al respecto de esa iniciativa, haciendo alusión a Semproni, quien en octubre de 2010 votó el proyecto, pero en los últimos meses cambió de parecer.
“Unas personas cometieron desapariciones forzadas, incluso de niños; secuestraron, mataron y desaparecieron, usufructuando el aparato del Estado, y luego pretenden que nos olvidemos de los hechos”, protestó el diputado de Nuevo Espacio, en el FA. “Hasta el día de hoy tienen secuestrada la verdad”, levantó el dedo contra los militares. “Mantener esta ley afecta nuestra dignidad como pueblo civilizado”, subrayó, y contestó a quienes quieren dar vuelta la página de la historia: “El futuro se construye asumiendo el pasado”.
En segundo lugar tomó la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari, quien volvió a recordar al Pacto del Club Naval como el huevo de la serpiente. Según Borsari, en 1984, los militares, el Partido Colorado, la Unión Cívica y el FA habrían acordado la impunidad para los represores. El legislador del Partido Nacional también aprovechó para apuntar los cañones contra el canciller Luis Almagro, quien presentó el proyecto interpretativo para adecuar la legislación uruguaya a la internacional. “Lo mejor que puede hacer es irse a su casa”, lo fustigó el político derechista. “El canciller estuvo y está en falta por no defender los intereses del pueblo uruguayo”, espetó. Según Borsari, el error de Almagro fue supuestamente no haber discutido la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó a la República Oriental por la desaparición impune de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena.
Tras la exposición del diputado blanco, los partidos de la oposición se fueron pasando la palabra. Todos cabalgaban sobre los mismos caballitos de batalla: acusaban al FA de no escuchar los dos pronunciamientos populares de 1989 y 2009, que terminaron por ratificar la Ley de Caducidad. Los diputados oficialistas seguían defendiendo su propuesta. Al cierre de esta edición, aún no había intervenido Semproni.
Por si no juntaba los votos necesarios, el FA ya está analizando otras alternativas para cumplir con lo que resolvió en el Congreso Extraordinario de diciembre de 2008: eliminar la Ley de Caducidad. La fórmula que estudia la coalición centroizquierdista sería la propuesta por el constitucionalista Martín Risso y que involucra la derogación de la ley. Organismos de derechos humanos se mostraron poco proclives a seguir esta vía, ya que la derogación implica que cesan los efectos de la ley hacia el futuro, pero no permite una revisión del pasado. Para atender esas críticas, el FA propondría que el presidente continúe revocando –como lo hizo días atrás– los decretos de anteriores mandatarios que no autorizaban a que la Justicia investigara casos de violaciones a los derechos humanos porque los consideraban incluidos en los alcances de la Ley de Caducidad.
El FA también tiene que hacer frente al fantasma de las prescripciones de los delitos. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no se trataban de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no son imprescriptibles, y para el 1º de noviembre próximo se terminaría la posibilidad de la Justicia de llevar a los represores al banquillo. “Estamos viendo la posibilidad de actuar legislativamente sobre este tema”, confió a Página/12 el senador comunista Eduardo Lorier. Sea como fuere, los uruguayos tendrán que seguir recorriendo un largo camino para sacarse el polvo de la Ley de Caducidad de sus zapatos y poder avanzar con paso firme hacia la verdad y la justicia.
EL MUNDO › PARO Y MANIFESTACION DE LOS SINDICATOS Y LA MILITANCIA

Abrazo al Congreso para ayudar a la memoria

Por L. B.
Desde Montevideo
La principal central obrera uruguaya, el PIT-CNT, organizaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos rodearon ayer el Palacio Legislativo uruguayo para reclamar a los diputados que pongan fin a la Ley de Caducidad. La jornada fue acompañada con un paro general parcial que tuvo gran acatamiento en el área metropolitana.
Los militantes empezaron a llegar temprano y a apostarse en las entradas del Congreso. Los carteles se movían al son del viento que flameaba en la tarde de la capital uruguaya. Pasaban camiones y tocaban bocina para apoyar el reclamo. Otros automovilistas curiosos aminoraban la marcha para ver cómo el edificio del Parlamento se iba adornando con los colores de los reclamos.
En la intersección de la Avenida Agraciada y Avenida de las Leyes, una pancarta daba la bienvenida a los que se iban sumando a la actividad. Eran los versos de “Adagio en mi país”, del cantautor Alfredo Zitarrosa: “Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes”. El cartel no estaba firmado ni dedicado a nadie. Algunos pasaban y sonreían, pensando que era un pase de factura al diputado frenteamplista Víctor Semproni, único legislador que había retaceado su voto al proyecto interpretativo que se estaba tratando.
Cruzando la calle estaba la carpa que había montado la Mesa Permanente contra la Impunidad. Sus carteles rosas pedían: “Todos iguales ante la ley”. Mientras sus compañeros acomodaban las fotos de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), Sergio López Burgos hacía saber su bronca por las idas y vueltas en las que había incurrido el Frente Amplio (FA) a la hora de apurar el fin de la norma que desde 1986 impide el juzgamiento de los represores. “Hay que separar los tantos. En el Poder Ejecutivo no hay un liderazgo ni una línea clara. José Mujica insistió en la inconveniencia de votar esta ley. Pero la fuerza política está homogénea detrás del proyecto”, comentaba a Página/12 el sobreviviente de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención porteño que ofició como base del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Mientras pasaban los minutos, más carteles aparecían colgados. “Hasta encontrarlos. Verdad y Justicia”, prometía uno que tenía la bandera oriental de fondo. “Hace 25 años que esperamos la reparación integral de la verdad”, recordaba otro firmado por el PIT-CNT. “Se va a acabar la Caducidad”, transmitía la esperanza la bandera de la Asociación de Ex Presos Políticos Crysol. Debajo de ella, unos cuantos sobrevivientes esperaban para entrar al Parlamento. “Nuestra expectativa es que se anule la ley, sea cuando sea”, remarcó a este diario Chela Fontora, ex detenida. La mujer resaltó que no importa cuánto camino haya que desandar para encontrar verdad y justicia. “Hasta tanto no aparezcan nuestros compañeros desaparecidos, esta lucha contra la impunidad continúa”, prometió con voz firme.
Mientras iba cayendo la noche, la gente seguía rodeando el Parlamento. También hubo música. “No lo hacemos para festejar nada, sino para que estén presentes distintas expresiones populares”, dijo Valentín Enseñat, miembro de la agrupación Hijos Uruguay.
La convocatoria fue nutrida porque el paro que convocó el PIT-CNT tuvo gran acatamiento, según estimó el dirigente gremial Juan Castillo, consultado por este diario. La medida se sintió especialmente en las dependencias públicas y en las escuelas privadas. Los colectivos no pararon, pero adhirieron mientras que los taxis sí lo hicieron hasta las 19. Hoy el secretariado general de esa central obrera se reunirá para evaluar cómo continuar la batalla para llevar a los represores al banquillo de los acusados. Pero no sólo ellos retomarán el debate. Por la calle, muchos recorrerán en silencio las calles de Montevideo en la tradicional marcha por verdad y justicia de todos los 20 de mayo.
El mundo|Jueves, 19 de mayo de 2011
La Cámara de Diputados de Uruguay decide sobre la Ley de Caducidad

Hoy se vota el fin de la impunidad

Mientras un diputado oficialista puede hacer naufragar la iniciativa de su propio bloque, ya que se niega a alinearse con su bancada, el presidente José Mujica pidió un país “por encima de las diferencias”, en una ceremonia castrense.

Por Luciana Bertoia
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Fotos de desaparecidos uruguayos rodean un acto castrense ayer en Canelones.
Desde Montevideo
El Frente Amplio (FA) contiene la respiración, negocia y hace cálculos. La Cámara de Diputados uruguaya tratará hoy el proyecto interpretativo que promovió la coalición centroizquierdista para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que impide el juzgamiento de los represores de la dictadura (1973-1985). Un diputado oficialista puede hacer naufragar la iniciativa de su propio bloque, ya que se niega a alinearse con su bancada. El presidente José Mujica volvió a meterse de lleno en el debate. Días después de mostrarse poco entusiasmado con la eliminación de la norma, el gobernante pidió ayer un país “por encima de las diferencias” al participar de un acto por los 200 años del ejército.
Uruguay recordó ayer los dos siglos de la batalla de Las Piedras, cuando las tropas de José Artigas derrotaron a las fuerzas leales a la Corona española. En esa ocasión, Artigas inmortalizó una frase que ayer volvió a resonar: “Piedad para los vencidos”. Mujica recordó el dicho y lo usó para explicar el presente de la república oriental. “No hay superación con odio, la única superación posible es siendo mejores jueces con nosotros mismos y un poco más indulgentes con los demás”, dijo el mandatario a un día de que los diputados tengan que votar si ponen fin a la ley que deja sin castigo a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
El mensaje de Mujica es especialmente fuerte por tratarse de un ex preso político que pasó trece años de su vida en las cárceles de la dictadura. “No hay que trasladarles a las generaciones que vienen las frustraciones de la nuestra, y lo digo como un viejo que se puso un arma al cinto. Sabemos que hay dolores ocultos. Sabemos que hay viejas que lloran por los huesos de sus hijos, que hay mucho dolor y mucha injusticia”, agregó el ex militante tupamaro ante los integrantes de las Fuerzas Armadas. “Necesitamos un país que, por encima de sus diferencias, tenga el coraje de poner por delante el nosotros”, completó el gobernante.
La organización Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos estuvo ayer también en el acto. Los militantes portaban una pancarta con una pregunta que arrastran hace décadas: “¿Dónde están? Ustedes lo saben”. Oscar Urtazún, referente de ese organismo, comentó a Página/12: “A las Fuerzas Armadas les reclamamos la verdad porque ellas la tienen. Le demostramos a toda la oficialidad reunida que seguimos con nuestra exigencia porque hay muchos que quieren dar vuelta la página”.
Mientras tanto, el jefe del ejército, Jorge Rosales, dijo que las Fuerzas Armadas querían mostrar unidad, pero reconoció que estaban preocupadas por la posible eliminación de la Caducidad. Todos los jefes militares también participaron ayer de un homenaje que se realizó por cuatro militares asesinados el 18 de mayo de 1972.
Cuando se realizaban las conmemoraciones, el FA no dejaba de negociar para que pudiera aprobarse hoy la ley interpretativa que deja sin efecto tres de los artículos de la Ley de Caducidad, sancionada en 1986. La coalición gobernante impulsa desde el año pasado esta iniciativa. En octubre de 2010, el proyecto obtuvo la media sanción en Diputados. Estuvo meses trabado en el Senado porque tres parlamentarios frenteamplistas se negaban a apoyarlo, entre ellos el ex dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. Después de un plenario en marzo, el FA disciplinó parcialmente a su tropa y el 12 de abril la Cámara alta aprobó el proyecto. Como en todo el trayecto se le incorporaron modificaciones, el texto tiene que ser ratificado hoy por la Cámara de Diputados.
La semana pasada, el mismo Mujica había puesto reparos a la hora de terminar con la Ley de Caducidad. Para el mandatario, hacerlo podría acarrear graves costos electorales para su fuerza, ya que se estarían desoyendo los referendos que en 1989 y 2009 ratificaron la amnistía. Aun así, el plenario del FA se reunió el sábado pasado y mantuvo el mandato para que los diputados votaran a favor del proyecto interpretativo.
Pero el diputado oficialista Víctor Semproni (Espacio 609, en el FA) se niega a pronunciarse junto con sus compañeros de bloque, lo que pone en serios aprietes al FA. La coalición gobernante tiene 50 diputados, mientras que la oposición cuenta con 49 (30 son del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado y dos del Partido Independiente). Si no vota Semproni, no habrá mayoría simple y el proyecto pasará a la Asamblea General, donde el FA no tiene los dos tercios necesarios.
“La única posibilidad de que yo cambie mi voto es que los tanques rusos invadan Montevideo y me obliguen a votar en el Parlamento. Como no existen más los tanques rusos con los que antes nos asustaban, esto no cambia”, dijo ayer Semproni a Página/12. Hace meses, Semproni maneja un proyecto alternativo que plantea la derogación de la Ley de Caducidad. Días atrás, Mujica le pidió al diputado que bajara los decibeles en su pelea dentro del FA. “Bajar los decibeles quiere decir que no sea tan duro con el proyecto que estoy cuestionando. Quiere que lo cuestione un poco más bajito”, respondió Semproni, quien mantuvo una reunión hasta entrada la noche de ayer con el senador frenteamplista Rafael Michelini, uno de los principales impulsores del proyecto que se debatirá hoy. Consultado por este diario tras el encuentro, Michelini prefirió no hacer declaraciones ni aventurar ningún resultado.
Otra de las alternativas que maneja la prensa uruguaya es que algún diputado opositor se ausente o se levante al momento de la votación, lo que dejaría al FA con los votos necesarios aunque Semproni no votara con su bloque. “El FA no puede especular con eso, que no va a ocurrir. La derecha de este país está alineada con la impunidad, lo ha estado desde siempre y, por lo tanto, mañana (por hoy) va a actuar en consecuencia. El que también tiene que hacerlo es el FA”, resaltó a este matutino el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el FA, otro de los promotores del proyecto interpretativo.
Las dudas se despejarán a partir de las 15, cuando arranque la sesión en el Palacio Legislativo. Para esa hora, la principal central obrera uruguaya, el PIT-CNT, convocó a un paro general parcial que se extenderá hasta las 19 y que tendrá carácter metropolitano, ya que regirá en Montevideo, en Canelones y en San José. El FA también llamó a movilizarse al Congreso para demandarles a sus legisladores que pongan fin a la Ley de Caducidad. “Mañana (por hoy) estaremos asistiendo a una jornada de fiesta o a un día de duelo, porque si efectivamente el FA no logra disciplinar a sus parlamentarios, será una nueva frustración para el pueblo uruguayo”, advirtió Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT.
Dialogos|Lunes, 13 de junio de 2011
Hugo Gutiérrez, diputado del PC chileno y abogado de derechos humanos

“Acusamos a Kissinger de crímenes contra la paz por la Operación Cóndor”

El político chileno plantea la importancia de la coordinación de las acciones de derechos humanos a nivel regional para cruzar información sobre la Operación Cóndor organizada por las dictaduras militares.

Por Luciana Bertoia
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–¿Con qué objetivo visitó Buenos Aires?
–Junto con trabajadores de los derechos humanos estamos avanzando en una coordinación entre los que sufrieron la Operación Cóndor. La originalidad de este proceso de confluencia es que se piensa sistemático, permanente y organizado. Yo tengo la impresión de que esta coordinación, de manera tácita, ha funcionado. Por ejemplo, en todo el trabajo conjunto que hubo en los juicios de Madrid, que permitieron el juzgamiento de represores argentinos y chilenos, y el principal fue nada menos que Augusto Pinochet Ugarte.
–¿Por ejemplo? –Yo creo que la brillantez que tuvieron los argentinos, con el abogado Carlos Slepoy a la cabeza, con los juicios de Madrid, fue impresionante. Los juicios de Madrid son un proceso por la dictadura argentina, que nosotros logramos instalarlo con cierto oportunismo con el tema de la Operación Cóndor. En realidad, no fue por la causa iniciada por los chilenos que fue capturado Augusto Pinochet, sino por el proceso abierto por los argentinos. Yo creo que la solidaridad judicial que ha habido entre Chile y la Argentina ha permitido que Chile tuviera un proceso interesante de ruptura de la impunidad, pero no se abrieron las puertas de esto hasta que se detuvo a Pinochet. Lo demás eran gotitas. Nosotros tuvimos un símil al Juicio de las Juntas, que fue el juicio a la DINA que mató a Orlando Letelier (N. de R: embajador de Salvador Allende en Estados Unidos). Fue nuestro show, transmitido por todos lados. Después esto se cerró hasta el año ‘98, cuando se rompe con la detención de Pinochet.
–¿Cuáles fueron los efectos concretos que tuvieron esos procesos en España hacia el interior de Chile? –Esos juicios permitieron la apertura de la Justicia en Chile, como ocurre el día de hoy con unos 1300 juicios que hay allí en contra de violadores de los derechos humanos y cerca de 700 represores que están siendo enjuiciados, más de 70 ya en prisión. Son números importantes que demuestran la coordinación que hemos tenido. Claro, esa coordinación no ha sido sistemática ni cotidiana, pero sí concurrente entre los trabajadores por los derechos humanos de Argentina y de Chile.
–¿En qué innovaría esa coordinación hoy por hoy? –Pero yo creo que lo novedoso es que hoy en día somos ciudadanos que tenemos poder estatal, es decir que somos diputados de la República, y que podemos ser parte de esta coordinación. Ya no somos estos “marginales” que hacen la política desde la puerta del Parlamento. Hoy en día, estamos instalados en el Parlamento, tenemos cierto poder e influencia y queremos utilizarlos para crear condiciones reales de coordinación entre los distintos grupos sociales que se puedan entrelazar para hacer justicia en nuestros países. Yo creo que la Operación Cóndor puede resultar una muy buena excusa para reunirnos, dialogar y traspasarnos experiencias. Pero también estos encuentros nos tienen que servir para estar atentos y que la Operación Cóndor no vuelva a pasar nunca más. Tenemos la sabiduría incorporada dramáticamente en nuestros genes para saber cuándo se avecina una nueva coordinación de la muerte, como fue la Operación Cóndor, y si no la usamos, estaremos fallando a nuestro deber de evitar que nuestro pueblo sea víctima nuevamente, el día de mañana, de un genocidio.
–¿Cuál es la importancia de juzgar la Operación Cóndor como tal, como una coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos? –Por una de esas curiosidades de la vida, yo presenté el 11 de septiembre de 2001 la querella en Chile. Me acuerdo que la estaba presentando con el fallecido diputado Juan Bustos y justo me avisan que se estaban cayendo las Torres Gemelas. Esa querella estaba direccionada en contra de Henry Kissinger y era la primera vez que se lo trataba como el imputado de un delito, como el autor mediato de toda la Operación Cóndor. Nosotros lo responsabilizábamos de crímenes contra la paz. Logramos que saliera una petición de interrogatorio desde los tribunales chilenos al Departamento de Estado norteamericano, pero que hasta el día de hoy nunca tuvimos respuesta porque Estados Unidos ampara a Kissinger. Justamente, unos días atrás, me preguntaban mi opinión sobre la muerte de Osama bin Laden y respondí que el presidente estadounidense dio la orden de ir a matarlo por los crímenes que había cometido y con eso lo que estaba justificando es que el día de mañana un presidente chileno diera la orden de ir a matar a Kissinger porque hizo lo mismo que Bin Laden en Latinoamérica. Si vamos a justificar el ojo por ojo, nosotros todavía tenemos mucha sangre en el ojo por los crímenes que cometió Kissinger.
–¿Por qué usaron la figura de crímenes contra la paz? –Lo que hicieron la Operación Cóndor y los golpes de Estado en América latina fue interrumpir procesos populares democráticos por una decisión norteamericana, y allí se atentó contra la paz. Los crímenes de guerra son con posterioridad a los golpes. Este tipo penal lo utilizamos nuevamente cuando nos querellamos por el caso de Salvador Allende y que es una de las figuras que surgen después de los tribunales de Nurenberg.
–¿Cree que el no haber sido parte de los juicios de Madrid influye para que Uruguay siga teniendo problemas a la hora de juzgar a los represores? –Yo creo que Uruguay es un poquito más lerdo, va un paso más atrás. Aceptó con mucha propiedad ese veredicto popular que convalidó la Ley de Caducidad, a diferencia de los argentinos y de nosotros. En Chile, veníamos con la amnistía de la dictadura. En Argentina, tenían la amnistía que les diseñaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Uruguay está en el medio porque fue el pueblo el que la aprobó. Ahí tenemos las tres variantes, pero la chilena es la más claramente ilegítima.
–¿Qué pasa con la amnistía en Chile? –Sin haber derogado esa ley, hoy en día no se aplica, lo que es muy interesante. Nosotros hemos batallado contra toda una institucionalidad, que luego de la dictadura no ha cambiado nada. La construcción política que diseñó Pinochet es la misma que está hoy vigente en Chile: el modelo económico, los jueces, los tribunales militares, que se terminaron el año pasado.
–¿A qué cree que se debe la insistencia del gobierno de Sebastián Piñera para poner en el debate la posibilidad de indultar a los represores condenados? –Estamos en un gobierno de derecha y este gobierno, sin duda, tiene un compromiso con todos aquellos que “salvaron al país del cáncer marxista”. Como dijo Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, esta derecha gobernante recuperó con mano ajena, con las fuerzas armadas chilenas, el control del Estado. En consecuencia, yo creo que hay una “deuda” que este gobierno de derecha tiene que pagar con los “salvadores de la patria”, que hoy en día están encarcelados por violar los derechos humanos. Por eso, todo lo que vemos en cuanto a indultos, libertades condicionales, restricciones de los plazos de investigación de la Justicia son una concesión de favores a esos con los que comulga.
–Pero el año pasado, una encuesta mostró que la población estaba mayoritariamente en contra de indultar a los represores y Piñera dio marcha atrás. ¿Eso no muestra que está tratando de evitar el costo político? –Yo creo que si hay algo que está impidiendo que Piñera indulte a los violadores de derechos humanos en Chile es justamente una opinión pública que es renuente a que eso ocurra. Pero si hubiese una encuesta que dijese que no se ve mal indultarlos, Piñera lo haría.
–Los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón fueron un puntapié para que chilenos y argentinos empezaran a llevar a los criminales ante la Justicia. ¿Cómo percibe el proceso que tiene que afrontar actualmente ese mismo magistrado cuando pretende investigar los propios crímenes del franquismo? –El auto de apertura del juicio contra el franquismo dictado por Garzón es un enjuiciamiento de la transición democrática española y de la institucionalidad vigente. En ese instrumento jurídico, Garzón señala de manera clara y en varias oportunidades que la institucionalidad existente en España es producto de un acto criminal. Es decir, surge de un terrorismo y de un acto de insubordinación de las fuerzas armadas. Es una institucionalidad que nace de la fuerza más violenta y descarada contra el pueblo español. Garzón se encarga de demostrarlo y señala los casos de mujeres embarazadas privadas de la libertad que eran fusiladas después de tener a sus hijos; de la unidad que crearon para ir a traer e introducir en orfelinatos a los niños, hijos de republicanos, que habían huido a Francia. La persecución que se direcciona en contra de Garzón es producto de haber evidenciado una verdad que todos ocultan o niegan en España. Además, él enjuicia la transición cuando desvirtúa la aplicación de la Ley de Amnistía, aludiendo a la doctrina de derechos humanos, aunque sea una norma que surgió cuando Francisco Franco estaba muerto. La transición española está basada en una ley de amnistía. Es tan fuerte la crítica que hace Garzón, que provocó una sobreRreacción del Estado español, que hizo que le inventaran todos estos juicios por prevaricato. La idea era enlodarlo para que lo que estaba diciendo en su auto de apertura no tuviese influencia en la gente. Pero la verdad está dicha en ese auto y el día de mañana, ése va a ser considerado como un documento histórico y vital en lo que se refiere a la historia reciente en España.
–¿No es paradójico que grandes sectores sociales españoles hayan apoyado los juicios a los represores latinoamericanos pero no estén interesados en llevar a los represores franquistas al banquillo de los acusados? –Yo todavía no dejo de repudiar la postura que tuvieron los partidos populares en España. Sigo sin entender cómo los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Español (PCE), juraron lealtad a la monarquía. La otra cosa es que hayan sido parte de los acuerdos de La Moncloa y hayan aceptado la amnistía. Son cosas que son intolerables.
–¿Cómo se construyó memoria de lo que significó la dictadura en Chile? –Siento que en mi país, la historia alternativa o no oficial ha sido muy potente. No logró instalarse una verdad sobre el poder. Nosotros hemos instalado una historia no oficial, que es un gran logro en Chile. No obstante, la transición democrática en los términos en que se hizo fue llevada a cabo con mucha cobardía política. Yo creo que si algo hay que repudiarles a las autoridades que redireccionaron la transición política chilena es que fueron abiertamente unos cobardes, que no quisieron enfrentar a las fuerzas armadas sino que, por el contrario, respetaron toda la institucionalidad dejada por Pinochet y que fueron incapaces de cambiarla por dentro, como ellos querían hacerlo. Es por eso que hasta el día de hoy tenemos la Constitución, el modelo económico, una doctrina de seguridad pública y la cultura represiva diseñados por Pinochet. En lo único que logramos romper los esquemas fue en la mantención de la impunidad que había dejado Pinochet y que, por supuesto, la clase política instalada durante la transición también estaba dispuesta a respetarle. Pero fueron las organizaciones sociales y los partidos populares los que lograron romper con eso.
–¿Sólo por cobardía entiende que se mantuvieron las estructuras? –Muchos integrantes de la clase política que gobernó hasta hace un año atrás la transición están cooptados por el modelo neoliberal, y eso lo puedo ver día a día en el Parlamento. ¿Por qué no se puede construir oposición en Chile? Porque los partidos de la Concertación nunca tuvieron un proyecto político contrario a la dictadura, su proyecto político siempre fue subalterno a las políticas públicas diseñadas por la dictadura. Entonces, la pregunta es cómo pueden ser ellos oposición a algo que ellos mismos administraron.
–¿Un ejemplo de ello sería la Ley Antiterrorista, un legado de la dictadura pinochetista que se mantuvo durante los años de gobierno de la Concertación? –Efectivamente, la Ley Antiterrorista es una ley de Pinochet, pero quien la hizo más perjudicial para las fuerzas sociales y políticas fue la Concertación. Porque agregó tipos penales como los incendios. Durante la presidencia de Ricardo Lagos, hubo una modificación que permite que el Ministerio Público por sí solo califique tus hechos como terroristas y te aplique toda la legislación antiterrorista, sin tener que mediar un juez. Ahora vamos a presentar un proyecto para que vuelvan a ser los tribunales de garantías los que señalen si una conducta es o no conducta terrorista.
–¿Qué involucra su aplicación? –Significa aumentar los plazos de detención extrajudicial, los plazos de incomunicación, que pueden aplicarse los testigos sin rostro, es decir, los que declaran en estas causas que son anónimos desde que se presentan hasta después. La legislación antiterrorista fue agravada por los gobiernos de la Concertación y que hoy la utiliza muy bien el gobierno de derecha.
–¿Qué opina de la reapertura del caso por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el consecuente reclamo a la Argentina de que extradite a Galvarino Apablaza? –Yo creo que lo que ha pasado con el caso Guzmán es una evidencia de la necesidad que tiene la derecha de construirse una agenda de derechos humanos, que se pueda oponer a la agenda de derechos humanos que tenían los gobiernos de la Concertación, que –con todas las críticas que uno les puede hacer– tuvieron la deferencia de no instar por la impunidad. Ese es el gran logro que tuvo la Concertación en sus 20 años de gobierno. La derecha igual tiene necesidad de instalar una agenda de derechos humanos y no sólo involucra el caso Guzmán sino también el caso Manuel Olate, el caso “Bombas” (que es un caso contra los anarquistas), el caso del paquistaní que detuvieron supuestamente entrando con explosivos a la embajada norteamericana, el caso de los mapuches. Con todos esos temas, le salió el tiro por la culata.
–En el juicio por la extradición de Olate a Colombia por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo involucraron a usted también. ¿Cómo responde a esa acusación? –Trajeron a un agente antisubversivo colombiano a declarar y él determinó una cadena de mandos al interior de esta estructura terrorista y por supuesto me pone dentro de ella. Me han acusado de tantas cosas que una más... (bromea). Yo creo que lo que busca Colombia es internacionalizar la lucha contra las FARC y básicamente involucrar a todos los países latinoamericanos para quitarles cualquier tipo de apoyo. Nosotros, como Partido Comunista Chileno (PCCh), seguimos reivindicando nuestro derecho a solidarizarnos con todas las organizaciones que luchan por la justicia social y reivindicamos lo que ha hecho Olate, que no fue nada ilegal. Nosotros somos partidarios de un entendimiento en Colombia, que el Estado inicie el diálogo con las FARC para encontrar una solución a un proceso larguísimo de violencia que nosotros también queremos que termine.
–¿Cómo tomó la noticia del asesinato del ex agente Enrique Arancibia Clavel, ocurrido días atrás en Buenos Aires? –Fue una noticia que impactó. Porque creo que haber condenado a Arancibia Clavel por la Justicia argentina y después haber permitido un juicio en Chile sobre el asesinato del general Carlos Prats y su señora rompió un mito: el que decía que los crímenes cometidos por la dictadura eran excesos y que no había una institución comprometida con las violaciones a los derechos humanos, es decir que las fuerzas armadas –fundamentalmente el ejército– estaban ajenas a esos crímenes. Con el asesinato del general Prats lo que se demuestra es el compromiso de la dictadura encabezada por Pinochet y del ejército, que se atrevió a nada más y nada menos matar a un comandante en jefe de esa fuerza. Yo creo que fue muy determinante que en estos juicios, tanto en Argentina como en Chile, el primer condenado haya sido Arancibia Clavel.
–¿Qué expectativas tiene con la exhumación del cuerpo de Allende? –Unos meses atrás estuve hablando con Joan Garcés (N. de R.: Jurista, fue asesor del presidente socialista) y me decía: “Si a un vecino cualquiera se lo encuentra muerto en una ciudad cualquiera de Chile, su muerte se va a investigar en un proceso penal. ¿Por qué en el caso de Salvador Allende, él no ha tenido proceso penal? Después llegué a Chile y justamente una de las motivaciones que llevé de vuelta era que el tema de Salvador Allende no podía quedar en la penumbra. Yo creo que se están llevando a cabo investigaciones que pueden ser relevantes. De hecho, el próximo 23 será la autopsia.
–¿Y qué opina de la apertura de la causa por el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva? –Fue el primer presidente de la República que ha sido asesinado en Chile. Al margen de que se logre acreditar quién ha sido su autor, lo grave es que la dictadura no tembló ante nada, que incluso le cortó la vida a un ex mandatario. Esas son las dimensiones que tuvo la dictadura en mi país, que llegó a matar a un ex presidente, también salió fuera de las fronteras a matar gente. Fue una dictadura con gran vocación internacionalista.



Dialogos|Lunes, 13 de junio de 2011
¿Por qué Hugo Gutiérrez?

El Plan Cóndor, desde Chile

Por L. B.
Hugo Gutiérrez remarca, cada vez que puede, su filiación política. Es uno de los tres diputados con los que el Partido Comunista de Chile (PCCh) logró en 2010 regresar al Congreso tras casi 37 años de ausencia. Allí preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por su larga trayectoria como abogado y militante. “Hoy sigo defendiendo los derechos humanos de todos aquellos a quienes las autoridades públicas o agentes del Estado se los atropellan”, se define en su página web.
En plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se creó la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que funcionaba como una coordinadora para acompañar a la sociedad civil que lograba vencer el terror para movilizarse contra el régimen que había derrocado al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973). Gutiérrez militó en la Codepu hasta 2002 y fue un referente de ese organismo, especialmente en lo que se refiere a la lucha por la verdad y la justicia.
Como querellante impulsó a fines de los años ’90 la causa por la “Caravana de la muerte”. Con ese nombre se recuerda a la comitiva militar que partió pocos días después del sangriento golpe del ‘73, recorriendo norte y sur del país, para sembrar la muerte. En ese viaje de exterminio, la Caravana de la muerte se cobró 96 víctimas. Esa causa constituyó el primer procesamiento de Pinochet. Gutiérrez también intervino en la denuncia de la Operación Colombo, como se conoce a la acción con la que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena pretendió en 1975 hacer pasar como una caída en combate el asesinato de 119 opositores, la mayoría de ellos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por esa causa, se pidió el desafuero de Pinochet. Esa fue otra de las medallas que Gutiérrez se colgó en 2005, cuando la Corte Suprema trasandina le retiró la inmunidad al dictador. Además, al actual diputado y docente universitario fue parte en la causa por la Operación Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras de la región. Intervino en los procesos en España que el juez Baltasar Garzón llevó adelante contra Pinochet.
Días atrás, estuvo en Buenos Aires para organizar junto con su par argentino Remo Carlotto un encuentro de parlamentarios y referentes de derechos humanos para tratar las consecuencias del Plan Cóndor. Un primer encuentro de este tenor ya se realizó en marzo en Buenos Aires; el segundo será en junio en Uruguay y el tercero, en Santiago para el 11 de septiembre. “Estamos tratando de crear una alianza política y social que permita adelantarse a lo que estas mismas oligarquías puedan construir en el futuro cuando vean que peligra su interés. Yo creo que, hoy en día, tenemos la sabiduría, los conocimientos y las capacidades para asegurar el Nunca Más”, explicó el abogado chileno a Página/12.